En la audiencia realizada este lunes 26 de agosto, los testigos se presentaron en Torre de Tribunales para rendir su declaración. Entre ellos están dos miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia en el Hogar Seguro.

Por Jasmin López

Continúa el juicio en contra de los 12 exfuncionarios del Estado acusados en el #CasoHogarSeguro. En la nueva audiencia, a la que también asistieron la exsubsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) Anahí Keller, y la exsubinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC) Lucinda Marroquín, ambas señaladas en el caso.

Fueron citados a testificar los bomberos voluntarios José Luis Rivas y Julio René Álvarez, quienes atendieron la emergencia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017.

Rivas, según su testimonio, fue quien rompió con un extintor el candado de la puerta del aula donde estaban encerradas las 56 niñas y adolescentes, de las cuales 41 fallecieron debido a las quemaduras sufridas, y 15 sobrevivieron con lesiones graves. Aseguró también que los encargados del Hogar tardaron cinco minutos en abrir el portón para que ingresara la ambulancia.

Por su parte, Álvarez declaró que la llamada que recibió su unidad fue para atender un amotinamiento y  auxiliar a una persona herida con arma de fuego, y no por un incendio, por lo que no contaban con el equipo adecuado para ese tipo de emergencias. Al llegar al Hogar, tuvieron que esperar una cierta cantidad de tiempo, que no recuerda con certeza, para que les permitieran ingresar, a pesar de que la sirena de la ambulancia estaba encendida y de que alguien (no identificado) ya los había visto por la ventanilla del portón. No fue hasta que un colega le avisó que había varias personas heridas que pidió más unidades.

En el lugar, narró, ya se encontraban presentes agentes de la PNC. 

En la sesión, los abogados representantes de las familias querellantes también presentaron documentación fotográfica y documental, conformada por certificados de nacimiento, actas de defunción y fotografías de la diligencia de levantamiento de los cuerpos de algunas de las menores de edad.

La próxima audiencia fue aplazada para el jueves 28 de agosto.

Prevalece la impunidad

Siete años después del incendio, todos los acusados están en libertad bajo medidas sustitutivas. Lucinda Marroquín fue la última implicada en salir de prisión, el miércoles 14 de agosto de este año.

Todas y todos los señalados tenían algún cargo en el Gobierno en el que eran responsables de garantizar la seguridad y bienestar de las menores, sin embargo se observó negligencia de parte de todos ellos en sus respectivas funciones, lo que finalmente llevó a la tragedia del 8 de marzo.

Actualmente, enfrentan cargos por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra menores de edad, lesiones culposas y homicidio culposo, pero, ante este panorama, la obtención de justicia es dudosa.