Para muchas niñas y adolescentes el camino a la justicia es un proceso muy largo, lleno de burocracia, personal insensible y apatía. Pese a esa situación, para adolescentes como Rocío también es un mecanismo necesario que contribuye a su bienestar.

 

Por Yeimy Juárez

 

Rocío tiene 15 años de edad, es maya Q’eqchi’, habla su idioma materno y también español. Viste su indumentaria, con corte negro a rayas blancas y un güipil beige mientras se prepara para salir. Se recogió el cabello y también metió sus cosas en un bolsón con la figura de Minnie Mouse. Junto a su tía, van al Centro de Salud de Cobán, en Alta Verapaz, a 15 minutos de donde viven. 

 

Al llegar al lugar, Rocío guarda en su pequeña mochila roja los medicamentos, las vitaminas, ropa y pañales para su bebé, que gestionó la técnica en salud sexual y reproductiva de la Instancia por la Salud y Desarrollo de las Mujeres de Alta Verapaz, como parte del acompañamiento y apoyo que brindan junto al Observatorio en Salud Reproductiva (Osar), para niñas menores de edad embarazadas en ese departamento. 

 

En Alta Verapaz, 139 niñas entre 10 a 14 años de edad, se encuentran este año en la misma situación que vive Rocío, que se ven forzadas a llevar un embarazo como consecuencia de una violencia sexual y también a encargarse de las y los bebés sin la presencia y obligaciones paternas. 

 

Impacto en las niñas y en la sociedad

 

Las implicaciones físicas, emocionales o psicológicas para las niñas son enormes e incuantificables. Además, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó un estudio en el 2020 donde visibilizó el impacto económico total del embarazo en la adolescencia y de la maternidad temprana en Guatemala sobre la actividad productiva del país, donde se cuantificó en 1 mil 627.5 millones de quetzales, el equivalente al 0.28% del Producto Interno Bruto.

 

Rocío acude a la psicóloga de la clínica de apoyo en ese centro de salud y le menciona que su parto será pronto, está programado para los primeros días de agosto en el hospital. La profesional le aconseja que debe estar tranquila y que todo saldrá bien durante su parto, que estará acompañada. 

 

La adolescente se encuentra bien de salud y no se ha sentido mal durante los nueve meses de gestación. Aunque todos sus exámenes están perfectos, indica que sí tiene necesidades que atender porque es madre soltera. “Mi mamá me ayuda pero ella es madre soltera también, igual mis tías me apoyan”, comenta Rocío.

 

Programas que excluyen

 

A finales del 2017 se creó Vida, un programa social a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que consiste en transferencias monetarias condicionadas que se entregan de forma periódica a las personas que están a cargo de las niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años, víctimas de violencia sexual y cuyos casos hayan sido judicializados del área urbana y rural.

 

La transferencia de 1 mil quinientos quetzales, está sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades en salud para la madre, su hija o hijo, según corresponda.

 

De acuerdo a datos de OSAR un total de 1 millón 500 mil quetzales  han sido destinados anualmente para el programa Vida desde el año 2018, con esa cantidad se cubren 125 niñas al año, es decir el 6% de los casos reportados, pero no han sido suficientes para cubrir a niñas embarazadas que viven en situación de pobreza. 

 

El programa no prioriza a los departamentos con mayor incidencia de embarazos en las menores, como Alta Verapaz, en donde para el 2019, de los 498 casos de niñas con embarazos forzados reportados en menores de 14 años, solo 22 fueron  inscritas al programa. Según gráficas que pueden ser consultadas en su página oficial, en ese mismo año solo un 39.1% del presupuesto fue ejecutado, unos 586 mil 500 quetzales.

 

Por otro lado, el programa excluye a niñas de entre 10 a 12 años, pues los criterios de inclusión al programa conllevan procesos burocráticos y de interpretación que retrasan el apoyo a las niñas. Rocío no pudo ser inscrita en este programa, pues ya cumplió 15 años.

 

“Sentí alivio cuando declaré”

 

Respecto a si se inició un proceso judicial por su caso, ella indica: “sí denuncié, está en proceso ahora, aquí mismo en el hospital levanté la denuncia ante el Ministerio Público y también estuve en el INACIF. Me trataron bien y sentí alivio cuando declaré”.

 

María Chocooj, técnica en salud sexual y reproductiva, señala que aunque hay denuncias también existe mucha demora judicial en estos procesos. “Hay víctimas de violencia sexual a las que no les ha llegado la justicia, en donde el recién nacido ya han crecido, ya tienen 5 años de edad y la justicia no avanza. Los procesos son demasiado tardados”, recalca.

 

Rocío también cuenta que antes ella estudiaba y logró completar el sexto grado de primaria. “Podría seguir estudiando pero cuesta, más ahora con el bebé. Me gustaría ser enfermera”, expresa.

 

El estudio de UNFPA mencionado, también indica que de las mujeres que fueron madres en la adolescencia, solamente 2% lograron un título universitario frente a 9% de quienes fueron madres entre los 20 y los 29 años. Las mujeres que fueron madres antes de los 20 años, tienden más a permanecer en el hogar, realizando actividades no remuneradas y cuando pueden participar en el mercado laboral, existe una brecha salarial de 30% respecto a las mujeres que han sido madres en la edad adulta.

 

Rocío puntualiza con un llamado a que otras adolescentes que estén pasando por una situación similar denuncien. “A veces nos podemos sentir amenazadas y por el miedo no denunciamos, pero es mejor denunciar para sentirnos bien”, concluye.