Los diputados oficialistas que integran la Comisión Pesquisidora, elegida para analizar la solicitud de antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, buscan controlar y deponer la autoridad de la legisladora Andrea Villagrán, quien dirige esa instancia.

La primera sesión de la pesquisidora fue controversial. En la misma se definió que se solicitará un informe al Ministerio Público (MP) sobre la denuncia en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, que deberá ser elaborado y enviado en los próximos días.

El requerimiento se hará, según Villagrán, para establecer la ruta que esta instancia parlamentaria debe tomar, debido a que el denunciante desistió en su intención de que se investigue a Castillo.

No obstante, el congresista oficialista Rudy Pereira solicitó que se citara al vicepresidente y al denunciante este viernes. Villagrán, quien preside la instancia, señaló que antes de ese acto era necesario esperar a recibir el reporte del MP.

La sesión se levantó después de ello, pero Pereira y los oficialistas Julio César Longo, Napoleón Rojas y Rudy González, quienes también conforman la pesquisidora, la continuaron con la ausencia de Villagrán.

En ese lapso, Pereira fue autonombrado como nuevo presidente de la comisión. Por ello, la diputada calificó la acción de los parlamentarios como “ilegal”.

“Lamentablemente algunos diputados decidieron deliberadamente continuar en discusiones completamente en el marco de la ilegalidad, usurpando la función de la Presidencia (de la pesquisidora) y sometiendo a votación cosas que no pueden hacer”, dijo la funcionaria.

La legisladora indicó que esa situación es grave y mencionó que este acto muestra los “intereses de los golpistas de acelerar todo este proceso (de retiro de antejuicio)”, porque hay “algo detrás”.

De hecho, el diputado Luis Alberto Sánchez impulsó en el hemiciclo para que esta y otra comisión entregaran sus informes a más tardar el 24 de noviembre. Sin embargo, no consiguió el apoyo suficiente y fue rechazada.

“Como presidenta de la comisión (manifiesto), haremos un trabajo responsable, sobre todo mesurado, en un momento de la historia política guatemalteca en donde hay grupos antidemocráticos que están atacando el orden constitucional”, afirmó.

Villagrán, quien pertenece a la oposición en el Legislativo, exigió a la Junta Directiva de ese organismo que ponga en orden disciplinario a los diputados que “pretenden usurpar funciones”.

Tras recibir esta denuncia, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, convocó a la comisión a una reunión con los directivos legislativos, este jueves 16 a las 14 horas, en la que se le dará seguimiento a las irregularidades alegadas.

Reacciones

Édgar Batres, parlamentario de Winaq, expresó que con lo ocurrido se trasladó al Legislativo esa “maña del golpe de Estado”. “Qué confianza puede tener el pueblo de Guatemala si ya se están violentando las comisiones establecidas”, agregó.

En tanto que el diputado Mario Taracena aseguró que se cometió abuso de autoridad. “Saben cómo se le llama a eso: miedo. ¿Qué les pasa? ¿Tanto miedo tienen? ¿Tanto han robado? ¿Tanto tienen que esconder?”, puntualizó.

Denuncia

La solicitud de retiro de antejuicio en contra del Castillo surgió por un supuesto nombramiento ilegal en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), en 2020. El funcionario señaló que la Contraloría General de Cuentas no advirtió irregularidades sobre este extremo.

Por eso, calificó de espurio, ilegítimo y político el señalamiento. Inicialmente, su proceso para quitarle la inmunidad estuvo detenido por un amparo provisional que le otorgó la Corte de Constitucionalidad, hace tres años, pero este fue revocado recientemente.