Virginia Laparra es acusada de haber filtrado información bajo reserva, de un caso de corrupción en el cual se vinculaba al exalcalde Jorge “Mito” Barrientos.

Por Mirna Alvarado

Este 27 de mayo dio inicio el segundo juicio contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, tras las denuncias presentadas por el exjuez y ahora Relator contra la Tortura, señalado de corrupción, Lesther Castellanos.

El debate oral y público estaba previsto para el 6 de mayo, pero se suspendió debido a la ausencia de uno de los querellantes, el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).  Laparra, de 44 años, se presentó junto a sus defensores a la sala de debates del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

Luego de comprobar que estuvieran presentes todos los sujetos procesales, el juez Moisés De León permitió la lectura de los cargos por parte de la fiscal de Asuntos Internos del Ministerio Público, Brenda Maribel Guzmán. 

“El caso donde se sindicaba a Fredy Arturo Villavicencio Funes estaba declarado bajo reserva, ya que este había sido declarado como colaborador eficaz en otro proceso que conoció el entonces juez Lesther Castellanos, cuando se encontraba como juez de mayor riesgo”, dijo la fiscal.

Los hechos habrían ocurrido durante la audiencia del 4 de julio de 2017. Según la acusación, Laparra reveló datos sobre los delitos y otros aspectos que incluían los convenios de “colaboración eficaz”. Sin embargo, al revisar los antecedentes del caso, la fiscal Guzmán tuvo una confusión en el momento de la imputación de cargos, pues dijo Fredy en lugar de René Arturo Villavicencio Funes.

Este error no fue protestado ni corregido por la defensa de Laparra y menos por los querellantes, el exjuez acusador y también querellante, en este caso Lesther Castellanos también tuvo tiempo para exponer sus argumentos de apertura, en los que presentó dos publicaciones de prensa a pesar de que no era el momento de presentación de pruebas.

Además, confundió nombres de personas que supuestamente estaban vinculados al caso bajo reserva; entre estos, exsíndicos y concejales del exalcalde Jorge “Mito” Barrientos de quienes René Arturo Villavicencio tenía información precisa para encarcelarlos, de igual forma mencionó que Villavicencio habría sido concejal de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Los registros del Tribunal Supremo Electoral dan cuenta que en ninguno de los tres periodos de gobierno de Jorge “Mito” Barrientos, Villavicencio figura como concejal, pero sí fue propuesto en la planilla del partido Todos con la que Barrientos buscaba su cuarto periodo como alcalde en las elecciones de 2015.

Los testigos

El MP tiene como testigos en este caso a 12 personas, pero el lunes solo comparecieron diez. Los primeros en declarar fueron el exjuez Lesther Castellanos y el abogado Omar Barrios, quien mencionó que detectó la falta cometida por Laparra mientras hacía un análisis de información con sus estudiantes de derecho, ambos no presenciaron la audiencia del 4 de julio de 2017 donde se habría cometido el delito.

El abogado Juan Antonio Guzmán de León, figuraba como defensa de René Arturo Villavicencio Funes y dijo haber estado presente en la audiencia, pero no recordaba todo lo argumentado en ese momento por el tiempo que ha transcurrido.

María José Longo Bautista, extrabajadora de Prensa Libre y actualmente periodista de Agencia Ocote, fue llamada por la Fiscalía para atestiguar sobre cómo obtuvo datos que se publicaron en una nota el 5 de julio de 2017, en la página web del desaparecido semanario elQuetzalteco. “La audiencia era pública, por eso estuve ahí, recuerdo que luego se determinó la suspensión, tal como está en el titular”, dijo Longo.

La periodista también fue cuestionada por la Fiscalía y por los querellantes sobre el objetivo de la nota publicada, a lo que Longo respondió, “El objetivo de todas las notas es informar”.

La jornada, que se extendió hasta las 19:00 horas, incluyó el testimonio del abogado Benito Uz Pu, también defensor de Guillermo Arenas, otro sindicado en este proceso y quien también buscaba el beneficio de “colaboración eficaz”.  Fueron escuchados Mario Pineda, Luis Pop, Erick Morales, técnicos y analistas del MP.

Allan Orejel de León, en 2017, era oficial de audiencias del Juzgado de Turno en el cual se celebró la audiencia del 4 de julio donde se habría revelado información, también fue cuestionado por el MP y los querellantes. “La audiencia era pública, no recuerdo a periodistas, pero sí recuerdo que había público, tal y como está en este momento la sala”, dijo.

Por último fue llamado René Arturo Villavicencio Funes, a quien la fiscalía y los querellantes le insistían que manifestara si el convenio de “colaboración eficaz” en el cual estaba amparado, se encontraba vigente.Villavicencio se limitó a decir, “Recuerdo que ya estaba firmado, usted (dirigiéndose a Castellanos) ya lo había aprobado, pero como estaba dentro de ese proceso lo sé porque para eso estaba mi abogado”. 

Durante el desarrollo del debate, por cada pregunta que desarrollaba la defensa, los querellantes y la fiscal a cargo del caso, objetaban.

La acusación

Este es el segundo juicio contra la exfiscal Virginia Laparra, que se debió a una denuncia que el exjuez y ahora Relator Contra la Tortura, Lesther Castellanos, presentó, debido a la supuesta revelación de información reservada de un caso que ella investigaba en 2017, el cual estaba bajo la jurisdicción de Castellanos.

Laparra investigaba dos casos en 2017, en los cuales estaba implicado René Villavicencio, exempleado del Fondo de Desarrollo para la Paz (Fonapaz). En el primer caso era investigado por extorsionar a Soledad López, exconcejal de la municipalidad de Quetzaltenango. Villavicencio pidió dinero a cambio de entregar información sobre los casos que investigaba la CICIG y la FECI en contra de los exfuncionarios municipales. La información la habría obtenido de extrabajadores del MP. 

El segundo caso fue por lavado de dinero y tráfico de influencias. Por supuestos cobros a funcionarios de la municipalidad de Quetzaltenango a cambio de información de casos judiciales. Villavicencio aceptó los cargos y fue condenado, en ambos casos, con el beneficio de reducción de penas. 

El primer caso fue conocido por el juzgado de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Betzy Alvarado y el segundo, por el juzgado “E” de Mayor Riesgo de Quetzaltenango a cargo del exjuez Lesther Castellanos.

Según Castellanos, Virginia Laparra reveló información del caso que se veía en su Juzgado en otro órgano jurisdiccional, el de Betzy Alvarado. La defensa sostiene que la exfiscal no reveló ninguna información reservada del proceso contra Villavicencio. “Lo que sucedió es que como parte de su trabajo, la exfiscal solicitó la suspensión de la audiencia porque se tramitaba un acuerdo de colaboración eficaz con Villavicencio”, afirmó Cristina Alonzo, abogada

“En lo que va del proceso no se ha podido establecer el delito de revelación de información”, dijo Laparra al finalizar el debate.

El juez Moisés de León programó la continuación de este proceso para el 6 de junio, a las 8:00 horas. Se espera la declaración de la jueza Betzy Alvarado, quien estuvo a cargo de la audiencia donde, se supone, se filtró información.

En marzo de 2024, el presidente Bernardo Arévalo condecoró a Laparra y a otras 24 mujeres con la Orden a la Excelencia Laboral, en un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Representantes de Amnistía Internacional dan acompañamiento al caso de Laparra.