El gremio internacional de abogados exhortó a las autoridades guatemaltecas a liberar de inmediato a Laparra, además pidieron poner fin a los “procedimientos criminales infundados e ilegales” en su contra.

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos denunció acciones de criminalización continua contra Virginia Laparra, quien está en prisión preventiva desde febrero de 2022. Así como contra otros fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala.

Dicho gremio de abogados internacional exhortó a las autoridades guatemaltecas a liberar de inmediato a Laparra, además pidieron poner fin a los “procedimientos criminales infundados e ilegales” en su contra y contra los demás exfiscales que han sido criminalizados.

“El Colegio de Abogados previamente ha emitido declaraciones denunciando la continua persecución de operadores de justicia en Guatemala y pidiendo que las autoridades guatemaltecas cesen la criminalización y los ataques en contra de los abogados, jueces, fiscales y exfiscales que han luchado contra la corrupción en Guatemala. Desafortunadamente, los ataques, el acoso y los arrestos han incrementado. El hostigamiento y la criminalización de los operadores de justicia, que cumplen con sus obligaciones profesionales en casos de anticorrupción, o que de otra manera han denunciado corrupción, crea un entorno de impunidad y debilita al Estado de derecho”, indicaron en su pronunciamiento.

Según el análisis que ellos realizaron del caso de la exfiscal anticorrupción, los hechos del delito de “abuso continuado de autoridad cometido contra la administración pública”, no cumple con los estándares jurídicos internacionales.

“Las acciones de Laparra no estaban previsiblemente prohibidas por la ley; por lo tanto, sus acciones no eran punibles y su condena y encarcelamiento fueron ilegales. Las autoridades guatemaltecas violaron los principios de legalidad y seguridad jurídica en el caso de Laparra”, concluyen.

Una fiscal que investigó corrupción 

Laparra fue una fiscal que investigó una serie de casos de corrupción cuando estaba al frente de la unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en el departamento de Quetzaltenango. La persecución en su contra se inició luego de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien también ha sido criminalizado.

La exfiscal anticorrupción fue procesada por haber presentado una denuncia administrativa contra el exjuez Lester Castellanos, quien habría filtrado información al abogado Omar Barrios.

Actualmente tiene vigente un segundo proceso por supuesta revelación de información confidencial. Pese a que sus delitos no son graves, el MP se ha opuesto a que se le concedan medidas sustitutivas, criterio diferente al empleado con acusados de corrupción, donde el ente investigador no se ha opuesto a que se les deje en arresto domiciliario.