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Autoridades ancestrales ven deuda histórica del Estado hacia la población indígena

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se realiza en medio de una coyuntura difícil en Guatemala, a 11 días de la segunda vuelta electoral, en un proceso amenazado por la interferencia judicial. Autoridades indígenas explican la importancia de conmemorar esta fecha.

Este 9 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que pone en la mira a las poblaciones originarias en todo el mundo, que según Naciones Unidas, constituyen el 5 % de la población mundial.

A pesar de que los pueblos mayas constituyen el 41 % de la población en Guatemala, según el Censo de 2018, (el xinka y el garífuna tienen un 1.8 % y un 0.1 %, respectivamente), autoridades indígenas consideran que no son tomadas en cuenta en los planes de gobierno de los dos candidatos a la Presidencia, Bernardo Arévalo y Sandra Torres.

Y, precisamente en el reconocimiento de estos pueblos, su forma de administración de tierras, la impartición de justicia, la protección de sus recursos naturales y la organización social consideran que sigue siendo una deuda del Estado guatemalteco, que desde la fundación de la República en 1821 los ha ignorado.

Pese a esto, en la actual crisis electoral que atraviesa el país, rumbo a la segunda vuelta, con una interferencia del Ministerio Público (MP) y del juez séptimo, Fredy Orellana, han mostrado su preocupación por estos acontecimientos y en representación de sus comunidades han realizado varias acciones para rechazar lo que consideran una violación al orden constitucional.

Entre estas la presentación de dos querellas, una del Parlamento Xinka y otra de autoridades indígenas de Sololá, en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Orellana por varios delitos.

Un grupo de autoridades y representantes del pueblo maya y garífuna se reunió la semana pasada con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien visitó el país para conocer lo que está sucediendo y poder trasladar esa información a la Asamblea.

Representantes de pueblos indígenas comparten junto al presidenciable Bernardo Arévalo en Totonicapán. Foto Leopoldo Batz

Rigoberto Juárez, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional (GAP) en Huehuetenango, quien estuvo en la reunión con Almagro, señaló que le entregaron un documento donde le hicieron ver que desde que se fundó la República de Guatemala en 1821, sobre el territorio indígena, se oficializaron instituciones donde no aparecen estos pueblos.

Y durante todo este tiempo, con cada presidente que ha llegado al poder, considera que la población indígena ha sufrido las consecuencias de los gobiernos que han servido para despojarlos de sus bienes y territorios y más bien los han empobrecido.

Ningún gobierno ha tomado en cuenta el ejercicio pleno del derecho de esta población y, esto que está sucediendo hoy, no es la excepción. El sistema electoral lo que hace es fortalecer ese Estado que aún no es Estado para los pueblos indígenas, indicó.

Juana Sales, del Movimiento de Mujeres Indígenas T’zununija’, señaló que lo que está ocurriendo ahora no es nuevo, pero es hasta ahora que la élite de poder colocó sus piezas en espacios estratégicos. Es preocupante porque eso evidencia cómo la corrupción se ha entretejido en todo el sistema de elecciones, hay una lucha donde estos poderes fácticos no quieren perder el control, anotó.

A pesar de lo que ocurre, consideran que con el cambio de gobierno y un eventual gobierno de Arévalo, puede generarse un cambio en el país. Sin embargo, advierten que esto no será un camino fácil.

Aunque haya una expresión como Semilla y gane, le harán la vida imposible pues no quieren aceptar que alguien más pueda asumir el poder, no se trata de un grupo que no quiere aceptar los resultados, se trata de un sistema que ha estado cooptado y sigue estándolo, dijo Sales.

¿Por qué celebrar el 9 de agosto?

Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín Escuintla, considera que es importante celebrar el 9 de agosto para visibilizar a un sector de la población y los aportes que han dado a la humanidad, como la conservación de la Madre Tierra, “especialmente en la lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos”.

Alida Arana Vicente es integrante de la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla. Foto Nelton Rivera

Esta fecha también sirve para valorar y dignificar a los pueblos y mujeres indígenas por el caminar histórico que han realizado, en medio del racismo, exclusión y discriminación que han marcado un hito histórico en el desarrollo de la vida de los pueblos, dijo.

Juárez, autoridad del GAP, indicó que conmemorar este día es el resultado de las demandas de los pueblos indígenas para reconocer los derechos específicos de esta población, que se diferencia de los derechos humanos individuales, ya que también son colectivos.

Para Sales, de Tz’ununija’, el 9 de agosto es un día simbólico de las luchas de los pueblos, designado por las Naciones Unidas, que no es algo que nació del sistema, sino que es el resultado de una exigencia que han tenido para ser reconocidos y respetados.

Por su parte, Aleisar Arana, Huxi Hurak (representante del Parlamento Xinca), señaló que esta es una fecha especial en la que se puede analizar lo que han vivido estos pueblos en la historia, que han sido oprimidos. “Como pueblo Xinka miramos que tenemos un gobierno enemigo, violador de los derechos humanos”, opinó Arana.

Los Xinkas constituyen una población de 264 mil 167 habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al igual que los pueblos mayas, su forma de vida ha sido afectada por la implementación de proyectos mineros sin su consentimiento.

Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, durante una manifestación en 2022. Foto Francisco Simón

Deuda histórica

Para Juárez los gobiernos han tenido una deuda histórica con los pueblos, uno de estos ejemplos es en la aplicación de la justicia. El sistema oficial invierte una gran cantidad de dinero en él, en tanto las autoridades indígenas realizan un trabajo ad honorem.

Por otro lado, los pueblos se han dedicado a la defensa de los recursos naturales y han demostrado que estos no deben ser ponderados como economía, pues son bienes estratégicos para la vida. Ese es uno de los temas que a su criterio debería ser abordado con el Ejecutivo, para desarrollar leyes de protección a los bienes naturales.

Sales coincide en que existe una deuda del Estado para corresponder a la condición de los pueblos indígenas, no solo en el sistema de justicia, sino en la forma de organización social y en la administración de sus tierras, que está en confrontación con el sistema oficial.

Arana opina que los gobiernos consideran que la población se puede conformar con lo mínimo, “tiene que haber más apertura en la educación, nos preocupa la salud, las carreteras, son cosas que nos afectan, pero también estamos trabajando en el empoderamiento de nuestra gente”, comentó.

El Parlamento Xinca impulsa cuatro agendas para su pueblo que son Jóvenes, Mujeres, Medio Ambiente y la agenda propia de las autoridades indígenas y le gustaría encontrar más apertura en los ministerios del Ejecutivo para abordar esos temas.

“Cuando no conocemos nuestros derechos no los reclamamos y simplemente aguantamos”, enfatizó el Huxi Hurak.

Rechazan acciones del MP y juez en contra del proceso electoral

En casi todas las protestas se puede ver a Alida Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, quien con su fuerte personalidad ha denunciado la grave crisis que atraviesa el país. Vicente considera que las acciones del MP y del juez Orellana son ilegales e inconstitucionales.

El 12 de julio, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba por oficializar los resultados electorales, la FECI anunció una investigación en contra de Semilla, uno de los dos partidos que avanzó a la segunda vuelta y el juez séptimo ordenó la suspensión jurídica del partido. Aunque Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la agrupación y dio vía libre para que se realice la segunda vuelta, las acciones en contra del partido continúan.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que tiene rango constitucional, tiene contemplados parámetros para garantizar el proceso electoral, ellos bloquearon la participación de un binomio como Jordán Rodas y Thelma Cabrera, luego no permitieron la participación de Roberto Arzú, Carlos Pinedas y Aldo Dávila, vemos como el sistema de partidos políticos estuvo sometido a procesos viciados, no equitativos ni transparentes, indicó Vicente.

Y ahora, con la sorpresa que dio el partido Semilla, comenzaron desde el 25 de junio a atacarlo y hacer acciones espurias con el propósito de buscar cancelar su participación, explicó.

El 24 de julio pasado, el Parlamento Xinka presentó una querella en contra de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); y el juez séptimo Fredy Orellana, por las acciones que han realizado que afectan el proceso electoral.

Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka. Foto Parlamento Xinka

Arana, quien fue nombrado, en 2014, como el Huxi Hurak (representante del Parlamento Xinca), indicó que aunque saben que estas acciones podrían no encontrar un eco en el sistema de justicia, lo hacen para utilizar la ley en el actual proceso.

Arana señaló que en el actual proceso la población guatemalteca tiene que estar pendiente de lo que está ocurriendo y pronunciarse siempre que pueda hacerlo. Hay que mantener una articulación, nosotros como Parlamento hemos hecho coordinaciones para que las acciones se hagan en conjunto, indicó.

Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá, dijo que una gran parte de la población ha depositado su esperanza en un eventual gobierno de Arévalo, por lo que ha manifestado su descontento con los ataques en contra del partido Semilla.

Los resultados electorales del 25 de junio se deben a que la población ya no cree en los partidos políticos, puesto que quienes han llegado a la Presidencia no hacen lo que prometieron, tal como Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, mencionó.

“El pueblo tiene la esperanza en el Movimiento Semilla, mucha gente no está afiliada pero cree por la historia de su padre y consideramos que no hará lo mismo que los demás partidos”, indicó, en referencia al presidente Juan José Arévalo, uno de los gobiernos de la Revolución del 44.

Partidos sin tomar en cuenta a los pueblos en planes de gobierno

Las autoridades y representantes indígenas consultadas también son críticas con los dos partidos que están disputando la Presidencia, en cuanto a sus planes de gobierno.

Juana Sales, dirigente maya Mam, indicó que los dos partidos que van a la segunda vuelta no tienen una visión de nación multiétnica, multicultural y multilingüe. Talvez Semilla recoge algunas cuestiones muy ligeramente, pero no hay un apartado que habla sobre el reconocimiento o alguna iniciativa que reconozca a los pueblos indígenas, su autonomía, su libre determinación o cómo abordar la pobreza, la exclusión, el racismo, anotó.

Por otro lado, “Torres tiene una visión muy citadina, desde el marco de un sistema capitalista, porque en todo su plan no habla ni siquiera de mujeres indígenas, menos de pueblos indígenas”.

Nadie está planteando cómo resolver los problemas de tierra, la certeza jurídica, qué hacer con los megaproyectos, la criminalización, no lo quieren reconocer, agregó Sales.

Rigoberto Juárez indicó que aunque una persona como Arévalo llegue a la presidencia, aún no están presentes en los planes de gobierno los derechos específicos de los pueblos originarios. Hay ausencia en ese sentido, no tienen ese punto de partida, dijo.

Ulario Zavala considera que ninguno de estos partidos ha presentado alguna propuesta, especialmente la UNE. En el caso de Semilla señaló que no ha leído un plan que esté dirigido para el pueblo maya y que los puntos que proponen son generales, “en educación, no veo la educación bilingüe por ejemplo”, dijo.

Alida Vicente tampoco considera que hay propuestas concretas a favor de la población de parte de ambos partidos. “Creo que el sistema electoral y de partidos políticos también tiene una deuda histórica con los pueblos, especialmente porque este sistema ha colapsado y especialmente en la participación (política) dista mucho de tener elementos como la accesibilidad, las posibilidades reales de llegar a espacios de toma de decisión”, dijo.

El Estado actual, indicó, está diseñado a la perfección para dejar fuera de ese rol dentro del espacio público y de toma de decisiones de los pueblos. En este momento no podemos decir que sea la apuesta de los pueblos, pero creemos que tenemos la posibilidad de marcar un antes y después y empezar a cimentar las bases para redireccionar el camino de nuestro país, especialmente con estos últimos años de retroceso, enfatizó Vicente.