La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, presidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, negó la solicitud de medidas sustitutivas a Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, quien en 2017 fungía como subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), por sospecha de obstaculización a la averiguación de la verdad. Marroquín Carrillo enfrenta un juicio por la masacre de niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017.

Por Simón Antonio Ramón

El abogado Jorge Héctor Ernesto Paul Pineda, defensor de Marroquín Carrillo, señaló como argumentos a favor de su defendida, una denuncia presentada por Vianey Hernández, madre de Hashley Angeli Rodríguez, una de las niñas que murió en la masacre, por coacción en el Ministerio Público (MP) que posteriormente fue desestimada, y las medidas sustitutivas concedidas a otras personas procesadas en este caso.

Las denuncias de coacción

Los hechos de la denuncia al que se refirió el abogado ocurrieron el 25 de abril de 2022, cuando una persona se acercó a Vianey Hernández, querellante en el caso, en nombre de la acusada, lo que fue considerado como coacción y de lo cual se derivó la denuncia.

El MP, a través del fiscal Edgar Gómez, señaló que aparte de la denuncia que realizó Vianey Hernández, también una persona identificada como Testigo O, denunció que había sido intimidado y coaccionado por Marroquín Carrillo y Luis Armando Pérez Borja, quien también es procesado en el caso y fungía como inspector de la PNC.

El fiscal del MP señaló que existen otros testigos que han recibido coacciones de parte de la acusada, cuando ella pedía copias de sus declaraciones y les advertía en su momento que gozaba del apoyo del director general de la PNC, Nery Ramos, actual diputado por el partido Azul y presidente del Congreso.

El abogado defensor de Marroquín Carrillo, señaló que la desestimación de la denuncia  de Vianey Hernández se debió a la falta de interés. El señalamiento fue revertido por la abogada Juanita Pérez, en representación de la querellante, quien señaló que “en el documento puesto a la vista no hay un apartado donde se indica que el estatus sea precisamente por eso, esta denuncia que promovió en su momento en esta causa, sí proporciona esa información, de que en su momento se tuvo ese acercamiento para coaccionarla”.

Persiste el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad 

Tanto la fiscalía como los querellantes representados por la Fundación Sobrevivientes, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, señalaron que hay otros testigos que pueden ser inducidos.

En la resolución, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes señaló que los parámetros para que se otorguen medidas sustitutivas deben superarse el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. “Para este tribunal, se considera que ese peligro de obstaculización de averiguación de la verdad no ha sido desvanecido hasta este momento”, por lo que la solicitud de la medida sustitutiva, fue negada.