Por cuarta vez el juez Décimo de Instancia Penal Jimi Bremer, pospuso la audiencia de primera declaración contra la  reconocida abogada, Claudia González. El juez ha decidido justificar la mora judicial y en está ocasión la suspensión fue por petición de la parte querellante de la magistrada Blanca Stalling debido a que una de las abogadas tenía una intervención quirúrgica. Cual sea la razón o excusa, se mantiene en prisión provisional a Claudia y sin resolver su caso.

En la tercera parte de la continuación de la audiencia de primera declaración contra la abogada y ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González,  se tenía previsto que el juez Jimi Bremer resolviera sobre si hay indicios suficientes para ligarla a proceso proceso penal o no, por el supuesto delito de abuso de autoridad, además de resolver si debe permanecer en prisión preventiva o se le otorga arresto domiciliario. 

 Sin embargo, una audiencia unilateral se habría llevado el lunes por la tarde, en el que se solicitó la suspensión de la misma por una intervención quirúrgica de una de las abogadas de la magistrada Stalling, aunque no se especificó quién a los medios de comunicación, porque el caso fue declarado en reserva. 

 Los abogados de la defensa de Claudia y familiares se hicieron presentes a la Torre de Tribunales, en la zona 1 capitalina, debido a que no fue hasta el martes que el juzgado Décimo de Instancia Penal notificó de forma oficial sobre la suspensión de la diligencia y anunció que fue reprogramada para el 27 de septiembre a las 10:00 horas.

El abogado y defensor de derechos humanos, Alejandro Rodríguez manifestó sentirse indignado y resaltó la valentía de Claudia para defender a exfiscales y exoperadoras de justicia, “vemos con profunda tristeza que todo ese gran trabajo está siendo destruido por la manipulación de justicia. De hecho en el extranjero Claudia González ha sido reconocida como una abogada que ha defendido los derechos humanos y por eso tiene el premio de la organización Lawyers for Lawyers (abogados por abogados) de Holanda”. 

 La venganza disfrazada de justicia

 Las audiencias del caso de Claudia se han llevado a puerta cerrada, por lo que se desconocen los detalles de los señalamientos en su contra. El caso se deriva del proceso penal que existió contra Blanca Stalling, que fue denunciada en el 2017 por tráfico de influencias por el juez Carlos Ruano, quién estaba a cargo del caso en contra de Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Stalling, que fue condenado en septiembre del 2018 por cobro de comisiones ilegales cuando fue asesor del Instituto de Seguridad Social (IGSS) y se dio un fraude millonario por la contratación de servicios para enfermos renales.  

 La condena duró 10 meses debido a que en julio de 2019, la Sala Tercera de Apelaciones revirtió la sentencia y fue absuelto por dicha sala, así quedó librado del proceso penal, mientras en el proceso contra la magistrada Stalling en el que existía una grabación de la conversación que sostuvo con el juez, también fue declarada inocente. Así ambos revirtieron los procesos penales en su contra. 

 Ahora el Ministerio Público a cargo de María Consuelo Porras persigue a los fiscales de esa institución, abogadas y abogados que trabajaron junto a la CICIG y que investigaron casos de corrupción.

 En el proceso contra Claudia González,  el juez Bremer ha omitido e ignorado principios y artículos de la constitución, por ejemplo, el artículo 9 donde se señala “esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas” respecto a la audiencia de primera declaración. 

 El juez dio a conocer el motivo de la detención a Claudia, justificó mora judicial y así, aplazó una semana más la audiencia de primera declaración, mientras que el Reglamento Interior de Juzgados del Acuerdo 24-2005 señala en el artículo 6 el principio de celeridad procesal y el artículo 7 habla sobre la concentración y continuidad de las audiencias, ambas son garantías procesales de las que no goza Claudia González. 

 Para el 27 de septiembre la abogada cumplirá casi un mes de estar en prisión provisional, ya que fue detenida el 28 de agosto pasado sin que se resuelva su situación jurídica. 

 Para la socióloga de Impunity Watch, Brisna Caxaj, es una venganza y un castigo por el trabajo de defensa que ha realizado Claudia González, en el que observa que hay diferentes derechos violados como por ejemplo, el derecho de defensa, “al declarar el caso en reserva se está limitando el acceso a la información, no sólo a que el público conozca las arbitrariedades que está cometiendo el Ministerio Público. También se está violentado sin ninguna razón la audiencia de primera declaración ya se va a cumplir casi un mes de que la audiencia se sigue retrasando sin causa justifica y es una detención arbitraria sin ninguna razón, se supone que cuando hay una detención hay elementos suficientes para mantener esa detención”.

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 De la misma manera María José Contreras, hija de Claudia, manifestó que el caso se lleva de manera injusta debido a la espera por una audiencia de primera declaración, “que ha llevado tanto tiempo”, indicó a la salida de Torre de Tribunales donde expresó sentirse molesta ya que considera que su madre no merece estar en ese proceso penal y pide que se lleve de manera justa.