“Estoy acá en Costa Rica por razones de trabajo, pero yo me identifico como una persona que está siendo obligada a permanecer fuera de Guatemala, que está en el exilio por temor a ser criminalizada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, con estas palabras inició la entrevista la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, realizada por Ruda y Prensa Comunitaria. Paz y Paz es especialista en derecho penal y una de las mujeres intelectuales de Guatemala. Su paso por el MP marcó la era de la anticorrupción en un país azotado por la violencia, el narcotráfico y la cooptación del Estado.

Por Ana Alfaro

Bajo su contundente trabajo en el MP existió la primera victoria de justicia en el país de “la eterna primavera”: las investigaciones se realizaban diligentemente y los fiscales lograban sentencias, como la del caso contra Efraín Ríos Montt, por genocidio y la masacre de Las Dos Erres. 

Paz y Paz no es la única jefa del MP que optó al exilio, por hacer bien su trabajo; Thelma Aldana y exfiscales a cargo de casos de alto nivel, como Juan Francisco Sandoval Alfaro, Virginia Laparra, Flor Gálvez, y periodistas, han tomado esa decisión para protegerse de denuncias y casos sin fundamento legal, dirigidos por la actual fiscal general, Consuelo Porras. 

El trabajo de Claudia Paz y Paz durante los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina le ha valido que el país donde nació no sea un lugar seguro para ella. “Creo que ha habido una serie de denuncias infundadas que se han presentado en mi contra, especialmente en los últimos meses, cuando fui fiscal general (…) Estas denuncias obedecen a una retaliación por el trabajo que hicimos desde la Fiscalía en la investigación, en juzgamiento de responsables de graves violaciones de derechos humanos y también responsables de casos de corrupción”, afirmó.

Tanto medios de comunicación que han dado seguimiento a la situación jurídica de Guatemala, como expertos internacionales y juristas han tenido presentes las palabras “criminalización”, “arbitrariedad”, “persecución”, “cooptación”, porque personas intachables e incorruptibles están siendo atacadas judicialmente, cuando la justicia está inclinada a favor de quienes alguna vez estuvieron en prisión por delitos de corrupción.

“Es un proceso de criminalización y prefiero usar la palabra proceso de criminalización, porque no es únicamente el uso arbitrario del derecho penal, no es únicamente fabricar casos para castigar o disuadir a las personas de que hagan bien su trabajo o sigan con las investigaciones, sino que anteceden o son antecedidas o precedidas también de campañas negras en redes sociales”, relató.

Cuando existía el diario impreso elPeriódico, vitrina por la cual se publicaron innumerables investigaciones periodísticas, antes de que su entonces presidente y director, Jose Rubén Zamora, fuera encarcelado luego de dar a conocer el lazo sentimental y financiero entre el expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, en ese mismo medio salió una publicación de la Fundación Contra el Terrorismo. Por ahí empezaron una serie de publicaciones que arremetían y utilizaban la palabra marxistas, frases como el ‘mundo merece conocer la verdad’ y tratando de negar que el delito de genocidio existió en Guatemala. Una contracampaña sin diseño de calidad ni con contenido profundo. 

“En aquel entonces eran publicaciones en elPeriódico, insertos pagados por la Fundación Contra el Terrorismo, donde había listas de personas que supuestamente pertenecíamos, habíamos pertenecido, sus familiares habían pertenecido a organizaciones políticas en la época de la guerra. Entonces hubo campañas de estigmatización en contra mía. También hubo casos espurios que se presentaron”.

Cuando los jueces, magistrados y el MP empezaban a tener bien delimitadas sus funciones y a actuar conforme a la ley, todo cambió con la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así lo subrayó Paz y Paz. “Luego de la salida de CICIG del país, ocurrió la cooptación absoluta del sistema de justicia”.

El ataque hacia las mujeres incorruptibles

Las acciones contra las mujeres han sido directas por el solo hecho de “ser mujeres”,  desde insultos en las audiencias o en redes sociales que desacreditan su profesionalismo y capacidad intelectual para ocupar cargos desempeñados tradicionalmente por hombres, hasta difundir campañas en redes promoviendo el odio y la violencia.

“Definitivamente hay un impacto diferenciado por género, porque muchas de nosotras somos cuidadoras y muchas tenemos ese conflicto: si nos vemos obligadas a salir del país, ¿qué ocurre con nuestros hijos o con nuestros padres que están a nuestro cargo?”, dijo Paz y Paz. Para la mayoría de exfiscales, abogadas y mujeres perseguidas es impensable dejar a sus hijas, hijos, padres y demás familiares que dependen de ellas; el exilio para proteger su vida representa una ruptura en su tejido familiar. 

“Para nosotras las mujeres definitivamente hay un impacto diferente. Y también las estrategias de criminalización son distintas. Por ejemplo, en audiencias en donde estaba de querellante la Fundación Contra el Terrorismo, les decían ‘Regresen a su casa’, es decir, como (cuestionando) ‘por qué están aquí, por qué ejercieron la profesión, por qué actuaron valientemente, ese no es el rol de las mujeres’”.

En Guatemala hay más de una treintena de mujeres profesionales del derecho que están siendo perseguidas, criminalizadas y llevadas a juicio con denuncias poco argumentadas, y encarceladas sin ser escuchadas por un juez, poniendo en peligro su vida y su salud mental. Ante esta situación el país está cayendo en un abismo de injusticia y violencia contra las mujeres, lo que hace necesario transformar el sistema de justicia y cambiar la jefatura del Ministerio Público. 

Te invitamos a conocer la entrevista completa en el siguiente link: