La abogada Claudia González lleva dos meses detenida en Mariscal Zavala, producto de un proceso penal cuestionado y que se inició por una denuncia de la magistrada Blanca Stalling. La familia exige su libertad.

Por Prensa Comunitaria

El procedimiento ha estado marcado por varias inconsistencias. La primera surgió por el prolongado tiempo que ella estuvo en “prisión provisional”. Es decir, detenida y sin que se resolviera su situación legal.

La abogada González fue detenida el pasado 28 de agosto, pero la audiencia de primera declaración finalizó casi un mes después. La incomparecencia del Ministerio Público (MP) y de la representación de Stalling retrasó la culminación de esta primera etapa penal.

Incluso, la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal tuvo que intervenir para que el juez Jimi Bremer emitiera un fallo en torno al caso de la profesional y le otorgó un plazo de 48 horas para hacerlo.

De esa manera, el juzgador finalmente decidió ligar a proceso a la abogada por abuso de autoridad, el 22 de septiembre, un delito que supuestamente cometió cuando investigaba a la citada magistrada.

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CLAUDIA GONZÁLEZ ENVIADA A PRISIÓN PREVENTIVA

No obstante, ese delito solo se le puede imputar a funcionarios o empleados públicos. Al momento en el que la abogada participaba en la investigación, ella no gozaba de esa calidad, ya que trabajaba para la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La denuncia de Stalling, además de González, incrimina a los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, y al exjuez Carlos Ruano, quien fue presionado por la togada para que favoreciera a su hijo en un caso de corrupción.

Fue de ese hecho que surgió la investigación en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el caso fue cerrado por el juez Víctor Cruz, quien es considerado (al igual que Stalling) un actor antidemocrático y corrupto por el gobierno de Estados Unidos.

Tortura

La familia y amigos de González realizaron hoy un plantón en la sede central del Ministerio Público para pedir la libertad de la abogada. “La están torturando los corruptos”, señaló su esposo José María Contreras.

“Ella jamás fue funcionaria. Ella trabajó en la CICIG. Por trabajar en la CICIG y por luchar contra todos esos corruptos, los cuales se descubrieron desde 2015, a ella la están acusando de abuso de autoridad”, añadió la pareja de la profesional.

En tanto Gabriel Contreras, su hijo, comentó que él quiere ver cómo su mamá sale del lugar en el que se encuentra actualmente. “Es un lugar feo, oscuro y solitario. No se lo deseo a nadie”, refirió.

“Es triste no tener a mi mamá en casa. Es triste que todos ellos (el Ministerio Público) estén tranquilos y uno sufriendo. Sigan luchando por el bien de Guatemala, por favor; yo estoy con ustedes”, agregó frente a los manifestantes que llevan 26 días pidiendo la renuncia de Consuelo Porras en el barrio Gerona de la zona 1.

Escrito

Por su parte, en una carta escrita por González desde Mariscal Zavala, ella indicó que está viviendo la afrenta que han experimentado Virginia Laparra, José Rubén Zamora, Leydi Santizo, Siomara Sosa, Aliss Morán, Paola Escobar y Willy Racanac.

“Haber defendido y acompañado a mis colegas en esos momentos difíciles me preparó para esto. Veo en repetición las mismas marrullerías y artimañas mediocres, ahora utilizadas en mi contra”, aseguró.

En su texto, la abogada explicó que ha habido omisiones “difíciles de entender” en el trámite de su expediente, lo cual ha impedido que se resuelvan los recursos que su defensa ha planteado para que recupere la libertad.

Mencionó que el fiscal Noé Rivera presentó una recusación “espuria” en contra de los magistrados que deben conocer sobre si sale de prisión, lo cual señaló es una intención de alargar su proceso y mantenerla privada de su libertad el mayor tiempo posible.

Por eso, la exmandataria de la CICIG expuso que ha presentado las acciones legales para que Rivera deje de conocer su caso. “Es evidente que se está utilizando el proceso penal para consumar una venganza en mi contra”, aseguró.

“Siempre he dicho que las abogadas tenemos el rol de forzar al sistema a funcionar. Mi caso no será la excepción. La verdad está de mi lado”, puntualizó.