Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.

Con información de Shirlie Rodríguez

Con la finalidad de desligarse de las recientes acusaciones de Giammattei en contra el paro nacional indefinido, las autoridades indígenas y ancestrales se reunieron y decidieron denunciar el plan con el que busca el gobierno de Alejandro Giammattei justificar la represión de las tomas de carreteras, plantones y movilizaciones ciudadanas en todo el país.

La Asamblea de las Autoridades en Resistencia hicieron referencia al último mensaje del presidente del pasado viernes, en donde mencionó que estaba tomada la planta de agua en Zaragoza, Chimaltenango e hizo alusión que está medida era parte de las movilizaciones ciudadanas de los últimos 13 días.

Alcaldes, alcaldesas y autoridades ancestrales respondieron con contundencia a las acusaciones infundadas del presidente, quien además de mentir y criminalizar la legitima lucha de los pueblos originarios y de la ciudadanía en las ciudades evita referirse al golpe de Estado y a las acciones ilegales de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

El mandatario pidió que entregaran las instalaciones porque están supuestamente dejando sin el recurso a la población en la capital.

La Asamblea de las Autoridades en Resistencia condena y rechaza la maniobra del gobierno de inculparlos de la toma de la planta de agua Xayá Pixcayá. En la cadena oficial del 13 de octubre, el presidente hizo alusión a la planta de agua, señalándonos de tener alguna responsabilidad en este hecho.

Para las autoridades indígenas es evidente que Giammattei busca proteger a Consuelo Porras, pero también busca consolidar la estrategia del golpe de Estado, por eso sale a criminalizar y amenazar a las autoridades indígenas.

Rechazan señalamientos de Giammattei sobre planta de agua en Zaragoza

Negamos rotundamente que alguna de nuestras organizaciones o alcaldías indígenas sea parte de esa ocupación y denunciamos que esta acusación forma parte del plan orquestado por el presidente Giammattei para orquestar una campaña de criminalización y persecución en contra de nuestro movimiento y el paro nacional indefinido”, expresó Silvia Chuy, Autoridad indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Agregaron que en la capital hay problemas con el abastecimiento de agua potable por la ineficiencia de las autoridades y la corrupción en las instituciones, y que es un tema que el mandatario conoce bien porque fue gerente de EMPAGUA entre 1991 y 1992.

Exigieron que el Ministerio Público realice una investigación para identificar a los verdaderos responsables de estos hechos porque como movimientos no representan hechos de violencia. De esas investigaciones que este MP no realiza.

Una de las autoridades Kaqchikel afirmó que dos diputados oficialistas están usando la toma de la planta para sus propios intereses y que, desde ahí, se estaría creando un escenario para criminalizar la lucha de las y los guatemaltecos que exigen la renuncia de la fiscal general y del presidente.

Paralelo a la conferencia de las autoridades al medio día en la ciudad de Guatemala, en distintas comunicaciones y redes sociales corrió la información de diversas convocatorias para que trabajadores públicos viajen al a ciudad de Guatemala el domingo 15 de octubre para respaldar a Consuelo Porras.

Finalmente las autoridades indígenas y ancestrales, finalizaron reafirmando que las movilizaciones a nivel nacional van a continuar, lo mismo que las tomas en la ciudad de Guatemala y otras ciudades importantes.

Amenazas, ataques y grupos paramilitares

Alida Vicente de la alcaldía indígena de Palín, Escuintla aseguró que en este territorio han llegado miles de agentes antimotines y de la Policía Nacional Civil (PNC) para reprimir las manifestaciones pacíficas, especialmente las que obstruyen el ingreso de Puerto Quetzal.

“Lamentamos que el gobierno, pero específicamente el Ministerio de Gobernación esté incumpliendo con una orden emanada de la Corte de Constitucionalidad y por lo tanto solicitamos que se certifique lo conducente por incumplir con el amparo que fue dado a nuestro favor”, expresó Vicente.

Representantes del pueblo mam de Quetzaltenango y Retalhuleu denunciaron que un grupo de civiles persiguió a manifestantes, en específico a mujeres que portaban su indumentaria en horas de la noche del viernes 13 de octubre, gente vinculada a los carteles de la droga.

Otro de los aspectos que mencionaron las autoridades ancestrales refieren qué hay más actores que acompañan estas formas de deslegitimar la resistencia y hacen amenazas por medios digitales que aluden a posibles hechos violentos en los próximos días en la capital.

El presidente de 48 Cantones, Luis Pacheco enfatizó que no son los responsables de estas acciones violentas y que son sólo utilizadas y creadas por el mismo gobierno para criminalizar la resistencia que hasta ahora lleva 13 días. Dijo que eran ajenos a la violencia y que todos los pueblos que se han unido por la defensa de la democracia del país.

“Nosotros no somos criminales, no venimos a delinquir. Lamentamos la estrategia para criminalizarnos. Nosotros no venimos a dañar bienes inmuebles, no traemos palos y piedras, únicamente la vara que representa autoridad”, dijo Luis Pacheco.

Las manifestaciones pacíficas continuarán en distintos puntos del territorio nacional los próximos días con la misma consigna que es la defensa del proceso electoral y la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.