El juicio por el Caso Hogar Seguro continúa con las declaraciones de las familias afectadas. Amanda Marina Hernández y Carlos Soto son padres de una de las 15 niñas sobrevivientes, que siete años después todavía sufre las secuelas físicas y psicológicas de lo que ocurrió cuando la Policía Nacional Civil tomó el control del albergue estatal.

Por Jasmin López

Antes de ser internada en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la hija de Amanda Marina Hernández y de Carlos Emilio Soto era, a decir de sus padres, una niña educada y estudiosa. Estar ahí la cambió, “se volvió agresiva”. La niña -ahora adulta- entró al albergue estatal después de huir de su casa a los 14 años, según creyeron sus padres al principio, “para ir a una fiesta”. Cuando las autoridades la localizaron, en vez de devolvérsela a su familia, la ingresaron al hogar, pocos meses antes de la tragedia que cobró la vida de 41 niñas.

En el juicio en el que están acusados ocho exfuncionarios del Estado, Carlos y Amanda fueron llamados a testificar sobre los eventos del 7 y 8 de marzo del 2017, ocurridos en el lugar donde se suponía que su hija debía estar segura y a salvo.

El matrimonio dijo que las autoridades jamás les dieron una razón concreta de por qué su hija fue enviada al albergue. Tampoco les permitieron visitarla, toda la comunicación que mantuvieron con ella se dio por vía telefónica, de forma esporádica y breve. Allí, su hija sufrió de maltratos por parte de otras niñas, sin que las monitoras hicieran algo al respecto.

Este testimonio se suma al de otras madres que aseguran que sus hijas eran violentadas por sus compañeras y por las mismas trabajadoras del hogar. Entre los maltratos que las niñas denunciaron a sus mamás se incluyen golpes, mala alimentación e intentos de abuso sexual.

Cansadas de esta situación, las niñas del hogar hicieron un motín el 7 de marzo del 2017. Con ayuda de los varones de la sección San Gabriel, lograron huir, para luego ser localizadas y regresadas al hogar por elementos de la PNC. Un grupo de agentes, bajo el mando del excomisario Luis Armando Pérez Borja y la exsubinspectora Lucinda Marroquín (ambos imputados), encerró a 56 de ellas en un salón, colocando un candado en la puerta. Aproximadamente a las 8:58 horas del día siguiente, se suscitó un incendio cuando, de acuerdo al Ministerio Público, una de las menores le prendió fuego a una de las colchonetas en las que durmieron. Lucinda Marroquín, quien tenía la llave, se negó a abrir la puerta.

Carlos Soto declaró que se enteró de estos hechos por medio de un noticiero local. Acudió al hogar el día del incendio a solicitar información sobre su hija, pero en la entrada el personal le dijo que no tenían autorización para brindar información. Recibió la misma respuesta de una mujer a quien identificó como una monitora. Mientras Carlos permanecía afuera junto a otras personas que estaban allí por las mismas razones, angustiadas y sin saber nada de sus parientes, pudo ver por debajo del portón que policías y monitoras “sacaban a las niñas quemadas en una sábana y les echaban agua para apagarlas”.

Al día siguiente, fue citado en la morgue del Hospital San Juan de Dios para reconocer el cuerpo de su hija. Sin embargo, este correspondía al de otra persona. El personal que lo atendió insistió, a pesar de que, a diferencia de su hija, ese cuerpo tenía tatuajes. Carlos se negó a recibirlo y, días después, logró encontrar a su hija en una de las salas del hospital.

Ella logró sobrevivir con graves quemaduras, cuyas secuelas sufre hasta el día de hoy: perdió ocho dedos de sus manos, varios de los pies, tiene graves cicatrices y presenta sensibilidad y ardor en la piel. Aunque recibe la pensión vitalicia que el Congreso otorgó a las víctimas de la tragedia, sus heridas le hacen difícil conseguir un empleo con el que pueda sostenerse a ella misma y a su hijo de tres años.