Alejandra Cabrera es una de las tres mujeres querellantes adheridas al caso Diario Militar. Tras 37 años, sigue preguntándose dónde está su papá, Leopoldo Cabrera, quien fue desaparecido en 1984, por el Gobierno militar de Óscar Humberto Mejía Víctores, por pertenecer al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

Una mañana de 1984, Eleuterio Leopoldo Cabrera García, de 53 años, preparaba el desayuno para su familia en su casa ubicada en la zona 11 de la capital. Era como un día cualquiera. Alejandra, una de sus hijas, recuerda ese día como ningún otro. Después de desayunar juntos, ella se preparó para ir a estudiar. Su padre y madre, Clara Luz Tenas Chavarría, también de 53 años, vieron a través de la ventana del portón para ver partir a su hija de 8 años. Esa sería la última vez que vería a su padre.

Han pasado 37 años desde que Leopoldo fue secuestrado y desaparecido. Su nombre es uno de los 183 que aparecen en el Diario Militar, un documento que registra cómo entre 1983 y 1985, el Gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores exterminó a quienes consideraba enemigos.

Cerca de media hora después de que las niñas se fueran de la casa, Leopoldo Cabrera salió y fue detenido por unos hombres en una panel blanca en la 13 avenida 12-70 zona 11. Minutos después, la misma camioneta se parqueó en el garage de la casa. Entran violentamente y se llevan a Clara Luz Tenaz. La pareja es integrante del PGT, una organización a la que los militares habían identificado como comunista durante el conflicto armado interno.

A través de una entrevista telefónica, Alejandra Cabrera, mujer mestiza y defensora de derechos humanos, que ahora tiene 8 años menos que su papá, al momento de haber sido desaparecido, dice está dispuesta a contar su vivencia, lo que sabe de la militancia de sus padres en el PGT, y su participación como querellante en el caso Diario Militar porque cree que es una forma para garantizar que lo que vivió no se repita. Hay detalles que no comparte, porque podrían obstaculizar el caso en el que hay 11 militares retirados involucrados.

De vuelta a 1984, cuatro días después del secuestro, Clara Luz Tenaz fue liberada no sin antes haber sido sometida a horas de tortura, sobre todo psicológica.

A mi mamá la torturaban haciéndola escuchar audios de niñas siendo torturadas, abusadas. Le decían que eran los gritos de nosotras, sus hijas. Escuchando las narraciones del Ministerio Público pienso en esos otros niños y niñas”, son las palabras de Alejandra, quien se para frente al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para contar el testimonio que pervive de su madre.

“Yo pensé que lo había perdido todo. Tuve la oportunidad de recuperar a mi mamá y varias veces pensé que la perdía por las secuelas que eso provocó. Afortunadamente, pudimos acompañarnos a lo largo de la vida. Pude crecer junto a ella, pude acompañarla y cuidarla en su enfermedad. Cosa que me arrebataron con mi papá. Mi mamá falleció en el 2011. Iba a cumplir 80 años. Tenía la misma edad que mi papá”, cuenta.

Un tiempo después, la familia es víctima de vigilancia y hostigamiento. Así que salen del país y se resguardan en México.

“Los exilios son muy difíciles porque te sustraen de todo tu entorno y muy de golpe. Hay un impacto sobre la niñez porque estás protegida en el seno familiar que era mi lugar seguro en el mundo. Me lo rompieron, lo arrebataron, lo destruyeron. Sí, salvas la vida, pero también se pierde mucho”, reflexiona.

Su primer día en ese país extraño es justamente un 20 de noviembre, el Día del Niño. Lo recuerda bien porque el ruido del desfile de ese día es lo que la despierta y la lleva a la ventana del lugar donde se refugian.

“Vi un desfile de niños con pantalonetas de colores, globos de colores. Me dio tan buena impresión el país porque era una niña y era ingenua. Mi pensamiento fue: que buena idea venir aquí porque aquí los niños salen a la calle con globos y se ríen. Para ese entonces, yo ya no reía. Verlos felices en la calle, seguros, sin que los persiguieran me sorprendió”, confiesa. “Llegar a México me dio esperanza. Volví a nacer allí. El impacto de esta violencia y terrorismo de Estado es muy grande en la vida de una persona”, agrega.

Su estadía en México le devolvió la estabilidad, la seguridad y le permite hacer un nuevo pacto con la vida, aunque Guatemala todavía la espera.

Siete años después, la hora de regresar llega. “No sabía a qué me iba a enfrentar. No sabía cómo estaba la situación. Definitivamente, el amor por el país de una es algo natural. Aun con toda la historia dolorosa del país, es este el que tenemos que rescatar, el que tenemos que seguir replanteándonos para disminuir esas brechas de desigualdad que siguen vigentes”, indica.

Alejandra no da demasiados detalles de su regreso a Guatemala, cosa que ocurre cuando todavía es una adolescente, solo dice que se da cuenta de que hay mucho rechazo y estigma.

Siempre voy a reconocer la infinita capacidad de mi mamá de afrontar la vida con mucho valor y con mucha dignidad. Eso me infundió mucha seguridad. En medio de todo, pude crecer en un ambiente de certezas. Con esa seguridad afronté el regreso”, dice.

Volver a la vida que tenía cuando era niña, a la casa, a los juguetes, ya no es posible. No hay amistades a las que volver, ni juegos en la cuadra. Tampoco está su padre.

“Conforme fui creciendo, se fue haciendo más grande el anhelo por saber dónde estaba. Por eso se dice que la desaparición forzada es pluriofensiva y además, es continua. No se acaba hasta que aparece tu ser querido. La desaparición sigue vigente con todo lo que implica, las dudas, la incertidumbre, la tristeza. También te preguntas cómo hubiera sido si no hubiese pasado eso”, explica.

Insiste en que el terror del estado le arrebató mucho y acepta que es hasta antes de ingresar a la universidad que empieza a hacer amistades como consecuencia de lo que vivió.

Con el paso de los años, llega el 29 de diciembre de 1996. El día pactado para la firma de los Acuerdos de Paz entre el Ejército y la guerrilla. De pronto, todo por lo que sus papás lucharon, la erradicación de las brechas de desigualdad, se hace realidad. Aunque solo parcialmente.

En medio de la era de “paz” algo más la sacude. Es marzo de 1999 y la organización Archivo de Seguridad Nacional, una institución norteamericana ubicada en Washington, da a conocer la existencia del Diario Militar.

Encontrar el documento me dio la certeza e información de que -mi padre- fue ejecutado. Sabía de la ausencia que dejó en mi familia, pero no había entendido la magnitud hasta que salió el diario. Saber cómo se articularon las estructuras para reprimir y erradicar a la población. Eso te da otro contexto. Es algo que le pasó a miles de personas en el país. Entonces la necesidad de saber dónde está también se hace más grande”, asegura.

Hay un vacío de lo que pudo haber pasado en estos últimos 22 años, después de que se conociera el Diario Militar, pero el juicio por genocidio, que inicia en 2013, es la puerta para hacer tangible la justicia por los 183 desaparecidos entre 1983 y 1985. Los casos de Sepur Zarco, Creompaz y Molina Theissen, también diezmaron a su causa.

Se sabe que, algunos de los hijas e hijos de las víctimas de desaparición forzada que están querellados al caso, en estas dos décadas reconstruyen quiénes son sus familiares, qué hacían, con quiénes tenían relación. Todo para esbozar su humanidad. Alejandra no es una de ellas. Su papá nunca le ocultó que participa en el PGT y su mamá es su vínculo con esa historia. Conforme crece y conoce el contexto sociocultural, económico y político del país, comprende aún mejor la lucha de Leonardo Cabrera y dice que la reivindica.

“Lo que me ha motivado es encontrar a la persona que estoy buscando. Todo lo que queremos es recuperar a nuestros familiares”, agrega.

37 años de espera

Han pasado 37 años desde que vio a su papá por última vez. Es el mismo tiempo que los familiares de las víctimas han esperado para reclamar al Estado y hacer una demanda de justicia. Una justicia que dice nace del amor y de la necesidad de saber dónde está su cuerpo.

“Mi papá pensaba distinto, creía firmemente en una Guatemala en la que la vida y la dignidad humana debían ser el centro de las políticas públicas, tenía 53 años y salud precaria, no tuvo un juicio. Fue considerado como enemigo interno, como tantos miles de intelectuales, estudiantes, trabajadores, quizá nuestro país fuera distinto, más humano, más justo, más transparente.

No estamos aquí por venganza, la venganza es contraria al amor y lo que ha motivado nuestra búsqueda del paradero y la verdad de los hechos es el amor profundo a nuestros familiares, para pedir justicia por lo inenarrable a lo que fueron sometidos y por la tortura que nos fue impuesta con su desaparición, sembrando dolor, incertidumbre, angustia constante que han estado presentes cada día atravesando nuestro ser, nuestra vida y que la sentimos aún hoy en esta sala.

Pido que los indicios racionales planteados sean tomados en cuenta para ligar a proceso a los sindicados, garantizando el debido proceso y su derecho a la salud, para que la impunidad termine y que ojalá este proceso aporte a las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el terror, nunca más.

Por último, a los señores aquí presentes, que declararon escuchar y entender lo que aquí se ha dicho, les muestro el retrato de mi padre y pregunto dónde está. Rompan el pacto de silencio y digan dónde está mi papá y las demás víctimas detenidas desaparecidas del Diario Militar”, dice Alejandra frente al Juez de Mayor Riesgo y frente a los 11 militares capturados el pasado 27 de mayo:

1.Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista
2. Rone René Lara, Sargento mayor especialista
3. José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional
4. Jacobo Esdras Salán Sánchez
5. Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN
6. Edgar Virgilio de León Sigüenza, cabo especialista
7. Marco Antonio González Taracena, jefe del archivo y subdirector del Centro de Adiestramiento Kaibil
8. Juan Francisco Cifuentes Cano, primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía y del Quinto Cuerpo de la extinta Policía Nacional;
9. Eliseo Barrios Soto, militar y especialista del Estado Mayor Presidencial; y
10. Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, militar y especialista del Estado Mayor Presidencial.
11. Gustavo Adolfo Oliva Blanco, integrantes de la extinta Policía Nacional

El caso aún está en una etapa judicial temprana. Hasta ahora, la mayoría de los militares involucrados fueron ligados a proceso y el Ministerio Público tendrá algunos meses para desarrollar la investigación antes de que el juez pueda decidir si deben ser juzgados.

El proceso y la espera será larga. Pero Alejandra Cabrera tiene esperanza no solo de encontrar a su padre y a las demás víctimas porque “es algo que les debemos a ellos”, si no de que el caso sea un precedente para que este capítulo oscuro de la historia de Guatemala no se repita.