La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) resaltaron el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible.

La CIDH y ONU Derechos Humanos se congratularon con la entrada en vigor, este 22 de abril, del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.

La información de las entidades internacionales de derechos humanos señala que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.

Asimismo, enfatizan que la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por los Estados; sin embargo, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmtización, ataque contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y la humanidad, destaca la información.

La CIDH y ONU Derechos Humanos señalan que en América Latina un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales, aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

El manejo de la pandemia por COVID-19 ha derivado en la limitación al derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia. Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierra y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones, indican.

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello es crucial reconocer de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger a las mujeres defensoras.

Finalmente, alientan a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de sus capacidades de respuesta instiuticonal, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.