El pasado viernes 21 de junio, el caso de las mujeres Achi’ dio un giro inesperado cuando la jueza Claudette Domínguez del juzgado de Mayor Riesgo “A”, decidió dejar en libertad a seis ex Patrulleros de Autodefensa Civil (Ex PAC), quienes son acusados de la violación sexual en contra de una treintena de mujeres Achi’, originarias de Rabinal, Baja Verapaz.

En 2012, 35 mujeres de Rabinal, Baja Verapaz, se reunieron para denunciar las violaciones sexuales en su contra a principios de la década de 1980, uno de los periodos más cruentos de la historia reciente de Guatemala.

El Ministerio Público (MP) y el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, han acompañado este caso desde entonces. Las investigaciones realizadas por la fiscalía señalan como responsables a los expatrulleros Bembenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino, Juan Cecilio Guzmán Torres, Pedro Sánchez Cortez, Damián Cuxum Alvarado, Simeón Enrique Gómez y Félix Tum Ramírez

Los acusados fueron detenidos el 10 de mayo del 2018, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC) en un operativo los capturaron por el delito contra los deberes de la humanidad, por la violación sexual de 35 mujeres Achi’ que se atrevieron a denunciarlos.

Tres de los acusados lograron escapar. Uno de ellos fue detenido recientemente en Estados Unidos y será extraditado a Guatemala después que cumpla la sentencia por los delitos que se le imputan en ese país y uno de los siete falleció tres meses después de su captura.

La etapa intermedia

En abril de este año la jueza Claudette Domínguez del juzgado de Mayor Riesgo A, luego de escuchar los argumentos de la abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quien lleva la representación de cinco de los sindicados, aseguró que la acusación del MP tenía errores y que los testimonios de las víctimas se contradecían.  El abogado Julio César Colindres, representante de Cuxum Alvarado, la secundó y pidió a la jueza Domínguez desestimara dichas acusaciones en contra de los seis sindicados.

La decisión de la jueza

El pasado viernes 21 de junio se llevó a cabo la audiencia de acto conclusivo en donde decidiría si los acusados irían o no a juicio oral y público. Previo a esta decisión daría sus argumentos.

En la sala de audiencias acompañaron miembros de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), periodistas, algunas personas de la sociedad civil y por supuesto un gran número de mujeres achi’.

La jueza enumeró los elementos de prueba presentados por el MP y la parte acusadora. Hizo énfasis en que las víctimas brindaron su denuncia y testimonio en las oficinas del Bufete Jurídico en Rabinal, y no en la sede de la Fiscalía, en ese mismo municipio.  Aseguró también que los documentos presentados por el ente investigador no proporcionan la información necesaria para probar la temporalidad en la que los sindicados formaron parte de las patrullas.

La juzgadora finalmente cerró el caso para los sindicados Simeón Enrique Gómez, Pedro Sánchez Cortéz y Felix Tum Ramírez; para los hermanos Ruiz Aquino y Damián Cuxum Alvarado, será hasta que el Ministerio Público presente documentos que acrediten la participación de estos tres con las Patrullas de Autodefensa Civil y otros documentos para que se pueda cerrar el caso.

Lo que viene

La jueza Domínguez programó la entrega del acto conclusivo para el 19 de julio y la audiencia en la que determinará si son o no enviados a juicio estos últimos tres procesados, quedó programada para el 5 de agosto a las 9:30 am.

Las abogadas que representan a las mujeres Achi’ afirmaron que recurrirán a las herramientas legales para revertir la decisión de la jueza y que apelarán para seguir exigiendo justicia.

Las PAC

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) establece que las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del General Romeo Lucas García.​ El mismo estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe denominado Reclutamiento Forzoso para las Patrullas de Autodefensa Civil indica que “las primeras PAC se institucionalizaron en el departamento del Quiché y rápidamente llegaron a Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, Petén, San Marcos y Suchitepéquez.

Durante su existencia las patrullas fueron responsables de miles de abusos, especialmente durante el gobierno del General Ríos Montt. Un informe de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en 1994 registró que las PAC estuvieron implicadas en 1731 casos de abusos contra los derechos humanos, incluyéndolos en la participación de 342 matanzas.