El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizó este martes una conferencia de prensa para solicitar la libertad inmediata de la exfiscal Virginia Laparra, además  investigar a las personas que han impedido que ella salga de la prisión.

Por: Eslly Melgarejo

Claudia González, Geraldine López y  Alfredo Ortega forman el equipo de defensa de la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, que apoyados por diversas organizaciones de la sociedad civil,  informaron sobre la resolución del GTDA, que considera arbitraria y, por lo tanto, contraria al derecho internacional, la situación actual de Virginia.

En la resolución 24/2023, el GTDA pide  al Estado de Guatemala “liberar” a Virginia “sin dilación”,  además de concederle las reparaciones correspondientes por lo sucedido. Ese organismo de las Naciones Unidas también detalló que “lo que hicieron con Virginia se ha dado sólo en regímenes autoritarios”, porque la detención  no tiene base legal, y el Estado no demostró que hubiese riesgo de fuga durante el proceso penal en contra de la exfiscal, ni por qué era razonable que permaneciera en prisión. 

“Lo que sí evidenciaron es que su detención sí fue por ejercer su derecho de defensa”, indicó el abogado Alfredo Ortega.

Una detención que violenta pactos internacionales 

La detención de Virginia es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 914. Este es un tratado suscrito y ratificado por el Estado de Guatemala desde 1992, cuenta con un rango constitucional y por ello el grupo de trabajo exige al Estado de Guatemala que deje inmediatamente en libertad a Laparra. 

El GTDA encontró que los órganos de justicia guatemaltecos incumplen su obligación de demostrar debidamente la necesidad que Virginia permanezca detenida, ni se ha demostrado la existencia de riesgo de fuga u obstaculización de la justicia. Además, el Grupo resolvió que la prisión es una medida excesiva y que no corresponde con los delitos menores y no violentos de los que se acusa a la exfiscal.

La resolución del grupo reiteró  que Virginia  está detenida por ejercer los derechos y libertades fundamentales, que reconoce y protege el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Toda persona acusada tiene el derecho a defenderse, a través de los recursos que la ley le otorga, y ser detenida por ejercerlo es una respuesta inadecuada y contraria a las obligaciones del Estado de Guatemala.

La abogada Claudia González, también expresó lo que procede ante esta decisión  internacional: “nosotros instamos y vamos a requerir la revisión de las medidas de coerción, para nuevamente señalar que han variado las circunstancias para que Virginia se mantenga en prisión, por lo que debe quedar en libertad”.

Exigen una investigación

Además, el grupo de trabajo   de las Naciones Unidas exigió al Estado de Guatemala  que sean investigadas las personas responsables por la perpetración y violacion de los derechos humanos de Virginia a quien en reiteradas ocasiones se le ha negado una medida sustitutiva. 

“Estamos considerando requerir al Ministerio Público que inicie la investigaciones en contra de las personas responsables de mantener en prisión a Laparra por 15 meses sin una justificación legal y por las extremas condiciones en las que se encuentra” aseguró la abogada Claudia González.

Alfredo Ortega puntualizó que ya fue agotado el proceso y se demostró que la detención de Virginia es ilegal,  por lo que el Estado tiene un plazo de 6 meses para pronunciarse sobre las medidas que tomará para cumplir lo señalado por ese grupo de las Naciones Unidas, ya que  no puede apelar ante este órgano colegiado.