En Guatemala las niñas y adolescentes menores de 18 años aún están en riesgo de ser obligadas a casarse, pese a que existe legislación que lo prohíbe desde 2017. Ante esto, la Mesa a Favor de las Niñas y Adolescentes de Guatemala y Girls not Brides unen fuerzas para crear la primera Alianza Nacional para abordar esta problemática que refleja la desigualdad en el país. 

Guatemala ocupa el quinto lugar entre los países de Abya Yala con mayor prevalencia de matrimonios y uniones infantiles forzadas. De 2017 a 2019 fueron reportados 53 casos de niñas y adolescentes menores de 18 años obligadas a contraer matrimonio, según Mesa de la Niña. Sin embargo, las instituciones públicas como el Registro Nacional de las Personas (Renap) tienen dificultad para ejecutar un registro certero. 

“La práctica persiste pese a que hay condiciones legales que ayudan a que no suceda. El 30% de las mujeres, con cifras de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, se unen antes de los 18 años. Esas uniones se están dando porque hay condiciones de embarazo y violencia”, expresó Joseline Velásquez, directora ejecutiva de la Mesa de la Niña.

Agregó que los matrimonios y uniones forzadas afectan los derechos y la vida de las niñas y adolescentes, por lo que es necesario que exista un sistema de protección donde se involucre sociedad civil, el sistema educativo, las familias y las autoridades. 

En ese sentido nace la primera Alianza Nacional para promover acción colectiva y exigir respuestas concretas a estas prácticas, siendo este un tema urgente en el país. La alianza está conformada por 21 organizaciones y 4 personas individuales con trayectoria en derechos de las niñas y adolescentes. 

Un tema urgente para los gobiernos

Alma Burciaga, representante para América Latina y el Caribe de Girls not Brides (Niñas no Novias), resaltó que la respuesta por parte de los gobiernos debe apuntar a resolver las causas de raíz detrás de los matrimonios y uniones forzadas. De esta manera se evita que la mejor solución sea únicamente prohibir estas prácticas. 

Velásquez resaltó que no debe ser una “promesa de campaña”, sino que sea una acción en la que se garantice la participación de niñas y adolescentes para la toma de decisiones. Agregó que se debe mejorar el acceso a servicios de salud y garantizar la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en el país.