Por: Quimy De León

Pasado medio día dio inicio la audiencia declaración, que estaba programada para las 8 de la mañana, ya que no habían sido trasladados. Los detenidos son Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas acusada de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos – PDH, acusada de los delitos de maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de Deberes,
Harold Augusto Flores Valenzuela, Jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación – PGN acusado de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.

Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil acusado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.

Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, Sub-Inspectora de Policía Nacional Civil acusada de los delitos de homicidio y maltrato contra personas menores de edad

A pesar de las capturas hay preocupación por impunidad, ayer las familias de las menores, plantearon que estas capturas son aún insuficientes y esperan que el Ministerio público haga su trabajo.

Si bien es cierto parecería ser un avance la detención de estas cinco personas, los delitos de los que se les acusa siguen siendo los mismos que están en el proceso penal abierto, donde están detenidos y presos los ex funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, ex director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El Ministerio Público no está investigando sobre la privación de la que fueron víctimas las niñas, la tortura e incluso desaparición forzada. Está únicamente en cuestión el hecho de haber realizado acciones u omisiones para que ellas fueran puestas a disposición de la Policía Nacional Civil la madrugada del 8 de marzo. Sobre las condiciones en las que se prendió el fuego y el hecho de haberlas dejado encerradas, no está en tela de juicio.

El juez resolvió reducir los delitos que dieron como consecuencia heridas graves a 15 niñas

En conferencia de prensa el viernes 9 de junio el abogado Rafael Maldonado representante de algunas familias, dijo “estamos consternados y preocupados de que el juez del juzgado cuarto de primera instancia penal, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, se redujo el delito de lesiones graves a lesiones culposas, esto podría llegar a imponer una pena máxima de dos años por todos y cada uno de los casos. Por este delito hay 15 niñas que están graves, algunas sufrieron de amputaciones, quemaduras, y daños psicológicos graves, incluso algunas de ellas están sin protección y apoyo del Estado. Dijo que también les preocupa que el juez resolvió reducir el período de investigación y con esto terminará el 6 de julio de este año.

No se está investigando sobre la detención ilegal de la que fueron víctimas las niñas

Preocupa a los querellantes representados por la Fundación Sobrevivientes y Rafael Maldonado el hecho de que este sea un caso de impunidad, ya que el Ministerio Público no está investigando sobre la detención y privación de la libertad de las niñas. Según el abogado Maldonado hay “medios de prueba en donde se ha declarado que la intención clara de Anahí Keller, del secretario de Bienestar Social y del director del Hogar Seguro fue la de detener ilegalmente a las menores en el Hogar Seguro.

El MP no ha investigado desde esta perspectiva este hecho, estamos a las puertas del mayor caso de impunidad del país, ante la muerte de 41 niñas y ante las lesiones graves de 15 de otras además. Si el MP no endereza la investigación en este momento, el caso para los tres sindicados va a quedar en total impunidad.

Hacemos un llamado a la señora fiscal general Thelma Aldana, para que en las mesas de caso, se analice la investigación en torno al delito que corresponde, que son desapariciones forzadas y muerte por desaparición porque de lo contrario se acabara el plazo para poder perseguir penalmente a los 3 funcionarios.”

A solicitud del abogado en la audiencia el juez dejó abierta en la resolución para que el Ministerio Público investigue y afirmó que no reformaba el delito porque no era el MP quien lo estaba pidiendo. “Por lo tanto en este momento corresponde a la fiscalía especial de Femicidio enderezar la investigación si realmente quiere buscar justicia en el país.

No podemos permitir que se impongan por esos delitos solamente a los sindicados, no sería justo, seria inhumano y seria nuevamente cubrir al país con el manto de la impunidad. Creemos que hay voluntad política de la licenciada Thelma Aldana, pero ha habido limitaciones en la fiscalía de Femicidio para perseguir el delito de desapariciones forzadas.”