No existen estrategias de salud efectivas para la prevención, detección y tratamiento del VIH en Guatemala. En medio de esta situación, las y los legisladores del Congreso de la República, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se niegan a conocer propuestas de ley y a ejecutar políticas para atender a las más de 43 mil personas que viven con el virus, denunció la Coordinadora Nacional de Respuesta al VIH e ITS.

Por Jasmin López

A diario se reportan 4 casos nuevos de VIH en Guatemala, principalmente en personas de 25 a 49 años, y cada año mueren 15 jóvenes de entre 15 a 24 años por causas relacionadas al sida, de acuerdo a cifras recogidas por la Coordinadora Nacional de Respuesta al VIH e ITS. 

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no cuenta con un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Tratamiento del VIH desde el 2021. Aunque la Coordinadora Nacional de Respuesta al VIH e ITS presentó una denuncia ante esta violación a los derechos de las personas con VIH, la PDH aún no se ha pronunciado. Tampoco se ejecutan las estrategias que contemplan acciones de atención integral y diferenciada para las diversas demografías en riesgo, como, por ejemplo, horarios de atención extendidos en los centros de salud para las y los trabajadores sexuales, o campañas de prevención en idiomas mayas.

Este 30 de octubre, representantes de las más de 20 asociaciones civiles que integran la Coordinadora realizaron un plantón pacífico frente al Congreso de la República, para denunciar la indiferencia de las autoridades guatemaltecas ante lo que han denominado una epidemia de salud. Lxs manifestantes solicitan a la Comisión de Salud y Asistencia Social que se emita un dictamen favorable para la Iniciativa de 6396 Ley Integral del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH-. Dicha iniciativa contempla reformas a la Política Pública de VIH, la cual no se ha actualizado en casi 20 años. También establece un marco legal para resguardar la salud y dignidad de las personas seropositivas. Prohíbe expresamente que se les discrimine a causa de su estado, lo que ocurre con frecuencia en empresas e instituciones que realizan pruebas a sus empleados, sin su consentimiento. La Coordinadora informó que “el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa y Organismo Judicial siguen pidiendo prueba de VIH como condicionante a obtener una plaza de trabajo, aún cuando la ley actualmente lo prohíbe”.

El acceso a la prueba de VIH gratuita, confidencial y voluntaria para adultos y menores de edad; tratamiento médico de emergencia para las y los sobrevivientes de violencia sexual: estrategias de prevención combinadas para la población en general son otras acciones contempladas en la iniciativa. 

Un Congreso de puertas cerradas

La Coordinadora redactó un memorial con sus demandas, para entregarlo en la Comisión de Salud, pero el personal de seguridad impidió que ingresaran al Congreso, argumentando que eran demasiados y tenían que identificarse primero, pese a que otras personas sí podían entrar libremente sin pasar por este proceso.

“Me siento vulnerada porque en la puerta tampoco me dejaron entrar, aún cuando me identifiqué con mi gafete de abogada”, dijo Rocío Samayoa, asesora técnica de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y PEMAR. “Eso manifiesta claramente un rechazo al tema de VIH, un rechazo a abordar temas sensibles”.

En el área de recepción de documentos se negaron a recibir el memorial, aunque la presidencia indicó después a Samayoa que tenían la obligación de hacerlo. Finalmente, en una breve reunión a la que se negó el acceso a la prensa y sólo recibieron a una de las tres representantes de la Coordinadora, Samayoa pudo entregar el memorial al presidente Nery Ramos. Gabriela Dávila, directora ejecutiva de Gente Positiva , expresó que “no es un Congreso como lo plantea Nery Ramos. Fue bastante incómodo, porque inclusive el personal de la puerta se portó bastante violento”.

La respuesta de la PDH

Otro memorial fue elaborado para llevarlo a la PDH, institución que tampoco demuestra interés en apoyar políticas que protejan a las poblaciones con VIH.

“El Procurador también invisibiliza los derechos humanos de las personas con VIH. El Procurador también violenta los derechos humanos de las personas con VIH al no resolver las denuncias que se han interpuesto. Se ha negado a conocer la Iniciativa 6396 cuando es parte de sus compromisos. Ya se han enviado correos a la Procuraduría, mismos que no han tenido ninguna respuesta”, manifestó una representante de la Coordinadora. 

Según datos de la Red Legal, ninguna de las más de 34 defensorías de la PDH reportó denuncias por violación a los derechos humanos de personas con VIH, durante todo el 2023. Mientras, la Red documentó 859 casos en el mismo período, lo que evidencia grandes deficiencias en el sistema gubernamental de denuncias, registro y acompañamiento para las poblaciones seropositivas. Desde junio, la Coordinadora solicitó una audiencia con el Procurador José Alejandro Córdova para conocer la Iniciativa 6396, pero hasta la fecha no se les ha concedido. Exigen también que se dé seguimiento al cumplimiento de la sentencia Cuscul Pivaral, dictada en el año 2018 en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado guatemalteco violó los derechos a la salud, la vida, la integridad personal y a la protección judicial de 49 personas pobres con VIH, al no proporcionarles un tratamiento antirretroviral adecuado ni el cuidado médico que necesitaban. 

En la sede de la PDH, responsables de la Defensoría de Salud y de Comunicaciones recibieron el memorial y entregaron un comunicado de parte de Córdova, donde asegura que la Procuraduría “ha impulsado acciones decisivas para asegurar la atención adecuada y el respeto a los derechos de las personas con VIH”. Dichas afirmaciones, refirieron los miembros de la Coordinadora, no reflejan la realidad de su trabajo, ni representa ningún compromiso con sus peticiones.

Mujeres y VIH

Contrario a los prejuicios que existen sobre las personas seropositivas, la mayoría de mujeres contraen el VIH de un hombre con el tienen, o tenían, una relación monógama. Esto vuelve a las amas de casa un grupo vulnerable, pues desconocen el riesgo en el que se encuentran y no suelen acudir a los servicios de salud hasta que ya están en una fase avanzada, señaló Gabriela Dávila.

Guatemala tiene los niveles de transmisión maternoinfantil del VIH más altos en Latinoamérica: 1 de cada 4 mujeres embarazadas transmite el virus a sus hijas e hijos, siendo esta una de las razones principales por las que hay más de  mil 800 niños y niñas con VIH. Y sólo el 44% de las gestantes que viven con el virus reciben medicamentos antirretrovirales, según un informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW).

“Actualmente, el protocolo para todas las mujeres con VIH positivo que salen embarazadas es hacerles una cesárea”, indicó María Dolores, de la Red Legal. “Las mujeres con carga viral baja y defensas altas pueden tener un parto vaginal, lo cual es un derecho. Con la debida atención, con el protocolo adecuado se puede no transmitir el VIH al bebé”. El tratamiento preventivo reduce la probabilidad de transmisión a menos del 5%.

ONUSIDA señala la desigualdad de género como una causa importante en la propagación del virus en mujeres. La violencia sexual, la falta de garantías en el trabajo sexual (de las cuales la gran mayoría son mujeres trans y cisgénero), el matrimonio infantil y las dinámicas de poder desiguales en las relaciones sexuales son parte de los factores que ponen en riesgo a mujeres, adolescentes y niñas.