El 23 de febrero de 2023, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra cumplirá 365 días de estar en la cárcel por cuatro denuncias que interpuso administrativamente contra el exjuez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango y ahora Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos Rodas. Virginia está en la cárcel porque el sistema de justicia la mantiene presa por denunciar al exjuez; un caso que desde la óptica jurídica no tiene asidero legal para considerar que denunciar sea delito según analistas, abogadas y representantes de organizaciones sociales consultadas por Ruda y que encuentran en el caso indicios de cómo el sistema de justicia opera, se trastoca por actores externos y se debilita a través del tiempo.

Es ampliamente conocido que la sentencia contra Virginia se genera en un sistema de justicia que tiene Salas de Apelaciones y una Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, debido a que no se ha renovado desde que su plazo venció hace tres años y tres meses.

En el 2014, la elección de la CSJ fue señalada por diferentes medios de comunicación de ser pactada entre el Partido Patriota y el Partido Libertad Democrática Renovada (Lider), en el 2019  el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) señalaron de forma directa que dicho pacto fue entre el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial, Manuel Baldizón.

La sentencia contra Virginia también se dicta en un contexto donde ahora el MP se encuentra bajo el mando de una Fiscal General que fue incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos (EE. UU) y que es reconocida como la lista Engel.

Ese listado es un compromiso de EE.UU para reforzar la democracia y luchar contra la corrupción en el triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que fue aprobada por el Congreso Estadounidense en diciembre del 2020 y como ley establece que la lista es realizada por el Secretario de EE.UU y por el departamento de Estado de ese país, para enumerar a los actores corruptos y a los personajes que debilitan la democracia. La sanción incluye desde el retiro del pasaporte hasta el veto de realizar inversiones y negocios en el país norteamericano. 

La persecución penal contra los fiscales

En el 2016, Virginia entró a conformar el equipo de trabajo de la FECI, fiscalía que trabajaba de la mano con la CICIG hasta septiembre de 2019, cuando venció el plazo otorgado para operar en el país, debido a que el entonces presidente Jimmy Morales no renovó el mandato. Un hecho que marcó un antes y un después en Guatemala, sobre todo en la línea de persecución penal del Ministrio Público. 

Ahora, la institución persigue a los fiscales de la FECI, extrabajadores de la CICIG que investigaron casos de alto impacto, así como, a los jueces que conocieron los casos.

Entre las personas que señaladas por el MP se encuentran Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; Andrei González, Carlos Videz, Rudy Herrera, Lorenzo Bolaños y Siomara Sosa, todos exfiscales de esa fiscalía; y Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango.

Además, Leily Santizo y David Gaitán, exmandatarios de CICIG; y Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán, exjueces de Mayor Riesgo, así como Pablo Xitumul, juez de Mayor Riesgo. 

Los casos de corrupción investigados por la FECI y la CICIG ahora parecen desmoronarse. Entre los casos con un revés judicial y que son alrededor de catorce, se puede identificar el caso contra la magistrada Blanca Stalling; también el de las Plazas Fantasma en el Congreso; el caso Arca; Comisiones Paralelas, Odebrecht; financiamiento ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza, además, el caso Fugas Sistema Penitenciario, entre otros. 

En los casos mencionados la FECI ahora dirigida por el fiscal Rafael Curruchice no avanzó en las investigaciones pero sí se dio inicio a la persecución penal contra los investigadores o bien, se dio un sobreseimiento, es decir, se detuvo el proceso penal a favor de los acusados. 

Para Virginia su destino no fue diferente al de sus excolegas, actualmente enfrenta dos procesos penales en su contra. El primer caso en su contra fue porque presentó en octubre de 2018 cuatro denuncias contra el exjuez Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial, debido a que consideró que el exjuez colocó en riesgo la investigación que en ese entonces tenía a cargo, al dar declaraciones en medios de comunicación.  

El segundo caso en su contra se inició porque supuestamente reveló secretos al solicitar la suspensión de una audiencia pública realizada el 4 de julio de 2017, debido a que mencionó que estaba en análisis la participación del exfutbolista, René Villavicencio, como colaborador eficaz, acusado por vender información de la CICIG, según explicó el abogado defensor y hermano de Virginia, Luis Laparra. 

El 16 de diciembre de 2022, Virginia fue condenada por abuso de autoridad a cuatro años de cárcel por la jueza del Tribunal Octavo del Ramo Penal, Oly González, que la culpó de no tener autorización del jefe de la FECI en el 2018, Juan Francisco Sandoval, para presentar las denuncias contra el exjuez Castellanos. La jueza ignoró diferentes medios de prueba como los correos que Virginia envió a Sandoval y que fueron presentados por su defensa en el juicio. Sandoval dirigió la FECI por seis años, desde el  2015 hasta el 2021.

Para el abogado de Acción Ciudadana, Edie Cux García, la sentencia coronó el derrumbamiento del sistema de justicia en Guatemala, ya que catalogó la condena contra Virginia como insólita. Explicó que no existe ninguna norma o ley que prohiba a los fiscales denunciar de forma administrativa a otro funcionario. El abogado explicó que la sentencia envió un mal mensaje "porque ahora el denunciar cualquier acto de corrupción dentro de la administración pública podría resultar en criminalización como en el caso de Virginia".

En ese sentido, Virginia catalogó el caso en su contra como "una prostitución del derecho" y mencionó que nunca imaginó que la institución - en referencia al MP- a la que se dedicó por 16 años volcaría sus esfuerzos para procesarla penalmente, en una entrevista realizada por Ruda en diciembre del 2022.

Abogada, maestra y bailarina

En 1997 Virginia se graduó como maestra en el Colegio Evángelico de Quetzaltenango La Patria, centro educativo en el que trabajó hasta que ingresó a laborar en el MP, a donde llegó en el 2006 y en el 2010 ascendió como auxiliar fiscal.

En el 2010, luego de estudiar Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala  (USAC) se graduó de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. También impartió clases en esa casa de estudios. En el 2015 obtuvo el posgrado de máster en derecho penal y procesal penal y en el 2017 el doctorado en derecho penal y procesal penal en la Universidad Da Vinci. 

Virginia Laparra es la mayor de cuatro hermanos, siempre fue curiosa, ingeniosa con mucha energía y decidida, recordó su hermana menor, Claudia Laparra. Además contó que entre los hobbies de la profesional del derecho está jugar baloncesto y bailar. En la secundaria Virginia perteneció a la selección departamental de baloncesto de Quetzaltenango.

Claudia relató que Virginia bailaba todo el tiempo: "disfrutaba las fiestas, bailar para ella era como otro deporte, de hecho bailaba en casa con sus hijas, a veces bailaba sola, de niña, adolescente, joven y de adulta. A veces llegábamos a casa y ella estaba sudando, lo hacía para relajarse y como deporte".

De niña le gustaba que su madre le cantará canciones infantiles, que Virginia aún recuerda según Claudia, entre ellas Pinocho, Allá en la fuente había un chorrito y Mishito Mío entre otras. 

Virginia y Claudia se llevan siete años de edad, pertenecen a una familia de profesionales del derecho a excepción de la hermana menor que estudió administración de empresas. "Por lo mismo de la diferencia de edad siempre tuvimos un apoyo con ella, los cuatro hermanos somos muy unidos y siempre nos aconsejaba, era como una mamá", expresó Claudia. 

También relató que el proceso penal contra su hermana ha sido difícil para la familia: "es duro porque sabemos que es una injusticia, entonces eso es lo que más duele. No es justo que ella esté en las condiciones que está por hacer bien su trabajo. Para nosotros es bastante difícil y nos duele como hermanos, también se pone uno en posición de lo que sienten sus hijas, lo que siente su mamá, es algo bien doloroso".

Virginia tiene dos hijas de las que actualmente la familia se hace cargo. Claudia indicó que como familia mantienen la esperanza que se haga justicia y  espera que en los casos encuentren jueces y fiscales que realicen su trabajo de manera imparcial. 

Un clima adverso, persecución y exilio

Desde el 31 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente Jimmy Morales anunció que el mandato de la CICIG no sería renovado, los esfuerzos para desacreditar el trabajo de la CICIG y la FECI fueron en aumento, al punto que, jueces, fiscales y periodistas salieron del país debido a que la Fiscal General, Consuelo Porras y el nuevo Jefe de la FECI, Curruchice, ahora persiguen a los investigadores que trabajaron junto a la CICIG. 

Para Mynor Melgar, exsecretario General del Ministerio Público en la época de la Fiscal Claudia Paz y Paz,  existe una desnaturalización del derecho penal y aseguró que la ley se convirtió en una herramienta de represión.

"La denuncia no solo es un derecho sino que es una obligación, en el caso de los funcionarios no es opcional, tiene que denunciar. Ejercer el derecho de denuncia no puede ser de ninguna manera motivo para hacer una persecución penal en contra de nadie", indicó Melgar.

Además, resaltó que no existe ninguna ley que prohíba denunciar a cualquiera, sea funcionario o ciudadano, por lo que consideró que "no tiene sentido decir que el jefe lo tenía que autorizar, porque en primer lugar no hay ninguna ley administrativa del MP que esté contemplado eso".

En el mismo sentido analizó el caso la exmagistrada Claudia Escobar, que señaló que no es delito denunciar. La exmagistrada se encuentra en Washington, Estado Unidos, debido a que salió del país por su seguridad, ya que denunció presión por parte al exdiputado del partido Patriota y Presidente del Congreso del 2014, Gudy Rivera para que resolviera a favor de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, que buscaba retornar a la secretaría del partido naranja porque había sido separada del cargo político.

Escobar catalogó como absurdo que se criminalice a Virginia por denunciar: "ella tenía la obligación como funcionaria, no importa cuál hubiese sido su cargo, pero era una obligación de hacer ver al juez o en este caso a la Junta de Disciplina, porque ella ni siquiera pone la denuncia al Ministerio Público, o sea, la denuncia la pone ante la Junta de Disciplina Judicial que es el ente encargado de evaluar las actitudes de los jueces, eso no puede ser constitutivo de delito en ninguna parte del mundo, ni bajo ninguna lógica". 

La exmagistrada consideró que el clima judicial cambió en unos años, indicó que el sistema de justicia fue cooptado y que no existe Estado de Derecho en Guatemala, un panorama que a ella misma la obligó a dejar el país debido a que comentó que se siente vulnerable al no existir garantías. 

Además, observó que dicho panorama es uno de los motivos de la persecución penal contra la exfiscal: "lo de Virginia es una persecución de esos grupos criminales porque ella trató de evidenciar cómo están operando y eso es lo quieren callar. El caso de ella lo están utilizando como un ejemplo para que nadie más se atreva a denunciar". 

Escobar aseguró que no existe Estado de Derecho debido a que uno de los indicadores es la independencia de los juzgados y en el caso de Virginia, consideró que la jueza manipuló los hechos para condenar a la exfiscal. También resaltó la lista Engel en la que están incluidos la Fiscal Porras, el fiscal de la FECI, Curruchice y Ricardo Méndez Ruiz, representante de la Fundación Contra el Terrorismo, organización que es querellante adhesiva en los procesos contra Virginia.

En primero de julio del 2021 los Estados Unidos incluyó en la lista de actores corruptos a Méndez Ruiz, algo que fue objeto de orgullo para el representante de la Fundación contra el Terrorismo, así lo manifestó ese día en sus redes sociales: "Mi inclusión en el listado del departamento de Estado de EE.UU. por defender a nuestros veteranos de guerra y señalar a operadores de justicia corruptos, es el más alto honor que he recibido". 

En la actualidad el presente de esa fundación acompaña al Ministerio Público en más de 22 denuncias contra fiscales, jueces y periodistas. 

La alarma sobre el sistema de justicia

El caso contra Virginia  encendió las alarmas sobre el sistema de justicia y el clima adverso que existe en Guatemala. El 22 de noviembre de 2022 la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional la declaró  como una presa de conciencia, tres días después la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado de prensa en el que expresó como un ataque al Estado de Derecho el caso contra Virginia. El 31 de enero del 2023 la Organización de Estados Americanos (OEA) también mostró preocupación por el proceso penal contra la exfiscal anticorrupción.

Por su parte organizaciones nacionales como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), El Bufete Jurídico de Derechos Humanos y Alianza por las Reformas que aglutina a cerca de 40 organizaciones, han denunciado de forma permanente irregularidades en el caso contra Virginia. 

La directora de Hogar la Alianza, Carolina Escobar Sarti, como parte de la sociedad civil, dijo que tiene claro que el caso es una venganza por el trabajo realizado contra la corrupción. Indicó que ve un mismo común denominador en los procesos contra los fiscales y jueces, que es la denuncia y desarticulación de organizaciones criminales. 

Escobar Sarti, explicó que el caso contra Virginia "es la legitimación de un sistema corrupto, que se ha ensañado y que tiene como enemigo a la CICIG". 

El mandato de la CICIG fue aprobado por el Congreso de la República en el 2008, para que se encargará de investigar a las estructuras paralelas al Estado y que estaban incrustadas en el gobierno, misión que acabó 11 años después. 

Para Escobar Sarti hay una ciudadanía amenazada por la Fundación contra el Terrorismo debido a que consideró que es "una organización que tiene secuestrada a la justicia”. La entrevistada dijo que incluso hay mensajes de Twitter en dónde ellos señalan “ya está este y falta este”, en referencia a los casos e implicados.

“Más allá de una situación ideológica, es una justicia capturada y un Estado secuestrado por un pacto de corrupción que se sirve de este tipo de operadores para generar mayor impunidad", aseguró Escobar Sarti.

La Fundación contra el Terrorismo, desde su página de Facebook se describe como una instutición respetuosa del estado de derecho y que surge a partir de “una necesidad para dar a conocer la verdad histórica del país”.

Conflicto inicial y el embrollo de los casos

El 17 de mayo de 2017 en una audiencia bajo reserva el MP y la CICIG, representados por la fiscal Virginia Laparra y la mandataria de CICIG, Flor Gálvez, solicitaron que el exfutbolista, René Arturo Villavicencio señalado por vender información de las investigaciones realizadas por la CICIG, se convirtiera en colaborador eficaz. Dicha petición fue rechazada por el juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango, Lesther Castellanos. 

El 4 de julio de 2017 la audiencia de fase intermedia fue suspendida por solicitud del Ministerio Público en la que indicó que presentó una acción legal ante una Sala de Apelaciones para que resolviera sobre la participación de Villavicencio como colaborador eficaz. 

En la audiencia del 7 de agosto de 2017, en caso de Villavicencio sindicado por venta de información, el MP y CICIG recusaron por primera vez al juez Castellanos por considerar tener amistad con los sujetos procesales. La acción penal fue rechazada ocho días después, es decir, el 15 de agosto por la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal en Quetzaltenango.

Lo anterior motivó al abogado Omar Barrios a publicar en su facebook la resolución emitida por la Sala Quinta y  mostrar su inconformidad con dicha acción al comentar: "Hace poco uno de los Jueces de Mayor Riesgo negó al MP y a la CICIG una petición totalmente improcedente y carente de fundamentos en relación a un “colaborador eficaz” y de berrinche la mandataria de la CICIG (no la CICIG en sí, su abogada) recusa al juez porque supuestamente tiene “amistad con los sujetos procesales”, lo peor que el fiscal del MP actuando servil se une a esa acción de litigio desleal y de mala fe".

La publicación realizada hace cinco años por Omar Barrios hizo referencia de la fiscal y a la mandataria de CICIG que llevaban el caso de manera despectiva en el que indicó "autoridades del MP y la CICIG: No se dejen llevar por lo que dicen sus gatios".

En ese mismo día, el 22 agosto de 2017 en la audiencia del caso contra el exfutbolista, por segunda vez el juez Castellanos fue recusado por la mandataria de CICIG, Flor Gálvez. 

En entrevista para Ruda, la exmandataria de CICIG, Flor Gálvez recusó al exjuez para que se apartará de continuar conociendo el caso contra Villavicencio por considerar que había enemistad entre el juez y la comisión "La ley del organismo judicial establece que cuando una de las partes considere que hay enemistad grave se tiene que recusar y yo así lo estimé por el comportamiento que él había tenido en varias audiencias hacia nosotras y sobre todo contra la CICIG con sus comentarios peyorativos", explicó la abogada. 

El 18 de septiembre de 2017 la Sala de Apelaciones en Quetzaltenango confirmó la recusación y lo separó en definitiva del caso. Posterior a este hecho, Omar Barrios se presentó a la oficina de la fiscal Virginia Laparra por la publicación en Facebook realizada y la recusación contra el juez. 

El juez "no idóneo"

En noviembre de 2017, la mandataria de CICIG, Flor Gálvez denunció ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial al juez Lesther Castellanos por haber trasladado la resolución de la Sala Quinta al abogado Omar Barrios.

Gálvez explicó que, "él había dado información a Omar Barrios y yo nunca he dicho que era información reservada, él entregó información a personas que no eran parte del proceso, por qué Omar Barrios no era parte del proceso, luego llega hablar con Virginia y es la grabación que consta, dónde él mismo dice va de parte de Lesther Castellanos para que me digan a mí que quité la recusación. Entonces eso fue valorado por la Junta de Disciplina".

El 3 de mayo de 2018, la Junta de Disciplina sancionó al entonces juez Lesther Castellanos, por no guardar la prudencia debido a que valoró las declaraciones del abogado Barrios: "como lo manifestó el mismo testigo, propuesto por el juez denunciado, el abogado Omar Barrios que entre los días 25 y 29 de agosto del 2017, el denunciado lo llamó para indicarle que por su publicación realizada en Facebook el 22 de agosto de 2017, lo recusaron en la audiencia", describe la resolución emitida por la Junta Disciplinaria contra Castellanos. 

Además, Castellanos presentó como medio de defensa información sobre el proceso de colaboración eficaz, un hecho que posteriormente serviría para otra denuncia administrativa en su contra y que fue interpuesta por Virginia.

Castellanos fue sancionado a cinco días sin goce de salario por cometer una falta grave, por no guardar las normas del comportamiento ético del Organismo Judicial que establece en el artículo 12,  la prudencia, la cautela, la moderación y la sensatez al hablar por parte de un juez.

Por su parte el juez Lesther Castellanos en una entrevista para Ruda manifestó que se sintió violentado en su independencia judicial: “debido a que lo consideré algo injusto, lo consideré algo que no era cierto, que eran mentiras, pero por la coyuntura en que estábamos y se lo dije a la Junta de Disciplina ellos cedieron ante las presiones”.

Dicha sanción fue presentada en septiembre de 2019 como impedimento ante la Comisión de Postulación para elegir magistrados de Salas de Apelación para el periodo 2019-2024. La tacha fue presentada Contra Castellanos por los abogados, Mayra Gil y Carlos Guzmán por considerar el exjuez que no contaba con los requisitos de capacidad, idoneidad, honorabilidad y honradez, el argumento fue la denuncia interpuesta por CICIG que lo llevó a una sanción administrativa. 

El exjuez, Castellanos estaba en la nómina de 270 postulantes para las cortes de apelaciones, según un listado que publicó la organización Movimiento Pro Justicia.

Castellanos indicó que la sanción no le afectó debido a que tenía la certificación por parte de la Junta de Disciplina Judicial que no tenía sanción: “cuando fue el momento de la comisión de postulación yo ya había ganado la apelación, entonces mi récord ya me salía limpio”.  

En el 2020, el Consejo de la Carrera Judicial revocó la sanción contra Lesther Castellanos.

Gálvez de igual forma indicó que la falta ética por parte del juez sí ocurrió "que después en el 2020 se le haya revocado, no quiere decir que el hecho no haya ocurrido y no haya sido valorado todo lo que en su momento se presentó. Yo en el 2019 tuve que desistir del proceso, porque obviamente ya terminaba el mandato de la CICIG y ya no podíamos continuar".

El contraataque

El 13 de julio de 2018, dos meses después de que Lesther Castellanos fue sancionado administrativamente, denunció a Virginia Laparra por siete delitos: omisión de denuncia, revelación de secretos, revelación de información confidencial o reservada, tráfico de influencias, abuso de autoridad, perjurio y falso testimonio.

El exjuez Castellanos denunció a Virginia a través de una carta dirigida a la fiscal general. La misiva fue trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos y consta como parte de los documentos que fueron expuestos ante la jueza Oly González del Tribunal Octavo de Instancia Penal de Guatemala. 

La denuncia de Castellanos está basada en una nota publicada en el Diario el Quetzalteco, periódico regional del medio de comunicación Prensa Libre sobre la audiencia de fase intermedia contra René Villavicencio realizada el 4 de julio de 2017 en la que Virginia solicitó que fuera suspendida debido a que estaba en espera de que la sala de apelaciones resolviera sobre la participación como colaborador eficaz del exfutbolista. Según Castellanos la exfiscal habría revelado información al mencionar la posible colaboración del exfutbolista. 

Castellanos señaló a Virginia de cometer supuestamente perjurio porque habría mentido ante la Junta de Disciplina Judicial al indicar que no había periodistas en la audiencia realizada en agosto de 2017, declaraciones que habría vertido en calidad de testigo en el proceso administrativo contra el exjuez por la denuncia que interpuso la exmandataria de CICIG. En la carta que Castellanos dirigió a la fiscal general adjuntó publicaciones de prensa que titularon que el exjuez fue recusado el 7 agosto del 2017.

La denuncia presentada contra la exfiscal anticorrupción no tuvo efecto, el 5 de septiembre de 2018 fue desestimada por no existir delito. El 28 de septiembre de ese mismo año Lesther Casellanos presentó la solicitud de oposición a la desestimación de la denuncia. 

Castellanos indicó que la denuncia planteada no se trata de una venganza, se trata de reivindicar su nombre. “Que fuera cierto, me quedo callado, pero si son mentiras donde ella fue la que reveló información confidencial, donde el proceso de René Arturo Villavicencio se cayó a raíz de que ella reveló información confidencial”, enfatizó. Además, dijo que ha seguido el debido proceso, pero de igual forma el daño en su nombre está hecho. 

El 29 de noviembre de 2018 El Tribunal de Mayor Riesgo condenó a René Villavicencio a dos años y ocho meses de prisión por vender información, sobre el exfutbolista ya pesaba una condena de cuatro años de cárcel por extorsión. 

Castellanos trabajó para el organismo judicial cerca de 13 años, inició como juez de Paz en mayo de 2010 y estuvo en diferentes departamentos como, Izabal, Petén, Guatemala, donde también fue juez de instancia según recordó. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales graduado de la USAC, posee un máster en Derecho Mercantil y un doctorado en Derecho, graduado también de la USAC. El 22 de marzo de 2022 pasó a ser el Relator contra la Tortura, cargo en el que continúa. 

Las cuatro denuncias de Virginia

El primero de octubre del 2018, Laparra presentó la primera denuncia contra Lesther Castellanos Rodas ante la Junta Disciplinaria Judicial por haberles entregado información sobre las audiencias del 4 de julio y 7 de agosto del 2017 cuando no era parte procesal debido a que había sido recusado en el caso de Villavicencio. 

El 15 de octubre del 2018, presentó la segunda denuncia contra Castellanos por considerar que el exjuez cometió falta administrativa porque supuestamente dio información al abogado Omar Barrios y porque dio a conocer información sobre el proceso penal contra Villavicencio ante la Junta Disciplinaria Judicial. 

El 17 de octubre del 2018, la exfiscal denunció de nuevo al exjuez, debido a que dos días antes Castellanos brindó una entrevista a Vea Canal en la que habló del caso de Villavicencio. 

El 30 de octubre del 2018, fue presentada la última denuncia. Laparra argumentó que Castellanos dio a conocer interioridades del caso contra Villavicencio en una entrevista en Canal Antigua. Las cuatro denuncias fueron descartadas por la Junta de Disciplina Judicial.  

Los casos y las irregularidades 

El 7 de noviembre de 2018 en Quetzaltenango se llevó a cabo la audiencia de desestimación de la denuncia solicitada por Castellanos, en el que la Jueza Carmen Acú Recinos resuelve reactivar el caso y que se continúe con la investigación. 

Ese día Virginia se presentó a la audiencia, según recordó su hermano y abogado defensor, Luis Laparra, pero "la jueza Acú Recinos no la deja participar porque ella no es sujeto procesal, cuando ella es la persona que estaban denunciando. Entonces, la jueza declara con lugar y ordena al MP que continúe la investigación, que sí el MP aparta a los fiscales que habían investigado". El defensor enfatizó que durante ese tiempo el proceso no tuvo avances.

El 9 de agosto de 2019, nueve meses después el juez Castellanos solicitó a Gestión Penal el control jurisdiccional de la investigación que se seguía en Quetzaltenango contra Virginia Laparra. Gestión penal designó al Juez Séptimo B del Ramo Penal de Guatemala, Sergio René Mena. 

Ese mismo día Castellanos presentó un memorial ante el juez en el que solicitó tomar el control del caso, programar una audiencia para ver avances en la investigación y adherirse como querellante al proceso penal. Tres días después el juzgado notificó que la audiencia fue programada para el 30 de septiembre de 2019. 

Para el 7 de septiembre el Ministerio Público solicitó al juzgado crear otra carpeta ministerial debido a que la numeración era la misma con la carpeta ministerial que estaba en Quetzaltenango y fue así, como se dio inicio a que un mismo proceso se convirtiera en dos. 

Luis Laparra relató  "nosotros platicamos con Virginia, le decía: leyendo el expediente y viendo los hechos, aquí no hay absolutamente nada. No es delito, no hay como tipificar que eso es delito”. 

La exfiscal se enteró de la audiencia realizada el 30 de septiembre, por lo que se apersonó al juzgado a solicitar copia de la audiencia. Posterior a ello, Laparra presentó una serie de recursos legales para revertir el proceso en su contra, como recursos de reposición y recusar al juez, acciones que no tuvieron efecto. 

El hermano de Virginia recordó que previó a la detención fueron a la Torre de Tribunales en la zona 1 capitalina, cada dos o tres meses.

El 23 de febrero de 2022 Virginia fue detenida, pero Luis remarcó que tenía programada una audiencia y la detención la realizaron un día antes. “El juez Mena a sabiendas de que íbamos a llegar, giró la orden de aprehensión un día antes. Es curioso que en el audio de la audiencia se escucha cuando el juez le pregunta a la fiscal porque pide la aprehensión y no la citación, la fiscal dice: "porque mi jefe me lo pidió".

Durante la primera fase del caso las audiencias se desarrollaron exclusivamente para los sujetos procesales, debido a que el juez Sergio Mena justificó el riesgo de contagio del COVID-19. La etapa del juicio llegó nueve meses después de que la exfiscal fue capturada, desde entonces está en la cárcel del cuartel militar de Mariscal Zabala ubicado en la zona 17 de Guatemala, debido a que se le denegó una medida sustitutiva bajo diferentes argumentos.

Tras la condena en diciembre pasado, Virginia tomó la decisión de apelar la condena, un trámite legal que puede durar cinco años o más, según su abogada defensora, Claudia González. 

Solo el trámite de la apelación podría durar en promedio un año y nueve meses, según un estudio realizado por la organización Impunity Watch antes de la pandemia. Ahora los plazos pueden extenderse debido a la mora judicial acumulada explicó el representante de esa organización en Guatemala, José Rodríguez.

Entre las pruebas que ignoró la jueza Oly González para condenar a Virginia están cuatro oficios dónde consta que la exfiscal notificó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, la denuncia que interpuso contra el exjuez. 

Sandoval fue destituido por Consuelo Porras en julio del 2021, desde entonces está en el exilio y acumula cerca de 100 denuncias en su contra según el conteo que él mismo lleva. El exjefe de la FECI consideró que en el proceso penal contra Virginia se le vedó el derecho de defensa, debido a que hubo pruebas que la jueza no tomó en cuenta. 

El 3 de enero pasado la jueza Carmen Acú Recinos llevó la audiencia de primera declaración a puerta cerrada y ligó a un segundo proceso penal a Virginia por supuestamente revelar secretos. Su hermano indicó que el plazo de reserva ya venció y que no existe ninguna prueba relevante en contra de Virginia: “lo que hay es el audio de la audiencia que fue pública y que el Ministerio Público dice que no y punto”.  Este proceso penal que también se desprende de la carta enviada a la Fiscal General. 

La audiencia programada para el 3 de enero pasado era para que la jueza Carmen Acú Recinos diera trámite a la recusación planteada en su contra debido a que la Sala Quinta de Apelaciones le ordenó realizarla de nuevo, ya que la jueza hizo mal el procedimiento en noviembre de 2022. La jueza se había excusado de conocer el caso debido a que su asesor de tesis fue Lesther Castellanos, sin embargo, ese día rechazó todos los argumentos de la defensa para que se apartara de conocer y resolvió realizar la audiencia de primera declaración. 

Por solicitud del Ministerio Público la jueza resolvió colocar el caso bajo reserva por un plazo de 10 días, por lo que la audiencia se hizo a puerta cerrada. Además, la jueza no le permitió estar en la audiencia de forma pasiva a la abogada defensora, Wendy López. La abogada denunció que la jueza al tomar dicha decisión violó el derecho de defensa de Virginia. 

En el proceso penal la jueza condujo de forma obligada para declarar en calidad de testigos a periodistas. La próxima audiencia está programada para el 21 de abril próximo, mientras tanto Virginia cumplirá un año de estar en prisión. 

Luis, su hermano y abogado, resaltó que sigue existiendo un irrespeto en el procedimiento porque hay personas acusadas por extorsión o incluso por violación y gozan de una medida sustitutiva, mientras Virginia que hizo lo que corresponde al proceso y presentó cuatro denucias, está hoy en prisión. 

Además de la profunda tristeza y decepción que siente, Luis aseguró que todo el proceso contra su hermana le provoca náuseas.