La violencia ha estado presente desde los días que precedieron al #ParoNacionalIndefinido: fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron el viernes 29 y sábado 30 de septiembre a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con uso de la fuerza extrajeron las cajas que contienen las actas de votaciones, además del allanamiento en la sede del partido político Movimiento Semilla, cuyo binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera resultaron electos para dirigir el Ejecutivo.  A partir del descontento popular por esas acciones, comenzaron las protestas ciudadanas. Sin embargo, Ciudad Cayalá, en la zona 16 capitalina, es el punto donde más actos de violencia e intimidación hacia manifestantes se han evidenciado.

Por Violeta Cetino

Horas después de los allanamientos al TSE, el pleno de magistrados condenó las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y las calificó de “intimidatorias”, pues únicamente buscan “poner en duda los resultados electorales ya oficializados”.

A decir de Mynor Custodio Franco, magistrado del TSE, los allanamientos a la sede del ente electoral fueron un asalto. “Cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las seis de la mañana, dice uno, ¿esto qué es? ¿Es una autoridad o son delincuentes?”, manifestó con preocupación.

Indicó, además, que estas acciones violentas trajeron a su mente los años 80, “cuando se hablaba de aquella temible policía judicial que andaba exactamente así, con los vehículos sin placas, con las placas cubiertas y que secuestraban y desaparecían a los seres humanos, a los líderes, a periodistas, a profesores universitarios, a estudiantes, a la clase dirigente”, dijo.

Bajo esta coyuntura política que evidencia irrespeto a las elecciones generales, porque la población ya eligió a las próximas autoridades para gobernar, el malestar popular incrementó y se iniciaron  las acciones de calle el lunes 2 de octubre.

Un sacerdote poseído y otros agresores

Para el cuarto día de la toma de carreteras en la provincia del país, manifestantes del área urbana de la ciudad de Guatemala empezaron a unirse. Por ejemplo, el viernes 6 de octubre habitantes de Mixco ocuparon la calzada San Juan, a la altura del Monumento a la Revolución de 1944, acción que se convirtió en una verdadera fiesta ciudadana, hasta el día de hoy.

El sábado 7 de octubre, una camioneta tipo agrícola pasó en medio de una manifestación en Ciudad Cayalá, zona 16. Habitantes de distintos puntos cercanos a este lugar se organizaron para realizar una toma pacífica de la carretera. Afortunadamente, no hubo daños a las personas que estaban en el lugar, únicamente se reportó el daño a tres motocicletas.

En un video subido a redes sociales se ve claramente cómo la camioneta condujo a alta velocidad y pasó sobre las motocicletas:

Un poco antes de la medianoche, autoridades indígenas llegaron a apoyar a manifestantes de Ciudad Cayalá, quienes fueron recibidos con aplausos y abrazos. La dirigencia indígena responsabilizó a Consuelo Porras y Rafael Curruchiche de los actos violentos que puedan suceder en cada punto de protesta.  A pesar de esto, las acciones violentas contra manifestantes continuaron.

La noche del domingo 8 de octubre, cuando las manifestaciones populares para exigir la renuncia de las autoridades del Ministerio Público (MP) sumaron más gente a la resistencia en las calles, un sacerdote de la iglesia católica arrolló con su vehículo a varios manifestantes que se encontraban, de nuevo, en el punto de bloqueo de Ciudad Cayalá, zona 16.

Se trató del cura Ángel Luis Blasco, perteneciente al Opus Dei, una de las ramas más conservadoras de la iglesia católica, quien al intentar pasar por la fuerza a bordo de su vehículo golpeó dos motocicletas que al caer, lastimaron a dos manifestantes en el lugar.

De acuerdo con declaraciones de la Policía Nacional Civil (PNC), agentes persiguieron al sacerdote hasta detenerlo, llevándolo a una subcomisaría cercana al sector. Sin embargo, fue puesto en libertad  ya que las personas afectadas no quisieron colocar la denuncia correspondiente.

Un hombre de la tercera edad descendió de su vehículo para insultar y buscar confrontación en el bloqueo de Ciudad Cayalá. Golpeó en la cabeza con la mano a uno de los manifestantes, quien guardó la calma para no caer en la provocación. En redes sociales ha sido calificado como “El papá de Ana Sofi”, haciendo alusión a un nombre común para las mujeres de la clase alta del país.

Amenazas y agresiones verbales

“Tengo amigos que no están de acuerdo y hasta balean por esto”, “Nos van a dejar pasar o vamos a llamar a gente para hacer lo mismo que ustedes están haciendo, ¿les parece?”, son las agresiones verbales que recibieron en este punto de bloqueo, en zona 16. Las características físicas, el acento, los vehículos y la vestimenta de quienes ejercieron este tipo de violencia, dejaron ver que se trata de personas que residen en esa zona de alta adquisición económica y con ciertos privilegios.

Un paraíso que no es tan paraíso

De acuerdo con el arqueólogo Diego Vásquez Monterroso, Cayalá viene de “Paxil Cayalá”, y se trata de un nombre que aparece en el Popol Wuj y que hace referencia al lugar de origen del maíz. 

Pero Ciudad Cayalá no es precisamente un paraíso, menos de los hombres de maíz. A principios del 2013, la periodista internacional Romina Ruiz-Goiriena, envió una nota a AP acerca de Ciudad Cayalá. Esta nota la envió en inglés y fue publicada rápidamente en varios medios alrededor del mundo.

En dicha nota, Romina explicó que Cayalá es una ciudad privada, “construida para evadir la delincuencia”. Estos proyectos habitacionales y comerciales son complejos cerrados, privados, con muros y garitas.

Pero la violencia se ha hecho presente en el recinto en diferentes ocasiones y la seguridad del lugar no es tan sólida como pretende: la madrugada del 31 de julio de 2022, luego de un concierto realizado en Cardales de Cayalá, varios jóvenes se agredieron físicamente en el área de egreso del parqueo. Posteriormente se registró una persecución en el bulevar Austriáco y bulevar Rafael Landívar, en la que falleció Sergio Roberto Alcázar Espinoza, nieto de Sergio Alcázar, uno de los propietarios de Radio Corporación Nacional (RCN), a consecuencia de heridas por arma de fuego.

Los centros comerciales que se encuentran en ese sector de alta plusvalía, sustituyen en muchas ocasiones a los espacios públicos de esparcimiento que son escasos en el país. Aunque esta sección comercial está abierta al público, los negocios que se ubican dentro del complejo manejan precios altos, impidiendo que personas de ingresos económicos limitados los frecuenten, abriendo así aún más la brecha entre clases sociales.

“Esta lucha no es violencia, es poesía colectiva”

Así se lee en un cartel colocado en el tronco de un árbol cercano a un punto de manifestación.

El pueblo de Guatemala decidió no tolerar más abusos e insiste en que sea respetada su voluntad popular expresada en las urnas. Con el #ParoNacionalIndefinido y las manifestaciones pacíficas, ha demostrado que manifestar con contundencia se puede hacer sin violencia.