Por: Sofía Hilde,Ixchumil

Anastasia Mejía es una periodista y comunicadora maya k’iche’, originaria del municipio de Joyabaj en Quiché. Dirige los medios de comunicación Xolabaj Radio y Xolabaj TV, pero su trabajo también ha sido la gestión pública: fue concejala municipal de 2015-2019. Desde este espacio, la fiscalización que realizaba sobre las gestiones municipales se hizo más cercano.

La oposición que Anastasia y su equipo de fiscalización y de sociedad civil resultaba muy incómoda para los intereses del alcalde Florencio Carrascoza. Su gestión de más de diez años había estado marcada por sus vínculos con funcionarios investigados por corrupción, como el exdiputado Mario Rivera, y por múltiples denuncias de violencia contra la mujer.

En 2016 fue denunciado por Anastasia Mejía por haberla agredido verbal y físicamente en las sesiones del Concejo Municipal. Las denuncias de Anastasia siguen en proceso, pero no han sido resueltas con la rapidez con la que el sistema de justicia escuchó las denuncias que hizo el alcalde contra ella, en agosto de 2020.

Para entonces, las denuncias por casos de corrupción que Anastasia había interpuesto en el Ministerio Público seguían en una incógnita, sin avances visibles. El contexto de impunidad en este caso, aunque el alcalde había perdido la inmunidad para ser investigado, puede ser un ejemplo de cómo las autoridades utilizan arbitrariamente el derecho penal para silenciar a las voces que exponen y fiscalizan sus acciones.

Un camino de fiscalización

El enfoque de la lucha contra la corrupción reforzado en 2015 se manifestó en distintos departamentos. En Quiché, específicamente, se han identificado poderes regionales vinculados a la historia de poder militar. Varias redes que pueden conformar un fenómeno conocido como microcaptura del Estado se manifiestan en el otorgamiento de plazas en los ministerios de Salud y Educación, proyectos de hospitales regionales, fiscalías del Ministerio Público y las disputas propias por las alcaldías.

De acuerdo con la investigación Economía de Captura en Guatemala: desigualdad, excedentes y poder de Harald Waxenecker (2019), los entramados empresariales que influyen desde abajo hasta las autoridades estatales, distorsionan las adjudicaciones de contratos locales y articulan redes de poder en lo regional.

Uno de los casos es el del exdiputado Mario Israel Rivera, vinculado con Florencio Carrascoza, donde se le señala de poseer cinco casas construidas de manera ostentosa en Escuintla, Santa Cruz del Quiché y la Ciudad de Guatemala, así como vehículos y bienes que representaban mucho más que el salario percibido durante sus periodos como diputado (Q9.194,969.17 en su cuenta bancaria) (Ibíd.).

Las formas en las que estas redes se benefician del Estado se manifiestan en recursos políticos o electorales, así como en influencia para la toma de decisión sobre los recursos económicos estatales. Principalmente, esta influencia se visualiza en el otorgamiento de contratos para construcciones y otros proyectos, como en el caso de la Municipalidad de Joyabaj.

Anastasia Mejía fue electa como concejala de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché, en el año 2015 por el Partido Patriota. Desde este puesto, se interesó por investigar varias anomalías identificadas en la Municipalidad de Joyabaj liderada por el alcalde Florencio Carrascoza Gámez del partido LIDER desde 2008.

De acuerdo con Edie Cux, director de Acción Ciudadana, el municipio Joyabaj de Quiché siembre fue un punto importante para la fiscalización. Desde esta entidad se realizaron procesos de formación a partir de 2013 a distintas comisiones de auditoría social en el país. “Y de ello ha surgido incluso una red nacional de comisiones de auditoría social. En algún momento se tuvo acercamiento con algunas personas de Quiché y también de Joyabaj, y de ahí es doña Anastasia. Y lo que yo recuerdo es que doña Anastasia era concejala de la Municipalidad y ella estaba apoyando a estos grupos entonces se les prestó capacitación sobre auditoría social, sobre acceso a la información pública y esos temas.” esto fue en el año 2017.

A pesar de ser representante electa en la municipalidad, a Anastasia Mejía se le negaba el acceso a documentos oficiales. Es así como debe recurrir a las solicitudes de acceso a la información pública, algunas veces con el acompañamiento de Acción Ciudadana. » Ella tenía el derecho como concejala a tener acceso a cualquier documento de la municipalidad, pero no se lo proporcionaban”, comenta Edie Cux.

Cuando finalmente Anastasia obtiene la información, junto a su equipo identificaron las pruebas de varias anomalías en operaciones financieras de la municipalidad relacionadas con sobrevaloración de combustibles, proyectos de construcción de estufas y el uso constante de la figura de “activos intangibles”.

¿Quién es el alcalde que denuncia a Anastasia?

Florencio Carrascoza Gámez ha sido alcalde de Joyabaj, Quiché, desde el año 2008. Ha participado con los partidos oficialistas o que suelen llevar la delantera en las elecciones, siendo estos el FRG, UNE y LIDER. En este último, participó como candidato a alcalde en el 2015 al tiempo que el partido en Quiché era dirigido por el exdiputado Mario Israel Rivera Cabrera.

Este exdiputado fue capturado en el año 2018 por lavado de dinero, de acuerdo con una investigación de la CICIG que lo vinculaba con narcotráfico y corrupción. Rivera fue diputado por el departamento de Quiché por 20 años, desde 1996-2012 por el FRG y de 2012-2016 por la UNE.

Los vínculos de Rivera y Carrascoza se hicieron especialmente conocidos en periodo 2004-2008, cuando Rivera era diputado y Carrascoza concejal I de la Municipalidad de Joyabaj. En ese entonces, el alcalde de Joyabaj Horacio Gil señaló que Mario Rivera le había presionado para firmar unos cheques contratando a las empresas Corporación S y T, Multimaquinaria S.A., Constructora Alquímedes, Constructora Profesional Acrópolis y Omicron Servicios pertenecientes a Hipócrates Eleades que fue capturado en el año 2018 por el mismo caso de corrupción que involucraba a Mario Rivera.

Capturan al exdiputado Mario Israel Rivera: https://www.cicig.org/casos/com-042-capturan-al-exdiputado-mario-israel-rivera/

Los abogados Edie Cux y Ramón Cadena coinciden en que la actitud del alcalde respecto a Anastasia Mejía era hostil desde los trabajos de fiscalización que ella realizaba como periodista y concejala. El alcalde se negaba a brindarle información pública y, como expresó Anastasia Mejía en su primera audiencia, le agredía constantemente en las reuniones del Concejo Municipal llamándole «india» y «tonta».

De acuerdo con el reportaje de Jovanna García, Gilberto Escobar y Nelton Rivera, Carrascoza lleva acumulados 24 denuncias penales sobre violencia contra la mujer, estafa, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.

Un mes en la cárcel sin primera declaración, la periodista Anastasia Mejía y Petrona Siy

Cuando las denuncias se hacen formales: varios casos de corrupción

En 2015, una manifestación ciudadana llegó a la sede central del Ministerio Público desde Joyabaj. Llegaron a exigir que se investigara al alcalde Carrascoza por posibles casos de corrupción que se habían documentado. Thelma Aldana recibió en persona la denuncia y designó un fiscal para darle seguimiento.

Se trataba de varios casos: indicios de peculado o malversación de fondos públicos, sobrevaloración de combustibles, sobrevaloración en arrendamientos, contratos para mejoramiento de estufas que no se dieron y fraude en contrataciones.

En cuanto a los indicios de peculado, se identificó que la municipalidad estaba utilizando el rubro de «activos intangibles”, es decir, todo lo referente a licencias, concesiones, propiedad intelectual, patentes, franquicias, relaciones y derechos comerciales. El modelo funcionaba de tal manera que no se presentaban documentos de soporte sobre los gastos y se trasladaban a la cuenta de activos intangibles, que no lo requerían.

Sobre este caso, la Contraloría General de Cuentas –CGC- constató que no se adjuntaron notas a los estados financieros de la municipalidad. Lo catalogó como una “falta de control interno”. La CGC estableció que el Director de Administración Financiera Integrada Municipal –AFIM- y el Director Municipal de Planificación incumplieron con la presentación de la integración de Activos Intangibles Brutos por un monto de Q9,406,516.61 solicitada el 7 de enero de 2014.

Ante ello, la CGC solo estableció una sanción económica de Q3000 para el alcalde Florencio Carrascoza Gámez, el director de la AFIM Cristian Roberto Cano Herrera y el director municipal de planificación Héctor Leonel Cabrera Noriega. Este patrón era recurrente: ante las denuncias, la CGC reportaba hallazgos y establecía el pago de multas o la redacción de informes que fácilmente se pagaban y redactaban.

El segundo caso denunciado se refiere a la sobrevaloración de combustibles. Los cálculos de Anastasia y su equipo, considerando las cuatro maquinarias con las que contaba la municipalidad, mostraban que el uso de combustible mensual no pasaba los 2,230 galones. De acuerdo con los precios promedio publicados por el Ministerio de Energía y Minas para el año 2013-2014, el costo de estos galones debía ser de Q72,054.74.

Sin embargo, los pagos realizados por la municipalidad en el mes de noviembre y diciembre de 2014 sobrepasaban los Q200mil. Respectivamente, en noviembre se gastaron Q287,093 y en diciembre Q245,347 por concepto de galones de gasolina y diesel que se pagaron a Kevin Manuel Soto Valdéz.

El tercer caso se refiere a un proyecto de construcción de estufas mejoradas solicitado por Tomás Osorio Larios, el presidente del COCODE de la Aldea Xepepén, a la Municipalidad de Joyabaj el 2 de enero de 2012. Para el 9 de noviembre del mismo año se realizó el acta donde se testificaba el inicio del proyecto de construcción en Xepepén, con la presencia del alcalde Carrascoza, Encarnación Castro y Damancio Girón de la comisión municipal de supervisión y recepción, el supervisior de obras José Ángel Medrano, el contratista de la empresa constructora M&L Miguel Gerardo Merlos, el secretario municipal Víctor Hugo Morales y el COCODE Tomás Osorio Larios.

El 29 de octubre de 2013 se realizó un acta con los mismos participantes para constar la ejecución del proyecto de estufas mejoradas en el Casería Xeabaj. Esto se repitió el 27 de agosto de 2013 en el Caserío San Francisco Xebalanguac con la diferencia de que el contratista era Germán Melchor García de la empresa «RDJ SUPERACUIFEROS”. El 2 de julio del 2014 se hizo un acta igual para la Aldea Palibatz.

En una auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas al CODEDE en 2013 se dejó constancia de los hallazgos señalando que para el proyecto de estufas mejoradas valorado en Q2,700,000 no se veló por que las municipalidades incluyeran a un representante del consejo municipal. Asimismo, en el 2014 constaron la falta de informes de supervisión señalando que el CODEDE había desembolsado 1,530,000 para ejecutar el proyecto de estufas mejoradas sin contar con el informe técnico favorable de avance físico. Esto quiere decir que no se constató que las estufas fueran construidas y entregadas, y se determinó que las estufas se construyeron solo en Xeabaj. Otro elemento anómalo es que Tomás Osorio Larios no podía ser el COCODE de tantas comunidades.

¿Qué ocurrió con las denuncias?

El estado de las denuncias sigue siendo una incógnita para la comunidad de Joyabaj. Ante las preguntas por la cantidad de denuncias que se reportan contra el alcalde de Joyabaj Florencio Carrascoza Gámez y el estado de las mismas, el Ministerio Público negó parcialmente las respuestas por considerarla información reservada y contenida en los expedientes de los fiscales. Respondió que aparece una persona con el nombre de Florencio Carrascoza Gámez con 38 expedientes fiscales aunque no tienen parámetros para verificar si es el alcalde de Joyabaj, Quiché.

Hasta el momento, la información que tienen las personas denunciantes es que el caso ha sido cambiado tres veces de fiscal, y actualmente está a cargo del fiscal contra la corrupción Estuardo Campo. Se buscó entrevistar al fiscal Campo de manera telefónica y presencial acerca de los avances de las denuncias presentadas en 2016, pero no se obtuvo respuesta positiva. Tras múltiples llamadas y una visita a la sede de la fiscalía, la respuesta fue que por cuestiones de agenda no podían dar una fecha para la entrevista.

Criminalizar para silenciar

Anastasia Mejía enfrenta un proceso penal por la denuncia del alcalde Florencio Carrascoza, y fue detenida el 22 de septiembre de 2020 junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj Petrona Siy con una orden de captura dictada por la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera. Fueron acusadas de sedición, incendio agravado y robo agravado, señaladas por el alcalde de haber sido responsables de la manifestación que terminó en un incendio afuera de la municipalidad el 24 de agosto del mismo año, evento que fue transmitido en vivo por Anastasia Mejía en su labor de informar para el canal Xolabaj TV.

Ambas permanecieron detenidas por 36 días en la Penitenciaria para Mujeres de Quetzaltenango, a tres horas de distancia de Joyabaj, con la primera audiencia retrasada por la jueza. Es hasta el 28 de octubre cuando se lleva a cabo la audiencia de primera declaración para Anastasia Mejía, Petrona Siy y Manuel Hernández.

En esta audiencia, las acusaciones del fiscal Isaías Mancilla contra la periodista estuvieron cargadas de juicios de valor que descalificaban o ponían en duda el trabajo de periodismo realizado por ella. En reiteradas ocasiones se le pidió que probara con credenciales o documentos oficiales su cualidad como periodista.

Luego de diez horas de audiencia, la jueza Pérez Cabrera liga a proceso a las tres personas. Les permite las medidas sustitutivas del arresto domiciliario por una fianza de Q20mil a cada una. Gracias a una colecta comunitaria se logra pagar la fianza y las tres pueden seguir el proceso desde sus casas, aunque en el caso de Anastasia esto sigue representando una fuerte limitación a su trabajo como periodista ya se que no se le permite la movilidad libre.

Para el abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, este es un ejemplo claro del fenómeno de la criminalización entendida como una persecución política hecha mediante el uso del derecho penal, que lo que busca es desarticular o afectar a la persona en la función que cumple. “Están metiendo presos a la gente aplicándoles delitos que en verdad nada tienen que ver con las acciones que realizan las personas, en este caso Anastasia, pero encuentran figuras delictivas y se las aplican, inventan los hechos, los adecuan al delito y llevan a cabo un proceso penal para detener a las personas”, explica.

Esta situación ejemplifica también las grandes desigualdades en el sistema de justicia guatemalteco. Para el abogado “estamos viviendo en una sociedad que realmente es contradictoria, porque en lugar de premiar, reconocer a los personajes como Anastasia que llevan a cabo una función importante para la democracia, se les castiga, se les persigue, se les considera delincuentes, se les atemoriza. Ella presentó varias denuncias, pero el sistema no responde, no se investiga al alcalde. Pero cuando se trata de investigar a Anastasia ahí sí el sistema responde y toda la maquinaria estatal se mueve en contra de anastasia. Si ella presentó denuncias se le debían investigar con la misma rapidez y las mismas diligencias que se han hecho en la investigación en su contra”.

De esta manera, los sujetos que detentan poder político y económico utilizan las herramientas del sistema para beneficio propio, atacando la labor crítica de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Estas estrategias entorpecen otros procesos que el sistema no atienda con la misma eficacia, como las denuncias de corrupción presentadas por Anastasia Mejía en 2017. Esto simboliza, además, un profundo ataque a la libertad de expresión ejercida a través del periodismo y la fiscalización ciudadana, derechos que resultan imprescindibles para considerar la existencia de la democracia en un país.

Actualmente la jueza fue recusada del proceso. Se está a la espera de la asignación de la suplencia que siga el proceso en donde fue interrumpido, en el inicio del debate oral. Las expectativas mínimas es que las audiencias no se realicen en una sala muy lejana a Santa Cruz del Quiché para no perjudicar el derecho de defensa de las acusadas.