Continúa la fase de valoración de pruebas en el juicio contra ocho exfuncionarios, por la muerte de 41 niñas y las lesiones que sufrieron las 15 sobrevivientes en un centro de protección y abrigo estatal. En la audiencia del 9 de enero, la fiscalía reprodujo grabaciones de varias llamadas telefónicas realizadas a la Policía Nacional Civil por vecinos y vecinas de San José Pinula para reportar la fuga del Hogar de varios niños, niñas y adolescentes el 7 de marzo del 2017. 

Por Jasmin López

De acuerdo a los reportes, un grupo de “más de veinte” jóvenes se escapó ese día, para luego esconderse entre la arboleda continua al albergue. Las y los vecinos se refirieron al Hogar como una “cárcel de menores”, idea que sigue muy extendida y criminaliza a las víctimas. Sin embargo, ha sido aclarado en múltiples ocasiones que las infancias internadas en el Hogar no estaban en conflicto con la ley ni representaban un peligro para la sociedad sino que, por el contrario, fueron puestas bajo la tutela del Estado para protegerlas.

Entre las llamadas hay una realizada por un agente de la Comisaría 11 solicitando refuerzos para el lugar. En el audio se menciona que una subinspectora ya se encontraba en el lugar, refiriéndose probablemente a Lucinda Marroquín, la única mujer con ese cargo que estuvo allí durante el suceso. Marroquín está imputada por maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo, pues se la señala de haber encerrado a las 56 niñas en un estrecho salón y de negarse a dejarlas salir durante el incendio.

El oficial indicó que las y los familiares de las niñas internadas ya habían llegado al lugar y que se congregaron en la entrada, donde esperaron por noticias de sus hijas e hijos. 

Los testimonios que faltan

Tras haber transcurrido siete años desde que ocurrió el siniestro, la fiscalía ha enfrentado dificultades para localizar a varios testigos. En la audiencia, el titular del MP notificó a la jueza de la renuncia de varios de ellxs, por haber migrado a otro país o por resultarles complicado viajar hasta la Torre de Tribunales, en la ciudad de Guatemala.

La fiscalía informó, además, que se tiene prevista la declaración del exdirector de la Policía Nacional Civil y actual presidente del Congreso, Nery Ramos, para el 13 de enero, así como la de más sobrevivientes, quienes ya son adultas. 

El proceso penal, que comenzó el 10 de enero del 2024, podría extenderse hasta junio del presente año.