La jueza Ingrid Vanesa Cifuentes escuchó las declaraciones de los acusados: Gloria Castro y Harold Flores, durante el cuarto y quinto día del juicio por el caso Hogar Seguro, realizadas el 19 y 22 de enero. En su relato, Flores identificó la presencia de Carlos Beltetón en el centro de protección, quien dijo estar de parte de “la Presidencia”.

Gloria Castro fungía como defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el 7 de marzo de 2017, cuando le avisaron que unas cien niñas, niños y adolescentes manifestaban en contra de las condiciones en las que habitaban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ese martes, Castro llegó a las instalaciones por la tarde.

“Traté de hablar con los adolescentes. Sin embargo, era muy difícil”, señaló Castro y agregó que ellas y ellos se comportaban de manera “violenta” y “agresiva”, durante su declaración el 19 de enero ante el Juzgado Séptimo de Sentencia Penal, en el cuarta día del juicio por el caso Hogar Seguro.

El Ministerio Público (MP) acusa a Castro del delito de incumplimiento de deberes por las muertes de 41 niñas y adolescentes y heridas graves de otras 15 como resultado de un incendio en el Hogar Seguro, el 8 de marzo de 2017.

Ese día existía también un conflicto con los monitores, según señaló Castro en su declaración. “No querían que los y las adolescentes que habían salido del hogar regresaran (...) Decían que eran asesinos, violadores y prostitutas”, indicó la acusada. Según su declaración, el personal del Hogar Seguro también responsabiliza a trabajadores de la PDH de la “satanización” del centro por sus declaraciones.

Esta no era la primera vez que las niñas y adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción se escapaban de las instalaciones. Entre agosto y septiembre del 2016, meses antes del incendio, 52 adolescentes también evadieron el proceso, según consignó un Informe de Acción Efectiva presentado por la PDH.

El MP acusa también a Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, incumplimiento de deberes y maltrato de menores de edad. Según la declaración de Flores, del 22 de enero del 2024, la PGN presentó una denuncia por los maltratos denunciados por las niñas y adolescentes que escaparon del Hogar Seguro, en 2016.

A raíz de la denuncia de la PGN, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia ordenó que la PDH realizará un monitoreo semanal de las condiciones del Hogar Seguro. En conjunto, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la PDH recomendaron el cierre paulatino del centro.

No obstante, el 11 de noviembre del 2016, la jueza sentenció que únicamente se mejoraran las condiciones del hogar para que cumplieran los estándares nacionales e internacionales para la atención de la niñez y adolescencia del centro. En palabras de Harold Flores, que se garantizara el derecho a la salud, alimentación, vestuario y educación y se “destruyera un área utilizada para castigos”.

Al igual que la exfuncionaria de la PDH, Flores llegó a las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 7 de marzo del 2017, a las 18:00 horas aproximadamente. En el lugar se encontraban ya otros de los acusados: Gloria Castro, Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, Anahy Keller, exsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Luis Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) y Santos Torres, exdirector de Protección Especial Residencial del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Los funcionarios integraron una mesa técnica improvisada, que funcionó durante la tarde y noche y les permitió tomar decisiones para solucionar la situación de las niñas y adolescentes.

A Gloria Castro la acompañó Ana Lucía Peláez, otra funcionaria de la PDH. Ella llamó a Gilda Morales, entonces procuradora adjunta II de dicha institución, quien les ordenó retirarse del lugar. Ambas se fueron a las 0:30 horas aproximadamente. Allí se quedó el personal de la PGN, SBS y PNC. “Todos los educadores aplaudieron cuando salimos”, señaló Castro en su declaración.

Al igual que meses antes, la PGN planeaba presentar una denuncia por los maltratos que las niñas denunciaron. Para ello, regresaría al hogar a las 9:00 de la mañana en compañía de personal psicosocial, para realizar entrevistas unilaterales con las niñas. Harold Flores se retiró del hogar a las 2:00 horas del 8 de marzo, según declaró.

Pero las entrevistas nunca ocurrieron. Cuando Flores regresó al hogar, el incendio ya había ocurrido, según su declaración. Gloria Castro, quien también planeaba volver al centro el 8 de diciembre, se enteró del suceso a través de los medios de comunicación. “Yo le pido, señora jueza, declararme inocente. Yo cumplí con mis deberes”, solicitó al terminar su declaración.

La exhibición personal que nunca llegó

La noche del 7 de marzo, Gloria Castro recibió una llamada de Giovanni Guzmán, otro trabajador de la PDH, quien le preguntó si consideraba necesario solicitar una exhibición personal a favor de las niñas. Respondió que sí, pues eso les permitiría buscar “orden y estabilidad”, señaló. Presentaron el recurso al juzgado de turno ubicado en la Ciudad Capital, quien lo trasladó al Juzgado de Paz ubicado en San José Pinula, pero la jueza no llegó.

Según Harold Flores, solo un juez podía decidir si las y los adolescentes que habían abandonado el proceso, es decir, que se habían escapado del centro, regresarían al hogar. Sin embargo, ante la ausencia de un juzgador que atendiera el caso, decidieron reingresarlas. “No había otro lugar (...) no teníamos otra opción”, afirmó.

Flores señaló que las niñas y adolescentes fueron reingresadas a las instalaciones del Hogar Seguro aproximadamente a las 0:30 horas del día siguiente. Según la investigación del MP, las 56 fueron ubicadas en un salón pedagógico, donde apenas cabían acostadas 11 de ellas. El exprocurador aseguró que no supervisó las condiciones del espacio, “la SBS iba a adecuarlo”, dijo. Tampoco se le informó sobre la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dentro del hogar.

La entonces jueza del Juzgado de Paz, de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, es acusada por los delitos de falsedad ideológica y retardo de justicia, al no ejecutar la exhibición personal. Ella llegó al Hogar Seguro el día siguiente a las 9:23 horas, cuando el incendio ya había ocurrido. Según la declaración de Flores, ese día llegaron también otros jueces de paz y de primera instancia, para realizar audiencias de desinstitucionalización de las y los niños y adolescentes que aún se encontraban en el centro.

Declaración ubica a Beltetón

Harold Flores también identificó la presencia de Carlos Abel Beltetón Morales en el Hogar Seguro, el 7 de marzo del 2017. “Dijo que iba en nombre de la secretaría o la presidencia, no recuerdo”, señaló. Después del incendio, Beltetón se presentó como representante de la SBS en una conferencia de prensa ofrecida por el gobierno de Jimmy Morales sobre lo ocurrido en el Hogar Seguro. Sin embargo, elPeriódico confirmó que, en realidad, fue contratado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).

Esta no es la primera vez que Beltetón es mencionado durante el proceso judicial. En la audiencia de primera declaración, el 12 de junio del 2017, el excomisario Luis Pérez Borja señaló que, el 7 de marzo del 2017, Beltetón se presentó en el lugar, llamó por teléfono a Jimmy Morales y se lo comunicó. Fue el entonces presidente de la República quien dio la orden de que cien policías tomaran el control del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, según declaró Pérez.

 Conoce aquí la declaración completa

Exfuncionarios de la PNC continuarán en prisión

Dos exfuncionarios de la PNC son acusados en el juicio del Caso Hogar Seguro. Ellos son Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la PNC, acusado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato de menores de edad y Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la comisaría 11 de la (PNC), acusada de homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato de menores de edad. Ambos son los únicos acusados en el caso que permanecen en prisión preventiva.

Los acusados presentaron una solicitud para ser beneficiados con medidas sustitutivas, como lo han hecho aproximadamente 20 veces durante el proceso, según el Ministerio Público (MP). Su defensa argumentó que los peligros de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad, elementos que justifican la prisión preventiva, según el Código Procesal Penal, se han desvanecido. El MP y los querellantes adhesivos se opusieron a la solicitud.

La jueza Ingrid Cifuentes señaló que, en ambos casos, no existe peligro de fuga. Esto fue fundamentado, según la juzgadora, en los diversos documentos que la defensa presentó como soporte, entre los cuales se encuentran sus pasaportes, recibos de energía eléctrica, certificados de nacimiento de sus hijos menores de edad y cartas de recomendación.

El MP aseguró que existen registros de que tanto Marroquín como Pérez Borja han intentado coaccionar a testigos y querellantes adhesivos del caso. La exsubinspectora se comunicó, a través de un tercero, con Vianney Hernández, madre de una de las víctimas con el objetivo de “llegar a un acuerdo con las madres”. Pérez Borja, por otro lado, interceptó a dos testigos cuando iban a declarar al MP y les dijo “que se pensaran bien lo que iban a declarar porque no sabían a lo que se estaban metiendo”, según señaló el testimonio.

Por estos motivos, la jueza considera que el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad continúa latente. Ambos exfuncionarios de la PNC permanecerán en prisión durante el juicio.

El juicio continuará durante el mes de febrero del 2024. El juzgado programó dos audiencias semanales donde se conocerán testimonios y peritajes.