Consultores militares niegan intencionalidad de matar al pueblo Ixil
El juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, está en su etapa de conclusiones. Ahora le corresponde a la defensa presentar las mismas, las cuales realizó con apoyo de dos consultores, sin embargo, una jornada no fue suficiente para finalizar por lo que el miércoles 13 de noviembre seguirá en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”.
Por Regina Pérez
En el Tribunal de Mayor Riesgo “A” la defensa del general Benedicto Lucas García intentó desacreditar los peritajes Edgardo Benjamín Carloni coronel del ejército argentino y el general peruano Rodolfo Robles Espinoza, negando que hubiese habido alguna intencionalidad de matar a la población Ixil.
En el día 98 del juicio, la sala del Tribunal estaba llena de observadores nacionales e internacionales así como de personas que llegaron en apoyo al exjefe del Estado Mayor del Ejército, entre ellas su esposa, María Elena Winter, más conocida como Nana Winter. No se pudo observar a sobrevivientes porque, según los querellantes, llegarán hasta el día de la sentencia.
En este juicio se acusa a Lucas García, en prisión desde 2016 por el caso CREOMPAZ, de los delitos de deberes contra la humanidad, genocidio y desaparición forzada y la Fiscalía de Derechos Humanos ha solicitado 2860 años de prisión en su contra.
La jornada comenzó con la intervención del coronel Juan José Recinos, consultor de la defensa integrada por las abogadas del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDDP) Carmen Peralta y Teresa Martínez. Además, la defensa se auxilió de Óscar Platero Trabanino, exvicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo y autor del libro La Farsa del Genocidio, quien no pudo leer sus conclusiones porque el Tribunal no lo permitió, pero sí lo hizo la abogada Martínez, quien refutó el peritaje de Robles Espinoza.
Un mapa de la región Ixil, conformada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, ubicados, en Quiché, fue utilizado como apoyo de la exposición de ambos, así como fotos de mujeres que supuestamente participaron en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) durante la década de 1980.
Antes de leer las conclusiones de Platero, la abogada Martínez explicó la figura del consultor técnico en el proceso guatemalteco que actúa como garante del diligenciamiento adecuado de la prueba debido a que con su asesoría se pueden realizar juicios en los cuales no se violen las garantías procesales de los acusados.
A instancia de una de las partes, en este caso de la defensa, el consultor puede intervenir en el proceso penal para presenciar las operaciones periciales y formular objeciones sobre las mismas y hacer conclusiones sobre la prueba pericial en las audiencias. Incluso puede interrogar a los peritos. Esto está regulado en el artículo 141 en el Código Penal.
Sin embargo, el militar no pudo realizar lo anterior debido a que Robles Espinoza no ratificó en persona su peritaje y de esa manera su cargo no fue discernido por el Tribunal. “El consultor técnico no tiene por qué aceptar el cargo bajo juramento, ya que es y ha sido propuesto por una de las partes y no se le exige la imparcialidad que por su lado sí es requerida para el perito” justificó la abogada antes de leer las conclusiones.
“Ningún Ixil murió por ser Ixil”
El primer consultor en pasar fue Recinos quien analizó las conclusiones del militar argentino Benjamín Carloni y desacreditó cada una de ellas. El perito señaló que los manuales del Ejército de esa época no eran de cumplimiento obligatorio. “Posiblemente en Argentina así sean, es diferente aquí en Guatemala”, dijo.
El coronel aceptó que el ejército diseñó la estrategia contrasubversiva. “Eso así es, imagínese si no fuera el Estado Mayor del Ejército, ¿Quién hubiera sido, la policía? No eran delitos contra la seguridad pública, eran contra el orden interno”, agregó.
Recinos indicó que la guerrilla, -que hizo su incursión en el área Ixil en 1975 con el asesinato de Luis Arenas, conocido como “Tigre del Ixcán”- estaba bien armada. “No podemos decir que el objetivo interno era la población civil, el objetivo era recuperar a la población civil” indicó, al tiempo que desacreditó un cable de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) “o del Departamento de Estado” donde se habló de una “operación de barrida donde posiblemente se van a atacar varias aldeas”.
Esa es una interpretación de la información, en referencia al cable de la CIA, y la mala traducción que hace un traductor jurado, que nunca se llevó a cabo, afirmó Recinos.
Según Recinos, en su peritaje Carloni expuso que fueron arrasadas aldeas consideradas hostiles. “El ejército nunca utilizó el termino arrasar, nunca existió el termino tierra arrasada, nunca, ese término viene de Rusia”, manifestó.
El militar adiciona que el término “Triángulo Ixil” no lo puso el ejército. “Así le llaman ellos mismos, en el mapa donde hay puntos azules, forman un triángulo a simple vista”, dijo.
El coronel subrayó al Tribunal que el ejército no mató a ninguna persona por ser Ixil. “O estaba en la subversión o estaba en el ejército o ayudaba a las PAC o ayudaba al gobierno, pero ningún Ixil murió por ser Ixil, no hay ninguna intencionalidad, en contra de no solo de los Ixil, ni de los Q’eqchi’, ni de los Kaqchikel, ni de los Q’anjob’al, de ninguna etnia”.
Las conclusiones de Platero sobre el peritaje militar de Robles Espinoza fueron más erráticas. Desde un inicio se basó en desacreditar la idoneidad del experto, quien ha sido perito en otros casos del conflicto armado interno como Dos Erres, Genocidio Ixil (de 2013) y caso Molina Theissen. Robles Espinoza es un general peruano que denunció al gobierno del expresidente Alberto Fujimori por crímenes realizados por militares peruanos en 1993.
Desde un inicio advirtió: “voy a demostrar que las aseveraciones de Robles carecen de legitimidad e idoneidad”.
En una parte de sus conclusiones, leídas por Martínez, Platero refirió que es ilógico lo que afirmó el Ministerio Público (MP) de que el ejército tuviera la intencionalidad de destruir al grupo étnico maya Ixil “porque ellos mismos solicitaron armamento y se les otorgó, si hubiesen querido destruirlos en ningún momento se les hubiera proporcionado armamento con el cual hubiesen podido alzarse contra el ejército de Guatemala.
Su intervención finalizó con la reproducción de videos ante el Tribunal, en uno de ellos se afirmó que en Guatemala no hubo genocidio, tras la anulación de la condena contra Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por ese delito, en 2013, sentencia que anuló la Corte de Constitucionalidad (CC).
Audiencia continúa
La etapa de conclusiones continuará el miércoles 13 de noviembre cuando el consultor Antonio Arenales Forno presente sus conclusiones. Arenales Forno es un exdiputado que llegó al Congreso por el FRG, el partido fundado y dirigido por Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013. Arenales fue reelecto en 2020 con el partido Valor, el partido que tenía como candidata presidencial a la hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa.
Fue asesor del expresidente Jimmy Morales y es conocido por ser negacionista del genocidio. Fue secretario de la Paz y fungió como como director de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh) y desmanteló la institucionalidad de la paz.
Según la abogada Martínez, Arenales tenía contemplado acudir al Tribunal, sin embargo, sufrió un accidente que lo tiene postrado en su cama, por lo que intervendrá por medio de una plataforma de comunicación virtual.