Angelina tenía 12 años cuando fue violada por el administrador de una finca en Alta Verapaz; resultó embarazada y tuvo gemelas.  Han pasado cinco años y Angelina todavía espera justicia contra su agresor.  Solo ha obtenido cerca de cuatro aportes económicos del Programa Vida y actualmente se dedica al cultivo de verduras y a la crianza de pollos para mantener a sus hijas.

Por Mariela Castañón

Angelina es una de las más de 2 mil niñas entre 10 a 14 años que anualmente resulta embarazada, producto de una violación, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).  Su caso se remonta al año 2019. 

En los últimos seis años, Angelina ha enfrentado una serie de desafíos: el primero es que su agresor obtuvo una medida sustitutiva y está libre. Su juicio se llevará a cabo hasta agosto de 2025, según el OSAR, que ha acompañado el caso.

De acuerdo con la doctora Mirna Montenegro, directora del OSAR, la cantidad de denuncias por violencia sexual contra niñas y adolescentes rebasa la capacidad de las instituciones de Estado, encargadas de la persecución penal y de la aplicación de justicia. 

La exdiputada y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, fue una de las ponentes de la iniciativa 6090, Ley Angelina, en 2022.  La propuesta se nombró de esta forma precisamente por la niña de Alta Verapaz violada por el administrador de la finca. 

“Bajo esta historia tan triste y cruel, nace la iniciativa de Ley Angelina.  No es solo la historia de Angelina, sino de miles de niñas en Alta Verapaz, en Guatemala y en Escuintla.  Es la realidad de las niñas pobres, del área rural, indígenas, en su gran mayoría”, lamentó Hernández.

La funcionaria dijo que la iniciativa Angelina es importante porque limita el otorgamiento de medida sustitutiva como sucedió en el caso del agresor de Angelina.  El proyecto de Ley reforma el artículo 264 del Código Procesal Penal.  El pasado 13 de junio, diputadas integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, emitieron dictamen favorable a la iniciativa 6090.

Datos del Ministerio Público (MP) reflejan que, de enero de 2020 a mayo de 2024, 18 mil 510 niñas y adolescentes menores de 18 años, fueron agraviadas por violación sexual y en ese mismo periodo de tiempo obtuvo 5 mil 049 sentencias contra hombres acusados por este delito: 3 mil 932 condenatorias y 1 mil 117 absolutorias.

Miles de casos, respuestas limitadas

El caso de Angelina se suma a los miles registrados anualmente.  Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en los últimos casi cinco años, ha atendido a 9 mil 094 niñas y adolescentes embarazadas en la red hospitalaria pública.

El OSAR estima que el 50% de los partos en las menores de edad es atendido en los hospitales públicos, mientras que el otro 50% podría asistirse por parto domiciliario o por comadrona.  Por lo que este análisis orienta a que el número de adolescentes puede ser mayor, comparado con el registro del Ministerio de Salud.

Aunque Angelina sí fue beneficiaria del Programa Vida del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por las gestiones del OSAR y de la exdiputada Ligia Hernández, se estima que únicamente recibió cuatro aportes económicos por Q1 mil 500 cada uno.  Este monto resulta insuficiente para atender todas las necesidades, tomando en cuenta que sus hijas gemelas padecen desnutrición leve, explican las personas entrevistadas en este reportaje. 

“Las gemelas presentan un cuadro de desnutrición leve.  No hay agua ni luz.  Es difícil la situación de la familia.  Aquí usted ve cómo el embarazo en niñas -en el caso de Angelina- afectó el crecimiento de las gemelas”, explicó Montenegro. 

El Programa Vida es una Transferencia Monetaria Condicionada, dirigida a niñas y adolescentes embarazadas, o madres víctimas de violencia sexual menores de 14 años, cuyos casos han sido judicializados en el área rural y urbana de Guatemala, según el Mides.  Este programa fue implementado bajo el Acuerdo Ministerial DS-068-2017, el 21 de agosto de 2017. El monto de Q1 mil 500 es entregado de manera periódica, no mensual.

Bertha Zapeta, viceministra de Protección Social del Mides, admitió que en algunos casos hay registros de que solo se entregaron tres transferencias, pero este año pretenden hacerlo de manera mensual.

“Como lo venían recibiendo era de manera periódica, no se indicaba si -era- mensual, hay casos que nos han indicado que solo recibieron en años anteriores tres transferencias. La instrucción que nosotras brindamos es que sea mensual”, indicó Zapeta mediante una respuesta gestionada por Comunicación Social de esa institución. 

Para la actual directora del Instituto de la Víctima, es necesario un abordaje integral para atender a las niñas.  Argumentó que algunos gobiernos han intentado paliar la situación, pero ante la ineficiencia en la implementación de los proyectos, este abordaje no es una realidad y ejemplifica la falta de educación integral en sexualidad, de salud, y de programas sociales acorde a las necesidades de las niñas.

Futuros truncados 

De acuerdo con los casos que ha conocido el OSAR, la mayoría de las niñas embarazadas no puede retomar sus estudios después de un embarazo, debido a que no existe un programa o una estrategia por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

Por su parte, Francisco Cabrera, viceministro técnico de Educación del Mineduc, respondió que sí proponen a las niñas y adolescentes las opciones educativas en el subsistema escolar que pueden estar acompañadas de adecuaciones curriculares y guías para educación a distancia; asimismo, los diferentes programas de educación extraescolar. Además, dan seguimiento a la continuidad de los estudios para la permanencia de la niña o adolescente en el Sistema Educativo Nacional.

Según el Mineduc, en lo que va del año se ha conformado una articulación interinstitucional de esfuerzos entre el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), con quienes se coordina para responder a casos de violencia sexual, ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas y asegurar que se haga justicia. Esta instancia cuenta con un protocolo conjunto y está iniciando una campaña de comunicación dirigida a las y los estudiantes, y a la comunidad educativa en general. 

La infancia y adolescencia de Angelina, ha girado en torno a sus hijas. Debe trabajar para mantenerlas y esperar a que la justicia alcance a su agresor.  Mientras que, para Montenegro, la directora del Osar, como país, “no hemos trabajado para disminuir la vulnerabilidad de las niñas”.