Un año ha transcurrido desde que finalizó el juicio del Caso Mujeres Achí. En él, el Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció a 30 años de prisión a 5 ex patrulleros de autodefensa civil por la violencia cometida contra mujeres de Rabinal, Baja Verapaz, durante la guerra interna. Sin embargo, 5 apelaciones aún no resueltas no permiten que la sentencia sea definitiva. 

La lucha comenzó en 2011, cuando 36 mujeres Achí denunciaron ante el Ministerio Público (MP) la violencia sexual y esclavitud doméstica a la que miembros de patrullas de autodefensa civil y el ejército las sometieron. Esto durante el período de 1981 a 1985, los años más crudos de la guerra interna en Guatemala. Siete años después, el MP presentó el caso ante los tribunales correspondientes. 

Sin embargo, solo se utilizaron los testimonios de cinco sobrevivientes: Marcela Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez, Margarita Alvarado Enríquez, Estefana Alvarado Sic y Pedrina López Paz. Se ligó a proceso únicamente a cinco expatrulleros de autodefensa civil, cuyos nombres son Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, quienes habitaban en la comunidad de las sobrevivientes. De esta manera, se negó el involucramiento del Ejército de Guatemala en los crímenes, aún cuando esta entidad fue quien creó las patrullas durante la guerra. 

Durante este período, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la violencia sexual se utilizó de manera generalizada, masiva y sistemática. En 2016, el sistema de justicia sentenció a un excomandante de la base militar Sepur Zarco y a un excomisionado militar por los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica contra las mujeres de dicha localidad. 

El juicio del Caso de las Mujeres Achí comenzó el 5 de enero del 2022. Durante tres semanas, el tribunal escuchó los testimonios de las 5 sobrevivientes de violencia sexual, así como de sus familiares. Se presentó, también, una serie de peritajes antropológicos que permitieron comprender el contexto en el que los crímenes fueron cometidos. El 24 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, dictó una sentencia condenatoria contra los cuatro implicados. 

Las impugnaciones

El tribunal condenó a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino a 30 años de prisión inconmutables por violencia sexual y a Gabriel Cuxum Alvarado, Damian Cucum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado a la misma pena por los delitos de esclavitud y violación sexual. Estas acciones, además, fueron reconocidas como crímenes de guerra y lesa humanidad. 

Desde su emisión, la sentencia del caso de las Mujeres Achí ha sido impugnada en 5 ocasiones. Según la abogada defensora Lucía Xiloj, en ellas, los condenados no niegan su involucramiento en los delitos. Más bien, afirman que los cometieron como individuos particulares, por lo que señalan que no se trata de un delito de lesa humanidad y solicitan que se les prescriba la responsabilidad penal. 

La legislación guatemalteca señala que algunos delitos ya no pueden ser juzgados después de que cierto período de tiempo haya transcurrido. Por medio de esta herramienta, entonces, los condenados buscan revertir sus condenas. 

Aunque han pasado seis meses desde la presentación de las impugnaciones, el sistema de justicia no las ha resuelto. La abogada Xiloj se presentó a Torre de Tribunales durante enero para preguntar por el estado de las mismas y le señalaron que se resolverán durante el siguiente mes. Mientras esto sucede, la sentencia carece de firmeza.

La búsqueda de justicia 

Después de la emisión de la sentencia del caso de las Mujeres Achí, el 27 de febrero del 2022, el tribunal dictó 19 medidas de reparación digna para las sobrevivientes y sus comunidades. Solicitó, también, que el Estado reconozca su implicación en los crímenes. Sin embargo, desde ese momento, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha negado la responsabilidad del gobierno en turno. Además, “persiste en incumplir el deber internacional de reparar las violaciones graves a los derechos humanos”, según el Bufete de Rabinal, abogadas defensoras de las sobrevivientes.

Las abogadas del Bufete de Rabinal continuarán acompañando a las sobrevivientes hasta lograr que la sentencia sea firme. “Las defenderemos y continuaremos exigiendo su cumplimiento. Continuamos firmes en la lucha por la justicia”, expresaron.

Máxima Valey, una de las 36 mujeres Achí que buscan justicia, fue quien presentó el memorial. “Hemos venido a pedir fuerza para nosotras (...) Queremos que el gobierno admita todo lo que ha cometido contra las mujeres indígenas. Esperamos que la Sala de Apelaciones cumpla con nosotras. Ya pasó un año, queremos que el Estado nos reciba como víctimas”, expresó.