El 19 de agosto a las 10:00 a.m. se tiene prevista una audiencia de revisión de medida de coerción para los militares Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Luis Gordillo Martínez, sentenciados por delitos contra deberes de la humanidad, violación y desaparición forzada en el caso Molina Theissen.

La sala primera de mayor riesgo de la corte de apelaciones convocó a esta audiencia de revisión de medida de coerción de los generales Lucas García, Callejas y Callejas: y del coronel Gordillo Martínez. En el caso del exoficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, no solicitó revisión pero podría unirse en la audiencia programada para el miércoles.

Según el abogado Héctor Reyes Chiquín, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), usualmente la sala convoca de oficio cada cierto tiempo para indicar a través de un memorial que las personas que han sido sentenciadas se mantienen en la misma situación de prisión. En este caso, según el abogado, la peculiaridad es que la propia sala convocó a audiencia de revisión de medida de coerción por el tema de la pandemia de la covid-19 y no los sindicados a través de sus abogados.

El abogado argumenta que en otros casos que Caldh acompaña no se había dado esta solicitud de oficio por parte de la sala, puesto que se trata de delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y violaciones, por lo que temen que las influencias de estos militares que ya han recibido sentencia les privilegie con arresto domiciliario o libertad bajo fianza.

Sobre el tema, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), publicó en su sitio web que en este caso emblemático, si a los sentenciados se les otorga una medida sustitutiva existe una alta probabilidad que escapen de la acción de la justicia. Esta preocupación radica en la sentencia de supervisión de doce casos contra el Estado de Guatemala en los que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) identificó como un factor de impunidad: la no detención de funcionarios estatales, su fuga de los centros carcelarios y la alta dificultad de recapturarlos.

Al respecto, el Código Procesal Penal en su artículo 277 menciona que el imputado puede pedir una medida y provocar que examinen cualquier medida de coerción que ha sido impuesta, siempre y cuando las circunstancias que dieron origen a su arresto hayan cambiado. Por su parte, la CIDH señala que es inadmisible cualquier disposición que pretenda excluir de responsabilidad o impedir la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

La sentencia

El 22 de mayo de 2018, el tribunal C de Mayor Riesgo, presidido por el juez Pablo Xitumul de Paz consideró que los militares acusados participaron directamente diseñando el plan contrainsurgente y también ordenaron los operativos para capturar y torturar a Emma Molina Theissen, quien fue torturada y violada por soldados durante nueve días.  Cuando Emma pudo escapar, capturaron y desaparecieron a Marco Antonio, su hermano de tan solo 13 años.

Por el delito de deberes contra la humanidad fueron condenados a 25 años inconmutables  Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.

Además por los delitos de desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, fueron condenados a 25 años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas.

Y por el delito de violación fueron sentenciados a ocho años de prisión Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas.

Otros militares que buscan salir de la cárcel

Otros militares que han querido recibir el beneficio de la medida sustitutiva son los sindicados en el caso conocido como Creompaz,  quienes solicitaron revisión de medida el pasado 19 de mayo, argumentando el peligro de contagio por la covid-19.  La Jueza Claudette Domínguez declinó esta solicitud a los exmilitares José Antonio Vásquez Martínez, Cesar Augusto Ruiz Morales, Cesar Augusto Garavito Morán, Bayron Humberto Barrientos Díaz y  Cesar Augusto Vásquez García, este último solicitó nuevamente dicha revisión de medida, por la cual la jueza pidió algunos informes y resolverá según ella considere.  Para esta resolución aún no hay una fecha programada de audiencia.