“Solo quiero justicia”, decía la carta pública con la que Argentina conoció el horror que vivió la denunciante de José Alperovich, siendo legislador nacional. Tuvo que esperar 4 años, 6 meses y 18 días la joven que decidió llevar a la justicia a su tío, exjefe y exgobernador de su provincia, Tucumán, durante tres mandatos. Se trata de uno de los casos más emblemáticos del país en romper la impunidad de la violencia sexual, en el ámbito de la política y del poder. 

Por Celina De la Rosa

En una sentencia histórica, el juez Juan María Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, de la Ciudad de Buenos Aires, condenó a José Jorge Alperovich a 16 años de prisión como autor responsable del delito de abuso sexual simple, reiterado en tres oportunidades -dos de ellos cometidos en grado de tentativa-, y otros seis hechos de violencia sexual agravados por haber sido con acceso carnal reiterado contra su sobrina y exsecretaria. Estos crueles ataques a la integridad sexual, por distintas vías y con diferentes partes del cuerpo, para el juez a cargo del juicio, que duró más de cuatro meses, se dieron mediante la intimidación y abuso de una relación de dependencia y de autoridad. 

El imputado, una de las figuras que más concentró poder durante las últimas dos décadas, en su provincia y en la región norte de Argentina, quedó detenido de manera inmediata y fue trasladado a una cárcel federal. Esta decisión conmocionó a todo el país. A la falta de condena de los crimines de violencia sexual en general, se le suma la aún más difícil sanción a los hombres poderosos. Desde 2020, fueron denunciados 353 funcionarios de los tres poderes del Estado por algún tipo de violencia contra las mujeres, según el relevamiento que llevó adelante el Observatorio Lucía Pérez. Todos ellos de diferentes territorios argentinos y de distintos espacios políticos,

Los abusos sexuales por los que fue juzgado Alperovich  -parte del oficialismo provincial del Partido Justicialista- ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 . Durante su mandato como congresista, sucedieron los dos abusos en un departamento de su propiedad, en Puerto Madero -el barrio más costoso de Latinoamérica-. Allí se alojaba el exmandatario tucumano junto a sus colaboradores luego de las actividades del Senado de la Nación y de múltiples reuniones con empresarios, banqueros y otros políticos. Los siguientes abusos tuvieron lugar en el auto que usaba durante la campaña electoral; fueron muchos, pero tres están claramente identificados. Ya en marzo de 2018, llegaron las vejaciones más crueles, en dos casas privadas de Tucumán. Una, usada como bunker de campaña y la otra prestada por unos empresarios amigos. Luego de un ataque que le dejó una herida, la violencia física cesó, pero las humillaciones e intimidaciones continuaron por parte de Jose Alperovich hacia su sobrina. 

La joven de 28 años, en ese tiempo, quedó atrapada en esas condiciones, hasta mayo del 2019. Cuando por fin pudo enfrentar a Alperovich, en su casa familiar, y decirle que iba a dejar su trabajo por los abusos que había sufrido de su parte. A partir de allí comenzó un proceso de búsqueda en el que trató de rearmarse.

La sentencia a Alperovich marca un hito en la política

José Jorge Alperovich, de 69 años, el hombre que durante más de doce años ostentó el poder y era considerado el dueño de la provincia del azúcar y el limón, la más densamente poblada de las 24 que conforman el país sudamericano, debe esperar en prisión que esta condena quede firme. Una excepción que tomó el juez a cargo, por tratarse de una pena no excarcelable -mayor a ocho años- y por considerar que existe un riesgo real de fuga. El magistrado Ramos Padilla basó su decisión en las maniobras de Alperovich para evadir a la Justicia, observadas durante el proceso judicial, como tratar de incidir en testigos, ofrecer dinero a la víctima para frenar el juicio y sus conexiones con las más altas esferas del poder -como el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien fue su abogado durante la etapa de investigación-, acrecienta aún más el peligro de sustraerse de alcance del Poder Judicial.

El imputado es empresario y político. Comenzó su carrera en 1995 como legislador provincial por la Unión Cívica Radical y luego se unió al partido contrario, el peronismo, siendo gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015 gracias a una reforma constitucional impulsada por él mismo, en igual periodo en el que gobernaron Nestor Kirchner y Cristina Fernandez Kirchner. Su esposa, Beatriz Rojkes, llegó a ser la tercera en la línea sucesoria de la presidencia. Además, fue senador nacional en dos periodos, el último de ellos -entre 2017 y el 2021- lo tuvo que finalizar en licencia debido a su imputación en esta causa. 

También se mueve con soltura en el sector privado. Es dueño de un grupo de empresas que incluye constructoras e inmobiliarias, campos ganaderos y una reconocida empresa de venta de autos. Llegó a ser el funcionario más denunciado por corrupción con trascendencia pública, tanto en la Justicia provincial y federal desde 2005, según la investigación realizada por Irene Benito para el sitio Chequeado.com. Ninguno de esos procesos abiertos prosperó en los tribunales de su provincia natal. La única vez que fue llamado a declarar como testigo fue en el juicio contra funcionarios de su gobierno, en la causa que investigaba el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, quien fue desaparecida y asesinada en 2006. 

La impunidad que vino acompañada por el ejercicio abusivo del poder probablemente seguiría intacta, de no ser porque la hija de su primo hermano y exasistente personal expusiera todo lo que vivió dentro del ecosistema machista que lo rodeaba. Su séquito, los “sijosesistas", como los denominó el fiscal Sandro Abraldes, se dispusó a defenderlo aún al borde de cometer el delito de falso testimonio. En las más de 15 audiencias del juicio fueron acusados cinco de sus empleados y colaboradores,  los cuales serán investigados por falsear u ocultar la verdad. 

No estamos solas

Como Zoilamérica Narváez (víctima de Daniel Ortega), la denunciante de este político argentino eligió publicar una misiva en búsqueda de protección y de que se juzgue a su violador. “No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto. Yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga. Creo que legal y socialmente es el lugar en el que le corresponde estar y ser tratado”, escribió en noviembre de 2019. Así se mantuvo firme y en el anonimato hasta el día que se escuchó la sentencia. Su único fin fue encontrar en la justicia la reparación de los daños físicos y psicológicos que causó el dirigente político tucumano, valiéndose de la asimetría de poder y abusando de un vínculo familiar que propició en primera instancia el acercamiento de ella a su espacio político.

La denunciante, como eligió ser llamada durante todo el proceso judicial, actualmente tiene 30 años. No está sola, tiene a su familia y en este trayecto se encontró con algunas compañeras feministas, profesionales del derecho y de la salud mental que la acompañaron hasta este final. Ella dijo desde el principio que contaba con un poder que no era ni económico ni político. Encontraba su poder en la certeza de la verdad y la convicción de que "cuando una reconoce el abuso, se vuelve imposible tapar, porque te cambia para siempre".  

Hoy, considera inmenso lo logrado. Por supuesto que la magnitud da un poco de miedo. La justicia le quitó la carga como ella esperaba. Esta condena la hace sentir digna e íntegra. La decisión de no exponer el rostro, de evitar la revictimización y contar con el acompañamiento de una vocera, fue parte de un trabajo feminista constante.

El proceso judicial obliga a las víctimas de abuso a poner el cuerpo una y otra vez para constatar los hechos. La denunciante lo hizo con la firme decisión de que se cumpla con su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 

“Que haya logrado vencer el miedo y romper el silencio fue posible por una construcción colectiva que lleva décadas, como lo fue el que hayan sido otras las caras y las voces que llevaban su palabra y su exigencia de justicia, que era el de todas, de las miles de mujeres de las casi cuatro décadas, de encuentros nacionales de mujeres, de los diez años de ni una menos, de las históricas feministas que nos precedieron y  de las jóvenes que sostienen la lucha. Este juicio es histórico. Más allá del fallo, aquí hay una novedad: Nunca más, no importa cuán poderosos sean o se sientan, contarán con la impunidad de nuestro silencio, dejó de ser una consigna y se convirtió en una realidad en Tucumán”, declaró Adriana Guerrero, integrante de CLADEM Argentina - Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres-.

Este caso que cruza a la región, aporta un precedente para desmontar los estereotipos y mitos de género que sostienen que las víctimas mienten para llevar a cabo un supuesto complot político. Tanto el actor Juan Darthes (denunciado en diciembre de 2018 por la actriz Thelma Fardin, por abuso sexual agravado, ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años) como José Alperovich dijeron que los acusaban con el objetivo de dañar su imagen. Un lugar común que fue desarmado por sus sentencias judiciales en Brasil y Argentina. Se terminó demostrando que los que mienten son ellos.

“El impacto cultural de nuestras luchas fue profundo a partir de 2015, con el NI Una Menos. Yo vi que los compañeros se cuidan con lo que dicen, que las organizaciones lanzaron sus áreas de género. Hay hombres que reconocen algunas conductas discriminatorias. El movimiento es la gran herramienta concientizadora por excelencia, ahora falta mayor estructura. Hay un ministerio que se perdió y que no fue tan valorado, situaciones que son un desafío a mejorar”, reflexionó Victoria Tesoriero, de Proyecto Generar, organización que evaluó como peligroso el crecimiento de la violencia de género en el ámbito de la política. En 2022, mostraron que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo violencia de género en su militancia.

La causa de abuso sexual contra Alperovich atravesó todos los escenarios políticos posibles de Argentina; en el presente, el contexto social cambió. Las medidas y las políticas públicas de género están siendo vaciadas o vapuleadas por el gobierno nacional de Javier Milei. Pero el trabajo de construcción de herramientas para analizar los hechos con perspectiva de género desarrollado por los movimientos feministas parece persistir y aún tiene incidencia. Esta sentencia trae consigo el mensaje de que la violencia sexual no debe quedar impune y que romper el silencio es reparador: denunciar sirve, luchar sirve.