En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional solicitado por autoridades indígenas y Acción Ciudadana, que garantiza el derecho a manifestar de la ciudadanía. La acción legal ordena a la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Gobernación, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio de la Defensa (Mindef) y el Ministerio Público (MP), garantizarlo.

En la resolución provisional la CC señala: “Se ordena a las autoridades denunciadas que, en el presente caso, así como en toda ocasión en las que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública siga las siguientes directrices; dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento…”.

Alida Vicente: “Se debe garantizar el derecho de la libre manifestación”

La abogada y autoridad indígena de Palín, Escuintla, Alida Vicente, dijo que existe una intención de reprimir a las organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que participan en el Paro Nacional Indefinido en diferentes áreas del país.

“En virtud de las acciones que ha iniciado el CACIF y otros sectores para que se utilice el uso de la fuerza para desalojar las movilizaciones y las manifestaciones presentamos esa acción legal. Precisamente para garantizar que se respete dentro del marco constitucional el derecho de manifestación y no se utilice la fuerza o la brutalidad como lo han hecho los antimotines en diferentes momentos, dijo Alida Vicente a Prensa Comunitaria.

La autoridad indígena de Palín considera que el movimiento social será más fuerte. “Creo que esta semana será mucho más fuerte la movilización, las economías locales se sumaron al Paro Nacional. Acá lo que corresponde es que a las personas a quienes se les ha pedido renunciar procedan y acatar las peticiones de los pueblos”, añadió.

Por último, reiteró que ninguna de las manifestaciones ha caído en la estrategia de grupos de choque para promover acciones violentas. “Hay un descontento generalizado en la población, y se percibe un repudio a esos funcionarios corruptos y cada día se suman más sectores”, expresó. 

Nueve días del Paro Nacional 

Han transcurrido nueve días del Paro Nacional Indefinido que pide la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a raíz de constantes acciones para criminalizar a operadores de justicia, abogados, activistas, periodistas y políticos de oposición.

A excepción del pasado lunes, cuando se reportaron incidentes provocados por personas que se infiltraron en la manifestación del Centro Histórico de la Ciudad Capital, en ninguna de las movilizaciones ciudadanas ha habido actos vandálicos.

El presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos anticiparon la movilización de antimotines en diferentes puntos donde se realizan los movimientos ciudadanos, con el objetivo de reprimir a quienes participan en las manifestaciones. 

La semana pasada la CC otorgó un amparo al CACIF, que busca reprimir las manifestaciones pacíficas de los guatemaltecos. Ese primer amparo, es el que el MP está utilizando para criminalizar a quienes participan en los movimientos sociales.