La iniciativa de ley 5272  que  busca hacer más fuertes las penas de cárcel a mujeres por abortar, reconoce solo el modelo de familia tradicional heterosexual, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, y más, vuelve a ser tema de discusión en la sociedad guatemalteca, debido a que la semana pasada la bancada VIVA dio a conocer que, solicitarían en las próximas semanas que se incluya en la agenda del congreso su aprobación, en tercer debate. Esto se deriva en el marco de 3 situaciones: la primera, la reciente detención de un pastor evangélico denunciado por el diputado Aldo Dávila en 2014 por difundir el diagnóstico de VIH de Dávila cuando él no era diputado ni el detenido pastor; la segunda, la difusión de un comunicado falso supuestamente firmado por Aldo Dávila con la declaración de tomar acciones legales contra la Alianza Evangélica de Guatemala; y la tercera, la cercanía al 28 de septiembre, el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. En Guatemala, distintas organizaciones y colectivas feministas han estado hablando del tema.  

“Hay una evidencia real de que hay un movimiento específico que lo que pretende, es precisamente la persecución y el ataque a la iglesia, eso es lo que podemos ver. (…) Esta ley dentro de su articulado garantiza precisamente que no se persiga a los pastores, a las personas por pensar diferente a los demás”, fueron algunas de las palabras de Aníbal Rojas, uno de los diputados de la bancada VIVA al dar a conocer que solicitarían en las próximas semanas que se incluya en el congreso la aprobación de la iniciativa de Ley 5272 en su tercer debate. 

Esto sucede en el marco del arresto de un pastor evangélico denunciado por el diputado de la bancada Winaq, Aldo Dávila, quien denunció a tal pastor en 2014. “Vemos entonces como la justicia es muy lenta en Guatemala y una captura que se giró en el año 2018 es llevada a cabo hace un par de días, captura que se debió a que el señor incumplió seis veces las reuniones conciliatorias, en él en ese momento no era pastor y yo no era diputado, más bien fue una denuncia porque hizo público mi diagnóstico de VIH en redes sociales y según lo decreta la Ley 272000, no debe de darse bajo ningún término. A eso obedece la denuncia, (…) pero que quede claro y sentado que no hay persecución hacia pastores ni hacia ninguna iglesia. Soy católico, como repito, creo en la iglesia como institución. Es importante mencionar que no se dejen politizar por ese tipo de temas”, dijo Dávila en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter explicando la situación.

A pesar de las aclaraciones del diputado Dávila, sigue existiendo una confusión por parte de grupos religiosos evangélicos que aseguran que existe una persecución contra ellos, esto también por la difusión de un comunicado falso que dice que “se presentaran acciones legales en el Ministerio Público en contra de la Alianza Evangélica de Guatemala por la dignidad de la Comunidad LGBT (…)”, difundido en redes sociales y publicado en una cuenta parodia de Aldo Dávila en Twitter, que no es manejada por él.

Sin embargo, se puede ver con claridad que los grupos conservadores y fundamentalistas religiosos del país, que además tienen poder, como lo es la bancada VIVA, toman como oportunidad la situación para intentar de nuevo llevar a tercer debate esta iniciativa de ley. El 1 de mayo de 2019, también se pretendió llevar en el congreso la tercera lectura de esta iniciativa de ley, pero por falta de quórum, se levantó la sesión en el Congreso.

La iniciativa 5272, fue presentada el 16 de abril de 2017 por el diputado Christian Boussinot de la bancada Todos, quien hoy se encuentra bajo prisión después de ser ligado a proceso en septiembre de 2017 por delitos de extorsión abuso de autoridad, peculado por sustracción y peculado por uso, dentro del caso “Plazas Fantasma”; y por el diputado Aníbal Rojas, de la bancada VIVA. La presentación de la iniciativa fue respaldada por la Coordinadora Evangélica Nacional y la firma del Pastor Marco Antonio Rodríguez Pérez, adjuntando la firma de 28,826 firmas de ciudadanos guatemaltecos.

¿Qué familias y vidas pretende proteger esta ley? 

La iniciativa de ley 5272 reconoce en su segundo artículo, únicamente al modelo familiar conformado por (madre, padre e hijos), ignorando las otras familias que existen en el país, como lo son las familias conformadas por hijos y madres solteras, hijos y abuelos, hijos y padres solteros, sobrinos viviendo con tíos, y demás. Y cuando se habla de proteger vidas, esta iniciativa pretende proteger a las vidas que aún no lo son, es decir los embarazos de cualquier mujer, aunque ella, no quiera tener un hijo. Asimismo, desprotege y criminaliza en su capítulo II a las niñas y mujeres que tengan un aborto, espontáneo o provocado, arrebatándoles también la oportunidad de tener acceso a educación sexual integral y conocer a plenitud sobre su cuerpo y derechos reproductivos, pues esto, de ser aprobada la ley, estaría prohibido según el artículo 15 de la misma. Además, esta iniciativa de ley ignora en su artículo 1 y 2 a la comunidad LGBTIQ+ y la criminaliza, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en su artículo 16.

Sandra Morán, ex diputada del Congreso de la República en el gobierno del 2016 – 2019, por parte del partido Convergencia, feminista y activista, quien estando en el Congreso se opuso a esta iniciativa de ley, comenta a Ruda que la ley tiene cuatro elementos, el primero es la decisión de la alianza evangélica de fortalecer el castigo a las mujeres en sus decisiones, el segundo es dejar libre la puerta para una mayor violencia hacia la comunidad diversa, el tercero prohibir cualquier ejercicio de derechos, es garantizar que el Estado de Guatemala no habrá el reconocimiento de derechos tanto para las mujeres como para la comunidad diversa y el cuarto, definir qué es una familia. “El objetivo es impedir y cerrar el avance de derechos entendiendo que los derechos son progresivos, la iglesia evangélica quiere obstaculizarlos y prohibirlos”. 

Sandra explica que esta iniciativa de ley está dirigida hacia las mujeres en muchas direcciones, una de ellas el castigo a la decisión de abortar,“hay un artículo con el que yo sí estoy de acuerdo que es el castigo a las personas que a través de violencia promuevan el aborto, porque es un incremento a la violencia contra las mujeres y que producto de eso se da el aborto, es el único artículo que creo que está bien. Pero hay toda una serie de castigos que están dirigidos a las mujeres, a los médicos que lo promueven y que lo hacen, a quienes promueven el aborto según su percepción, lo que quiere decir también que habría un castigo hacia las organizaciones que trabajan los derechos sexuales y reproductivos, y a las personas que lo promueven a través de violencia”.

Con relación a la comunidad LGBTIQ+, está la prohibición al matrimonio y la normalización de “conductas ajenas a la heterosexualidad”, Sandra Morán explica que, de aprobarse esta ley, dejaría bajo la “libertad de expresión”, la homofobia, lesbofobia y transfobia, “sería muy difícil definir que sí y qué no”, dice. Además, también agrega que, por ejemplo, para los promotores de esta ley, las personas trans son una aberración.

De acuerdo a “la familia”, está ley también regularía qué es una familia y qué no lo es, aun habiendo diversidades de familias en Guatemala, explica Sandra, pues no se aceptarían familias fuera de lo heterosexual, lo que quiere decir que la ley, excluye a familias que no cumplan con las figuras de madre y padre.

¿Por qué esta sería una ley inconstitucional? 

Stephanie Rodríguez, abogada de derechos humanos, explica que esta iniciativa de ley es totalmente inconstitucional porque es contraria a la Constitución de la República de Guatemala y contra todos los tratados y convenios de derechos humanos que Guatemala ha firmado. “Esta iniciativa es aberrante, lo que propone iría en contra de los derechos humanos de diversas personas. Es toda una iniciativa anti derechos impulsada por un grupo de diputadas y diputados religiosos y conservadores, doble moralistas, pues se basan en lo que les piden en sus iglesias o bien, se sienten respaldadas por ellas”, explica, pues lo que pretende la iniciativa de ley es recortar derechos humanos.

Sandra Morán también comenta que esta ley sería inconstitucional por diversas razones, una de ellas, en la política internacional: la prohibición al Estado a participar en eventos en donde se discutan derechos sexuales y reproductivos, “ya no se podría participar en el seguimiento a la agenda de Beijing, a la agenda de población, todas estas participaciones no se podrían hacer. Yo como diputada fui parte del Grupo Parlamentario por los Derechos Sexuales y Reproductivos, entonces cualquier diputado no podría participar en eso porque es un espacio parlamentario mundial”, explica. Además, también agrega que habría violaciones con la Organización de las Naciones Unidas, y esto también sería inconstitucional.

Stephanie comenta que esta ley nos llevaría tres siglos atrás, y que por el contrario sería necesario e imprescindible que el Congreso de la República apruebe una ley de educación sexual integral, “ha existido diversas iniciativas que han tratado de incluirla, pero lastimosamente vivimos en una sociedad tan machista, conservadora y me atrevo a decir doble moralista, en donde grupos religiosos extremistas se han manifestado contra ellas”, explica. Sin embargo, afirma que, en cualquier país civilizado y democrático, es fundamental que tenga una educación sexual integral para la población en general pero también enfocada a la niñez y la adolescencia, “es necesario que puedan tener acceso a información científica, laica y profesional sobre educación sexual integral”.

Otro de los puntos que considera Stephanie que se deberían tomar en cuenta en el Congreso de la República, son las reformas al código penal en cuanto al tema de crímenes por prejuicio y discriminación para que las personas de la comunidad LGBTIQ+ que sean víctimas de algún tipo de delito, puedan estar realmente protegidas. “También es importante que se apruebe la política pública LGBTIQ en Guatemala, que ha sido estropeada por quienes ya sabemos», explica, agregando también que para aprobar y llevar a discusión leyes que sí promuevan los derechos de las mujeres y comunidad diversa, hay un montón, pero que lamentablemente el Estado no lo quiere hacer.

Stephanie considera que incluso puede ser, que esta iniciativa de ley haya sido propuesta “maquiavélicamente, sabiendo que la sociedad tiene rechazo sobre estos temas, y no porque sean malos, sino por el desconocimiento y el conservadurismo”, pues ve cómo esta iniciativa fue abordada desde el fundamentalismo religioso y no desde el abordaje de derechos humanos.

¿Por qué en el marco del 28 de septiembre? 

“Ellos necesitan sacar a la población de lo de las cortes y requieren otro tipo de acciones, y por otro lado porque sale a la luz esto de la denuncia de Aldo en contra de una persona que hoy es pastor. Pero si fuera un pastor coherente explicaría. Están defendiendo esa agresión y si esa ley se activa esto no sería discriminación para ellos por ese artículo que deja abierta la libertad de expresión”, comenta Sandra con relación a las situaciones dadas en el país en los últimos meses, sin embargo, agrega que la disputa siempre ha sido clara con relación al aborto.

Sandra explica que incluso, hubo una disputa clara cuando ella hace dos o tres años salió a una manifestación del 28 de septiembre, también cuando plantea la Ley de Protección a las Niñas, y que todo eso abrió una disputa también a nivel público. “Hay que recordar que nosotras disputamos sentido, poder y control. Esta ley es una expresión de miedo a lo que pueda suceder y para parar lo que puede suceder. Las argentinas estuvieron a punto de pasarlas, y eso ellos no lo pueden permitir. Como la marea verde ya llegó a Guatemala, y simbólicamente aquí ya están los pañuelos verdes, entonces podría suceder y ellos tapan la posibilidad de que algo así pase con esta ley. Lo hacen justamente en este mes en el que se reivindica este derecho, por supuesto”, dice. Explica que ambas posiciones tienen la posibilidad de estar en lo público y en lo político, y eso es lo que les da miedo, porque antes no se tenía esa posibilidad, pues ni los diputados y alianzas que promueven esta ley pueden prohibir las acciones de la marea verde ni, por el contrario. “El tema es quién gana y qué opinión es más fuerte, nuestro enfoque tiene que ser que nuestra opinión sea más fuerte que la de ellos. Para mí nuestro enfoque tiene que ser en sumar más voces y más fuerza porque nosotras estamos en la justicia y ellos están equivocados (aunque ellos dicen lo mismo de nosotras)”, explica Sandra.

Con relación a la discusión del aborto en Guatemala, Sandra comparte que ella tiene una hipótesis que hay personas que lucran de esta ilegalidad, porque mientras el aborto no sea legal, es privado. “Hay médicos que cobran dinero y están ganando dinero con eso y yo tengo la hipótesis que, en mucho de eso, ellos tienen relación. Es una hipótesis, pero creo que hay que ponerla y empezar a cuestionar: ¿quién gana con que el aborto sea ilegal? Más allá de derechos y más allá de fundamentalismos hay una razón económica y hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Quiénes son los profesionales que lo están haciendo porque hay una necesidad de hacerlo, pero quiénes están ganando? Hay gente que se enriquece haciendo cualquier cosa y ahí es donde está el riesgo para las mujeres, que lo pueden hacer tomando cualquier riesgo y los procedimientos no son los mejores, además que gastan mucho dinero”, comparte Sandra.

A grandes rasgos, “esta iniciativa de ley es una expresión de miedo a lo diferente, una expresión de control hacia la diversidad y hacia el cuerpo de las mujeres”, dice Sandra.

El rechazo al aborto, a la educación sexual y a la comunidad LGBTIQ+: un legado colonial 

Susan Gómez, socióloga feminista, explica que las razones por las cuáles en países como Guatemala las leyes se siguen fundamentando bajo la religión cristiana y el conservadurismo, tienen que ver con todo un legado colonial que se viene arrastrando, porque lamentablemente no se ha podido marcar la distinción entre el Estado, que es laico. “En Guatemala parece que esa línea delgada entre lo laico y lo cristiano se tiende a diluir, yo pienso que es legado colonial pero también las instituciones no están para nada preparadas en cuando a modernizarse, pues tenemos una herencia de premodernidad y modernidad en los que hay varios dispositivos de poder que se unen básicamente con el objetivo de tener controlada a la sociedad”, dice la socióloga. Además, hace alusión a la filosofía sobre los dispositivos de poder de Michel Foucault, filósofo francés, pues justamente buscan controlar no solo la mente de los individuos, sino también los cuerpos de las personas, “yo creo que también van vinculadas a eso, las decisiones estatales, y sobre todo cómo es que se le da prioridad en países como el nuestro a la religión. Yo soy católica, pero para nada estoy de acuerdo”, comparte Susan.

La socióloga explica que es esencial hacer la separación entre la religión y la legislación, y que no logra entender por qué los diputados no lo hacen. “No entiendo por qué los diputados bajo su doble moral, porque me voy a atrever a señalarlo de esa manera, quieren fundamentarse en la religión, pareciera que lo hacen para tener más peso en la población”, explica, pues se sabe que para la mayoría de personas, la religión sí tiene bastante peso, aunque esto sea también basado en una doble moral.

Susan también plantea los apuntes de Wendy Harcourt y Arturo Escobar sobre “Las mujeres y las políticas del lugar”, donde explican que a las mujeres se les atenta siempre en su primer territorio: el cuerpo. Y que esas políticas del lugar no solamente son invasivas al cuerpo de las mujeres, sino también dentro de los hogares dentro de los ambientes y dentro del espacio público. Bajo estos conceptos Susan explica que es por eso que el Estado como órgano jurídico y de poder, cree poder tener derecho de decidir sobre nosotras.

A pesar que la religión católica viene a nuestros países desde la colonización de España, en ese lado del planeta sí se ha legislado por los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+: es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo desde hace más de una década, al igual que el aborto legal y seguro desde 2010, pero en Guatemala y en otros países Latinoamericanos no se logra comprender nada de esto como derechos humanos. Susan afirma que todo eso se da, por el mismo legado colonial, y aunque hay países que tuvieron ese mismo legado colonial, pero lo han logrado superar, en Guatemala no ha sido posible por cómo está estructurado el Estado. “Por eso muchos grupos y movimientos sociales han querido hacer propuestas para la modernización del Estado, incluso nos han hablado de un Estado plural, a pesar que este ya cuenta con un carácter laico. Sin embargo, la sociedad misma es conservadora y no está acostumbrada a informarse más de lo que ven en los medios de comunicación, la gente no se atreve a cuestionar la información, y esto no nos permite pensar también en lo que las autoridades dicen. Aunque hay gente crítica, la mayoría de la población nada más recibe órdenes, pues está acostumbrada al autoritarismo”, explica.

Susan también menciona que, incluso, el Latinobarómetro indica que por ejemplo en países como Costa Rica, la sociedad no optaría por un gobierno autoritario, tampoco de ningún militar, pero que en Guatemala eso aún se ve muy enraizado. Comenta que cuando un gobierno nos ofrece seguridad, pensamos que se trata de que no nos roben en la calle, teniendo como concepción esa seguridad ciudadana. Un claro ejemplo es la simpatía que la población tuvo con el actual presidente, Alejandro Giammattei, que ofrecía “Gobernabilidad y seguridad en desarrollo”, en su plan de gobierno, lo cual ha sido visible en sus primeros ocho meses de gestión con Estados de Calamidad, militarización, y aumento de presencia policial en distintos territorios del país, y no precisamente por la pandemia covid-19. Susan apunta que el país tiene mucha fuerza invasiva y represiva, y eso no permite modernizar nuestras instituciones, siendo también parte del legado colonial. En países como Costa Rica, que no cuenta con ejército, los movimientos sociales están más organizados, precisamente por esa ausencia de represión.

Otro problema social que apunta Susan, analizando esta iniciativa de ley, es la ignorancia que se tiene sobre el concepto de “aborto legal y seguro”, pues se tiene la percepción que se obligaría a que cualquier mujer gestante aborte, al igual que sobre el concepto de “educación sexual integral”, que se tiene la percepción que, si los niños y niñas reciben educación sexual, van a ser promiscuos, entre otras cosas, aunque esto no sea así. Explica también que la negación de las personas hacia estos temas viene de la ignorancia y la poca información que se tiene sobre ellos, “yo pienso que, si a la gente de verdad se le explicara de manera detallada lo que implican estas cosas, se entendería, pero también los medios de comunicación tergiversan los temas y a las personas ya les llega la desinformación”.

Susan considera que, con relación a la prohibición y el rechazo a que las personas de la diversidad sexual puedan tener relaciones libres,“debería ser ya un tema superado”, porque todas las personas tienen derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Explica que la ignorancia también entra en este prejuicio, porque también se habla de que, si una pareja gay tiene una hija, esa hija va a ser lesbiana, cuando se sabe que no según lo empírico, “vemos a padres heterosexuales con hijos así y viceversa”, agrega.

Finalmente, Susan explica que los fundamentos de algunos grupos desde la religión y la desinformación son preocupantes porque producto de todo eso, se sigue criminalizando al sector de mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. Además, apunta que todo esto solo se puede combatir para avanzar, a través de información por parte de profesionales de distintas áreas que puedan abordar estos temas de manera integral, porque esto se ha dejado solo bajo lo moral y religioso, “no hay un enfoque sociológico, psicológico, antropológico, entonces eso no permite abordarlo de forma integral. Pienso que profesionales de distintas áreas podrían unirse y a través de medios de comunicación y centros educativos tanto privados como públicos dar información correcta”, sin embargo, si esta ley fuese aprobada, ese tipo de información estaría prohibida.