El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal realizó el día tres del juicio del Caso Hogar Seguro el pasado 16 de enero. En ella, Carlos Rodas, exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) presentó su declaración. Los exfuncionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) Lucinda Marroquín y Luis Pérez Borja solicitaron que se les brinden medidas sustitutivas, petición pendiente de resolver por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes. 

En el tercer día del caso Hogar Seguro, la jueza escuchó el testimonio del exsecretario de la SBS, Carlos Rodas, quien es acusado de cinco delitos, entre los cuales se encuentra maltrato de menores de edad y homicidio culposo. Rodas comenzó invocando el nombre de Dios y resaltando que es una persona “creyente” por lo que “diría solo la verdad”. Durante su intervención manifestó, en múltiples ocasiones, que el 8 de marzo de 2017, actuó bajo el principio de interés superior del niño, sustentado a lo señalado por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), un instrumento jurídico que busca el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia. 

Según la versión del exsecretario, el 7 de marzo se conformó una mesa técnica para solucionar la situación con las y los adolescentes del Hogar Seguro, que manifestaban los malos tratos que en él recibían. En ella participó Carlos Rodas, Anahy Keller Zavala,  exsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS, Harold Flores, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN),  Gloria Castro, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Luis Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la PNC , quien tuvo un papel pasivo y únicamente sugirió que “se diera tiempo para que las y los menores se cansaran”. Esta se reunió constantemente afuera del muro perimetral, desde aproximadamente las 16:30 horas hasta la media noche.

Rodas afirmó que entre las 22:00 horas y media noche, llamó tres veces a la jueza de Paz de San José Pinula con el objetivo de que solicitara una exhibición personal para los y las niñas y adolescentes. Ella es Rocío Albany Murillo Martínez, integrante del tercer grupo de acusados por el caso. La juzgadora se presentó el día siguiente, cuando el incendio ya había ocurrido.  

El exsecretario afirmó que, en conjunto, los exfuncionarios tomaron la decisión de ubicar a los varones en un auditorio. Las niñas y adolescentes, por otro lado, fueron encerradas en un salón pedagógico en condición de hacinamiento, pues solo cabían 11 de ellas acostadas. La decisión fue basada en “la necesidad de que las niñas tuvieran un baño cerca”, señaló Rodas.  

“Lo que el Ministerio Público (MP) llama un encierro, nosotros lo llamamos un abrigo, un albergue”, indicó Rodas. Según el exfuncionario, las decisiones tomadas por la mesa técnica incluyeron un análisis de género. Cuando el MP le preguntó el motivo del encierro, respondió: “fue en búsqueda del interés superior del niño”.  

Rodas se retiró de las instalaciones del Hogar Seguro a las 3 de la mañana, según su declaración. Decidió irse porque “para ese momento, todo se encontraba bajo control”, señaló. Dijo que dio instrucciones de brindar abrigo a las y los niños, es decir, alimentarlos y garantizar sus necesidades básicas. A las 8:00 horas aproximadamente del 8 de marzo, se comunicó con el director del centro, quien le dijo que la situación marchaba bien y le informó que las niñas habían recibido su desayuno.  

Según Rodas, el fuego fue “imposible de preveer”. En su declaración, el exsecretario defendió el actuar de los funcionarios presentes en el lugar, calificándolo como “respetuoso” y “sin violencia”. Dijo que la presencia de la PNC había sido únicamente fuera del perímetro del lugar.  

Carlos Rodas se declaró inocente durante su declaración. “Di instrucciones de brindar abrigo (...) No puedo estar en una posición de garante si no estaba en el lugar”, explicó, aún cuando esa es la función de la institución que dirigía. Durante el interrogatorio, respondió que no comunicó el suceso a sus superiores, entre los que se encuentra el expresidente de la República Jimmy Morales, a quienes mujeres organizadas exigen se juzgue por este caso.

El caso  

Casi siete años han pasado desde aquel 7 de marzo de 2017, cuando 56 niñas que se encontraban bajo la tutela del Estado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y manifestaron en contra de los malos tratos y condiciones que vivían en el centro, fueron encerradas en un salón. En el espacio ocurrió un incendio y, a pesar de los gritos y la desesperación de las niñas, la puerta que les permitiría salir no se abrió. 41 niñas murieron: 19 de ellas en el lugar y las otras 22 en hospitales los días posteriores. Las 15 sobrevivientes cuentan con heridas físicas y emocionales que las acompañarán por el resto de sus vidas.  

Los acusados por el caso fueron divididos en tres grupos, cuyos procesos judiciales se encuentran en distintas etapas. El primero fue enviado a juicio, el cual iniciaría el 11 de febrero de 2019. Sin embargo, el proceso fue suspendido en más de 11 ocasiones, bajo excusas como una bocina rota y la ausencia de abogados defensores. El juicio inició, finalmente, el 10 de enero de 2024. Son acusados Carlos Rojas, Anahy Keller, Gloria Castro, Harold Flores, Santos Torres y Luis Pérez Borja. También Brenda Chamán, del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la SBS y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la comisaría 11 de la PNC.  

A los ocho exfuncionarios se les acusa por sus acciones, pero también, por sus omisiones que llevaron al asesinato de las 41 niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.

Acusados solicitan medidas sustitutivas 

Solo dos de los acusados en el caso Hogar Seguro se encuentran en prisión preventiva: Lucinda Marroquín y Luis Pérez Borja. El 16 de enero, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes conoció su solicitud de medidas sustitutivas en una segunda audiencia. Los sindicados han presentado esta petición en aproximadamente otras 20 ocasiones a lo largo del proceso, según el MP. 

Según el Código Procesal Penal, la prisión preventiva es un instrumento que se utiliza cuando existe riesgo de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. En el caso de Marroquín y Pérez Borja, los abogados defensores señalaron que ambos elementos no se cumplían. El primero debido a que los acusados habían participado en todas las audiencias y porque tenían familias y una vida en Guatemala. El segundo, porque era “sumamente difícil acceder a los medios probatorios utilizados en el caso”, según señalaron. 

Para respaldar su argumentación, el abogado de Pérez Borja hizo referencia al caso de Virginia Laparra, exfiscal de la FECI beneficiada por una resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien resolvió que Laparra había cumplido ya el 45% de la pena de cuatro años de prisión conmutables a la que fue sentenciada. “Imagínense, ella que fue sentenciada pudo salir”, señaló.  

Según la defensa de Lucinda Marroquín, de ser sentenciada, ella ya habría cumplido su condena por el delito de maltrato de menores de edad, el cual considera una pena de prisión de 2 a 5 años, según el Código Penal. Sin embargo, el MP señaló que, en el Caso Hogar Seguro, la pena debería ser proporcional a la cantidad de víctimas: 56, por lo que la sentencia contra Marroquín podría alcanzar hasta los 280 años.  

El MP y querellantes adhesivos se opusieron a la solicitud de ambos sindicados. Según el ente investigador, existe evidencia de que Pérez Borja intentó coaccionar a dos personas que brindaron su testimonio sobre el caso en 2017. También existen registros de que Lucinda Marroquín intentó intimidar a las familias de las víctimas para “llegar a un acuerdo”, a través de terceras personas. Por este motivo, “sigue latente y muy fundamentado un peligro de obstaculización”, señaló el abogado de la asociación Mujeres Transformando el Mundo, organización querellante que representa a 12 de las víctimas.

 El juicio continuará el día 18 de enero. A las 8:30 horas, la jueza resolverá la solicitud de medidas sustitutivas para los exfuncionarios de la PNC. Dos horas después, iniciará la cuarta audiencia, donde se escuchará al resto de acusados que deseen declarar.

Casi siete años después del incendio, mucho ha cambiado en las vidas de las familias de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro. Algunas familiares han fallecido a la espera de la justicia y otras, han sufrido intimidaciones.

Ahora, el camino a la justicia finalmente comienza a destaparse.