De esta manera se capturó, nuevamente, el Organismo Judicial
Foto: Prensa Comunitaria
¿Se esperaba algo diferente? La respuesta es: no. El proceso de elección de cortes arrancó en abril con la convocatoria que hizo el Congreso para integrar las postuladoras y, desde entonces, ya se auguraba que otra vez el Organismo Judicial sería cooptado por personas con cuestionamientos de corrupción… y así fue.
Por Prensa Comunitaria
Para los trabajadores del Organismo Judicial nada ha cambiado. Ellos inician su jornada de trabajo a las 8:00 horas. Es allí cuando empiezan a buscar, arreglar y trasladar cientos de hojas de los expedientes que conocen las judicaturas en las que laboran.
La rutina es la misma y probablemente lo seguirá siendo por los próximos años, pese a que el Congreso de la República en apariencia cambió a sus jefes al hacer la designación de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
Por supuesto, es solo una apariencia, porque el 13 de octubre figuraron en el Palacio de Justicia viejos conocidos del sistema de justicia y casi la mitad de los designados tiene entre sus antecedentes el haber participado en actividades ilícitas.
Ese día, los magistrados estaban vestidos de negro, un color que evoca los sentimientos de frustración, fracaso y pesimismo que diversas organizaciones, abogados y observadores del proceso tienen por esta elección.
Eso contrasta con el entusiasmo que provocó, inicialmente, la integración de las postuladoras. Un grupo de abogados “independientes” les arrebató tres casillas a los grupos de poder en el gremio de los abogados.
Paulatinamente esa emoción se fue apagando, porque el resto de espacios fueron copados por personas afines a Néster Vásquez, Estuardo Gálvez, Sergio López Villatoro y Gustavo Alejos, quienes impusieron su agenda en esas instancias.
Así el trabajo de las postuladoras fue bloqueado durante semanas por una disputa sobre la sede en la que debían hacer sus actividades. Mientras que la depuración de candidatos, el acto más importante de las comisiones, fracasó.
Por ejemplo, para las Salas de Apelaciones se admitieron más de mil expedientes. No se entrevistó a los candidatos y las postuladoras se centraron, principalmente, en cumplir con el plazo para entregar las nóminas.
Esa rapidez dejó malos conteos de votos, extensas sesiones para completar las listas y una serie de personas con señalamientos en las “comisiones paralelas”, que hoy ya están trabajando por la “justicia” del país.
Algunos sectores, cautos, aseguran que esta es una “corte mixta”, con “nuevos malos”. Los demás, prefieren no tener esperanza, aseguran que el sistema está capturado y que se “cambiaron” las cortes, para que no cambie nada.
No obstante, coinciden en que nuevamente operó el mecanismo para capturar el Organismo Judicial. ¿Cómo se llegó a esta situación? Este es un breve resumen de las etapas y eventos más relevantes de, lo que muchos consideran, la captura de las cortes.
https://prensacomunitaria.org/2024/10/carmen-aida-ibarra-gano-la-agenda-de-la-impunidad/
Comisionados
Las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se han caracterizado por estar llenas de algarabía. Las de este año, para designar comisionados, estuvieron aderezadas de alcohol, gorras, ponencias, leyes y, por supuesto, fiestas.
Hubo derroche de dinero, pero también activismo frenético para conseguir el apoyo en favor de ciertas planillas: Alicia Franco incentivó el voto para la plataforma de Estuardo Gálvez. En tanto que Selvin Flores hizo lo propio para el grupo de Néstor Vásquez.
De parte del gobierno, sus funcionarios hicieron campaña en las redes sociales para la Planilla 8. Los resultados fueron similares a los de hace cuatro años, porque estos abogados apenas arañaron algunos escaños.
Aun así se consideró una victoria, pero la de los caciques como Gálvez y Vásquez fue mayor, porque ni las sanciones internacionales ni los señalamientos en Guatemala lograron afectar su poder. Tampoco lo hizo con el “Rey del Tenis”.
Esto lo consiguieron, a criterio de observadores del proceso, porque tienen extensas redes de influencias, lealtad de sus bases, poder económico, la capacidad de negociar en el ámbito político y la experiencia de intervenir en lo estatal, siendo ajenos al Estado.
Postuladoras
En un hecho inédito, las dos postuladoras judiciales entraron en una disputa por cuál debía ser la sede de trabajo. Un grupo presionaba para que se hiciera en el Palacio de Justicia. El otro en el campus central de la Universidad Rafael Landívar.
Eso retrasó el trabajo por casi un mes, para finalmente quedarse en esa Universidad. Este fue el primer pulso y, a la vez, el más ilustrativo sobre las fuerzas en esas instancias, ampliamente dominadas por los comisionados de Néster Vásquez y Estuardo Gálvez.
Una vez dirimida la controversia de la sede, que fue resuelta en parte por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, las postuladoras apresuraron el trabajo e intentaron ocultar los expedientes de los aspirantes y bloquear la labor de los medios de comunicación críticos.
Si bien acá no consiguieron respaldo, los comisionados acordaron que las únicas tachas que se iban a recibir eran las sentencias firmes impuestas a los candidatos. Fue así como se aseguraron que ninguno fuera excluido por cuestionamientos de la sociedad civil.
En síntesis. Las postuladoras fueron ineficaces. Algunos consideraron una victoria la exclusión de Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales, pero las nóminas finales tenían decenas de profesionales señalados de corrupción judicial.
Sin revisión de los antecedentes, sin entrevistas, sin exámenes para evaluar las capacidades de los aspirantes, se colaron a las nóminas una amalgama de abogados y abogadas con cuestionamientos que ahora integran las cortes.
Negociaciones
La elección de cortes tuvo dos segmentos de negociación. La primera, en las postuladoras, en donde a falta de tiempo para votar por todos los candidatos, los comisionados optaron por votar por un listado consensuado.
Esta práctica quedó en evidencia, en 2019-2020, y fue tachada de ilícita, aunque con otros matices: en la selección de magistrados de hace cuatro años, las reuniones se hicieron fuera de las postuladoras. Las de este año se hicieron en la Universidad Rafael Landívar.
Luis Velásquez, quien fue comisionado de la Planilla 8 para Salas de Apelaciones, dijo que su grupo decidió apoyar a perfiles con cuestionamientos para alcanzar acuerdos y promover a personas “honorables con experiencia y buenos punteos”.
En la postuladora de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de la Planilla 8 propusieron algunos candidatos, pero no contaron con el apoyo de todos los decanos, por lo que tuvieron que negociar con los otros grupos de esa instancia.
La segunda fase de negociación tuvo lugar en el Congreso. Acá hubo dos grupos. Uno era el que lideraba el diputado de Cabal, Luis Aguirre. A este conjunto se había unido el partido oficial y la facción de diputados uneístas de Inés Castillo y Sandra Torres.
El otro, lo conformaron Carlos Enrique López Girón (Valor), Carlos Enrique López Maldonado (Cabal), Adim Maldonado (UNE), Allan Rodríguez (Vamos) y Felipe Alejos (Todos). Este grupo fue el que alcanzó los votos para elegir magistrados.
Fuentes legislativas mencionaron que el día de la elección de la Corte Suprema de Justicia Semilla respaldó ciertas votaciones y fue parte del “consenso” legislativo, pero el acuerdo político se dio y se logró en “la mesa” del segundo grupo.
De hecho, los tres candidatos del partido de gobierno no consiguieron un puesto en la máxima corte del Organismo Judicial. No obstante, el legislador Samuel Pérez se mostró satisfecho por la designación, un sentimiento que secundó Allan Rodríguez.
A lo interno del Congreso también se mencionó de negociaciones a “otro nivel”, que incluyó una reunión con el operador Gustavo Herrera y miembros de la diplomacia. Asimismo, en el Legislativo también hubo rumores de corrimiento de dinero.
Por aparte, funcionarios del Ejecutivo expresaron que hubo sobornos para elegir a ciertos candidatos. Sin embargo, una de las personas entrevistadas por Prensa Comunitaria confirmó que el presidente Bernardo Arévalo nunca fue parte de las negociaciones.
Es más, el mandatario estaba en México al momento de la elección de la Corte Suprema de Justicia, lo cual generó críticas en el ámbito político. “Si el capitán se va y te deja a la deriva, pues el mensaje que te está dando es: ‘no quiero enfrentar la batalla’”, subrayó un funcionario.
Observación
Después de lo ocurrido en los dos procesos anteriores, marcados por las “comisiones paralelas”, esta designación de magistrados tuvo una amplia observación nacional e internacional.
Guatemala Visible y el Movimiento Pro Justicia monitorearon el evento de designación de cortes. Mientras que diversos medios de comunicación, incluido Prensa Comunitaria, efectuaron una cobertura extensa y profunda de las actividades.
Las autoridades indígenas montaron una misión de observación, en la que participaron los pueblos Ixil y Ch’orti’, la Alcaldía Indígena de Santiago Sacatepéquez y las comunidades de Baja Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango.
Las autoridades indígenas, al igual que representantes de la sociedad civil, atestiguaron la integración de nóminas y manifestaron su inconformidad cuando se votó por un aspirante con señalamientos.
Desde fuera de Guatemala, se creó el Panel de Personas Expertas Independientes, una iniciativa en la que participaron la excanciller chilena Antonia Urrejola, la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo y el exjuez salvadoreño Sidney Blanco.
Además, una misión de la Organización de Estados Americanos llegó al país, a solicitud del presidente Bernardo Arévalo, para verificar la selección de magistrados. En su informe preliminar, la delegación dijo que el proceso no llenaba los estándares internacionales de transparencia e independencia.
Fue la elección de cortes más vigilada hasta ahora, tras las cuestionables formas en las que se nombraron magistrados, en 2014, con supuestos sobornos para comisionados y la escandalosa manera en la que se definió la designación en 2019-2020 desde un sanatorio.
Resultados
Un total de 114 magistrados de los 260 electos por el Legislativo están mencionados en el caso Comisiones Paralelas 2020, en cuyo expediente la FECI presumía que podían responder a intereses ajenos a una administración independiente de la justicia.
Incluso, solo en la Corte Suprema de Justicia doce de los actuales magistrados aparecen en esa carpeta judicial. Ni las postuladoras ni el Congreso quisieron dejar fuera a dichos abogados y abogadas.
Para la directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, los ganadores de la elección fueron los grupos de poder político y económico que impulsan una agenda en favor de la impunidad.
Un informe de Impunity Watch indicó que los vicios de la designación, de 2014 y 2019-2020, persisten. Añadió que en este proceso continuó la injerencia de operadores políticos como Néster Vásquez, Sergio Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez.
El documento también expuso que la fiscal general Consuelo Porras intentó desvirtuar el proceso con amenazas de criminalización hacia los comisionados y la solicitud de información de una de las actuales magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
Las intenciones de la jefa del Ministerio Público no se concretaron. Aunque se le considere una de las derrotadas, aún sigue siendo “amiga” de varios de los parlamentarios, por lo que diversos políticos surgieron que continúa teniendo poder.
Entre los perdedores del evento está el otrora poderoso exmagistrado Wilber Castellanos, quien no consiguió la reelección, pese a tener en las postuladoras a varios de sus antiguos aliados.
Varios observadores también colocan como derrotados a Semilla, que se quedó sin capacidad para ingresar a las cortes a sus candidatos. Además, resultaron vencidos Sandra Torres y Luis Aguirre, cuyas negociaciones con el partido oficial fueron infructuosas.
Sin embargo, hubo algarabía después de la designación. Celebró Semilla, pero también los partidos que controlaron el Legislativo en tiempos de Alejandro Giammattei. Por eso, hay pesimismo en el ambiente, pero la apuesta gubernamental es que este “cambio” acabe con la criminalización política.
En esa línea, estas cortes conocerán asuntos álgidos, como los casos de Jose Rubén Zamora, Ligia Hernández, Stuardo Campo, la suspensión del partido oficial, los expedientes de personas en el exilio y las próximas elecciones generales. Sus fallos brindarán claridad sobre su independencia.