CC revoca protección a Alejandra Carrillo y abre camino para destituirla
La máxima corte revocó el amparo provisional otorgado por una jueza cercana a la exmagistrada Silvia Valdés y que mantenía en el puesto a Carrillo como directora del Instituto de la Víctima. Durante su gestión, ha otorgado contratos de trabajo a familiares de políticos y magistrados.
Por Ruda en colaboración con Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió por mayoría otorgar un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó el amparo provisional que un juzgado civil había concedido a favor de la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo.
La resolución abre el camino para que el presidente Bernardo Arévalo pueda gestionar la destitución de Carrillo y nombrar a otra persona que considere idónea para el puesto. El Instituto de la Víctima fue creado para brindar de forma gratuita asistencia y atención especializada a la víctima del delito, pero la gestión de la actual directora ha sido cuestionada por los contratos de trabajo entregados a familiares de magistrados y políticos.
La PGN accionó contra el amparo provisional que había concedido el Juzgado Quinto Civil a cargo de Karin Sorelly Gómez Girón, una de las juezas con mayor cercanía a la exmagistrada Silvia Valdés, ya que trabajó con ella como secretaria del Juzgado Sexto del Ramo Civil donde Valdés fue jueza titular.
La protección provisional impedía que Carrillo fuera removida, pese a que su periodo venció en diciembre del año pasado. La justificación era que se debía crear un reglamento interno para la designación de la sustituta. Sin embargo, a criterio del apelante, la decisión de la jueza que amparó a la exdiputada no hizo un análisis lógico ni jurídico.
“La presente garantía constitucional incumple con el presupuesto de legitimación pasiva, toda vez que la directora del Instituto referido no puede ser el sujeto pasivo, ya que sus atribuciones están debidamente normadas en la Ley Orgánica, las cuales son eminentemente administrativas; en tal virtud, realizar gestiones para elaborar el reglamento en cuestión, se escapa del marco de sus competencias legales asignadas; asimismo, elaborar dicho cuerpo normativo representaría un conflicto de intereses, ya que estaría participando o influyendo indebidamente en el nombramiento del próximo director”, se lee en la resolución de la CC.
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La máxima corte dio la razón a la PGN
Al resolver, tres magistrados dieron la razón a la PGN y por ese motivo decidieron revocar el amparo provisional. “En el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección provisional solicitada ni se dan los supuestos que contempla el artículo 28 ibídem, por lo que debe revocarse el numeral VII) del auto apelado, en cuanto otorgó la protección interina y, al resolver conforme a derecho, se deniega el amparo provisional solicitado, siendo este fallo el que debe surtir efectos dentro de los amparos acumulados de mérito, con relación a la solicitud de protección temporal interina”, dice la resolución.
El fallo implica que el amparo provisional que mantenía en el puesto a Carrillo queda sin efecto. Aunque, el amparo definitivo sigue su curso en la misma instancia judicial, donde se podría emitir otro amparo a favor de Carrillo y nuevamente el asunto podría llegar a la CC.
De momento, al no haber protección para la directora de la institución, permitiría que Arévalo pueda removerla del puesto. Aunque, fuentes consultadas indican que existe otra acción legal pendiente de resolverse.
Un dudoso amparo la mantiene en el cargo
La exdiputada del Partido Patriota, Alejandra Carrillo, debió dejar el cargo de directora del Instituto de La Víctima desde el 20 de diciembre de 2023. Dos amparos puestos a su favor buscan que ella se quede en ese puesto e impedir un nuevo nombramiento. Del primer amparo, el presidente Bernardo Arévalo pidió que sea revocado y así se pueda continuar con la elección de otro profesional para el puesto.
El amparo revocado por la CC fue planteado por Silvia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e incluida en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos, conocida por su relación de amistad con la exdiputada.
Su amistad se evidenció en chats publicados en redes sociales, también por las decisiones asumidas por Valdés, al proteger en más de tres ocasiones al diputado Felipe Alejos, del partido Todos, y esposo de Carrillo, evitando que le retiraran el antejuicio por su vinculación en el Caso Traficantes de Influencias. Alejos también ha sido sancionado por los Estados Unidos con la Ley Magnitsky.
Con ese amparo, se buscaría simular una disputa entre el Consejo Directivo y la actual directora, bajo el supuesto de que se están violentando derechos constitucionales al no permitir que cualquier persona interesada pueda optar al cargo para dirigir el Instituto, por carecerse de un procedimiento para ese efecto. Sin embargo, la Ley Orgánica de la institución es clara en indicar que este es un nombramiento que realiza la Presidencia de la República.
Carrillo ha enfrentado cuestionamientos por sus conexiones políticas y judiciales, llegó al cargo por nombramiento del presidente Jimmy Morales, desde entonces han pasado cuatro años y un mes. Además, durante su gestión, familiares de políticos y magistrados han sido beneficiados con plazas de trabajo en esa institución que pasó de tener 36 trabajadores a 170.