La Real Academia Española (RAE) define a la tortura como grave dolor físico y psicológico con el fin de castigar a alguien para obtener algo a cambio, mientras que Amnistía Internacional agrega que la tortura también puede ser utilizada como castigo para difundir miedo en la sociedad.

Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, será operada mañana en el Hospital Nacional San Juan de Dios debido a que fue diagnosticada con miomatosis de medianos elementos, que son tumores en el útero; luego de atravesar una serie de obstáculos legales y burocráticos que demoraron su derecho a la salud. Según representantes de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, este caso evidenciaría una tortura institucionalizada en contra de Virginia.

La exfiscal se encuentra en prisión desde el 23 de febrero del 2022, debido a que el Ministerio Público (MP) la acusó por presentar cuatro denuncias éticas contra el exjuez de Mayor Riesgo y actual Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos. En diciembre pasado la jueza Oly González la condenó a cuatro años de cárcel, sin embargo, la sentencia no está firme porque las abogadas defensoras de Virginia presentaron una apelación.

El largo proceso para obtener salud  

Virginia será operada este 15 de marzo, pero previamente tuvo que atravesar una lucha legal contra la burocracia y los constantes requerimientos que demoraron el proceso de acceder a la salud por parte de la jueza González. 

El pasado 28 de noviembre en el inicio del juicio en su contra, Laparra solicitó a la jueza ser examinada, sin embargo, pasaron más de dos meses para que lograra recibir el diagnóstico de forma adecuada, tras diversas solicitudes de la defensa, pero la jueza Oly González determinó que la exfiscal debía ser atendida en el servicio público de salud. 

En febrero, Virginia fue examinada en el Instituto de Seguridad Social, (IGSS) donde se determinó que debía ser intervenida quirúrgicamente. Durante ese mes se le practicaron más de 26 exámenes médicos, como ultrasonidos y una mamografía, entre otros. 

El primero de marzo, con los resultados de los exámenes, la defensa solicitó el permiso a la jueza para que Virginia fuera hospitalizada. El dos de marzo la jueza mandó a verificar la información con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y al día siguiente la institución respondió que no encontró el expediente. 

El seis de marzo pasado la jueza volvió a solicitar al INACIF "determinar el estado de salud de la acusada, si consta que será intervenida quirúrgicamente" y se estableció un plazo de 48 horas para la respuesta. 

Debido a que para el nueve de marzo Virginia debía ser ingresada al hospital, la defensa informó que temían un retraso en la operación y con ello se viera comprometida la salud de Virginia.

Para la abogada del Bufete de Derechos Humanos y defensora, Geraldine López, fueron graves las acciones legales previas al ingreso de Virginia al hospital. "Estaban todos los estudios urgentes. Este problema es de más de dos meses, ella misma -la jueza- la envió al San Juan de Dios", enfatizó y cuestionó  “¿Qué pretendía la jueza?” 

Pese a estas acciones legales, Virginia logró ingresar al hospital el pasado nueve de marzo, pero la demora en el permiso judicial para realizar la operación muestra indicios de una posible tortura institucionalizada en su contra, a criterio de Edie Cux García de la organización Acción Ciudadana. 

"Este caso creo que rebasa todo lo que ha pasado, podríamos hablar ya de una tortura institucionalizada contra la exfiscal en el que no se le permite ni siquiera acceso a la salud.so ya es una situación preocupante", detalló el abogado. 

Según Jorge Santos, director de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA),  Virginia ha vivido diversas situaciones desde hace más de un año en prisión, queson constitutivas de malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, que pudieran ser considerados como actos de tortura. 

"La jueza evidentemente se ha prestado para profundizar una violación a la salud y la libertad de Virginia Laparra, un hecho a todas luces grave,que debiese de estar siendo observado por otras instituciones nacionales para enmendar la plana, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos", expresó Santos.  

Entre los elementos que Santos observó es que en la actualidad las instituciones del Estado implementan una política pública para sancionar y limitar, como en el caso de Virginia, por ejemplo, en el que se limitó y se detuvo que continuará en el desarrollo de investigaciones contra la corrupción. 

Cux y Santos señalaron que en el sistema de justicia existen contradicciones debido a que hay detenidos que con facilidad han podido acudir y permanecer en un hospital privado,por ejemplo, Gustavo Alejos, señalado en cinco casos de corrupción y que en el 2020 fue detenido de nuevo por el Ministerio Público (MP) debido a que permanecía en un hospital privado en el que tenía acceso a un bar, una hamaca y una refrigeradora con cervezas, gaseosas y carnes. 

Virginia fue considerada por Amnistía Internacional como presa de conciencia en diciembre pasado, ya que se considera que es criminalizada por su trabajo al frente de la Feci en Quetzaltenango, y “la persecución penal infundada contra Virginia Laparra se inscribe en el contexto del uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han protagonizado esta lucha”.  

Sobre este caso, el exsecretario General del Ministerio Público, Mynor Melgar, explicó que denunciar no es un delito y en todo caso es un derecho.  

El permiso otorgado por la jueza González para que Virginia permanezca en el hospital es hasta el 15 de marzo, debido que después de la operación el médico a cargo determinará si necesita más tiempo y con este dato las abogadas defensoras deberán solicitar un nuevo permiso a la juzgadora, explicó Geraldine López. 

Sin embargo, hasta el momento, la exfiscal no tiene autorizadas las visitas yal hospital sólo pueden ingresar sus abogadas. La abogada López especificó que Virginia  no cuenta con autorización para tener acompañamiento de un familiar, mientras ella pueda realizar sus actividades sin ayuda.  Mientras tanto, las abogadas de la defensa asistirán el 15 de marzo al hospital San Juan de Dios, para realizar los trámites que hagan falta y estar al pendiente de la salud de Virginia.