La Fiscalía a cargo del fiscal Ángel Saúl Sánchez apeló la resolución del juez que dictó falta de mérito en dos delitos a favor de las personas procesadas en el caso USAC y busca que regresen a la prisión.

Por Regina Pérez

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural apeló este miércoles la resolución de falta de mérito que el juez Víctor Cruz dictó en los delitos de asociación ilícita y sedición a favor de las seis personas que están siendo procesadas en el caso Toma de la Usac: Botín Político, así como las medidas sustitutivas de las que gozan, mientras esperan la acusación del Ministerio Público (MP).

El pasado lunes por la noche, Marcela Blanco, Javier de León, los profesores Eduardo Velásquez y Alfredo Beber, el sindicalista Jorge Macario y el decano Rodolfo Chang recuperaron su libertad, luego de permanecer 11 días en prisión, tras ser detenidos el 16 de noviembre bajo cuatro cargos: asociación ilícita, sedición, depredación de bienes culturales en forma continuada y usurpación agravada en forma continuada.

Las personas procesadas recuperaron su libertad mientras esperan que la Fiscalía avance con la investigación sobre la toma de la Universidad de San Carlos (USAC) y presente el acto conclusivo, en mayo de 2024. Sin embargo, el MP busca que el juez Víctor Cruz revoque las medidas sustitutivas que les concedió y que regresen a prisión pues considera que existe peligro de que obstaculicen la investigación.

Según informó la Fiscalía, las personas sindicadas incumplieron con dichas medidas al comunicarse con el diputado del partido Semilla, Samuel Pérez, minutos después de que finalizara la audiencia de primera declaración, la madrugada del sábado 25 de noviembre.

Pérez busca ser investigado por el MP que presentó una solicitud de antejuicio en su contra, porque considera que tuvo una participación en la toma de la USAC, hecho ocurrido entre mayo de 2022 y junio de 2023, cuando el estudiantado protestó en contra del fraude electoral en esa casa de estudios. El diputado llegó a la Torre de Tribunales a mostrar su solidaridad con las personas procesadas.

El MP presentó este caso el 16 de noviembre, por el que pidió 27 órdenes de detención, de las cuales únicamente se ejecutaron seis, en el cual busca detener a profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad.

El sábado 25 de noviembre, el juez Cruz, quien está incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE.UU., como actor corrupto y antidemocrático, ligó a proceso a las seis personas por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada y usurpación agravada en forma continuada y dictó falta de mérito por asociación ilícita y sedición.

Asimismo, les concedió medidas sustitutivas ya que sus abogados desvanecieron la posibilidad de que hubiese peligro de fuga u obstaculización de la investigación, mediante la presentación de cartas de recomendación, recibos de servicios que acreditan el lugar de la residencia y antecedentes penales y policíacos.

El caso USAC ha llamado la atención nacional e internacional por ser una muestra de la judicialización del proceso electoral por parte de Consuelo Porras, ya que la investigación también está dirigida contra el binomio presidencial electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

El eurodiputado Miguel Urban manifestó en un video que siguen con atención estos hechos y expresó: “no vamos a permanecer impasibles ante la represión política y el intento de golpe de Estado en Guatemala, exigimos el cese inmediato de la represión contra el movimiento universitario, así como la integridad y derechos de las personas detenidas”.

En Guatemala, la población se volcó en solidaridad con las personas detenidas apoyándoles a reunir la fianza de Q10 mil que les impuso el juez Cruz a cada una.