Por: Wambra EC

La Corte Constitucional de Colombia, hace un año, el 21 de febrero de 2022, decidió que las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias puedan interrumpir su embarazo voluntariamente hasta las 24 semanas. La demanda fue impulsada por el movimiento Causa Justa conformado por más de 100 organizaciones de ese país. 

A un año de esa sentencia, conversamos con Cristina Rosero, abogada y parte del Centro de Derechos Reproductivos Colombia, para conocer los avances del dictamen. 

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Antes de la despenalización del aborto en Colombia, el Código Penal en su artículo 122 señalaba: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno a tres años”, sin embargo, con la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2022, el aborto ya no es un delito hasta las 24 semanas. 

El movimiento Causa Justa conformado por más de 100 organizaciones y más de 130 activistas, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 del Código Penal a la Corte Constitucional, el 21 de septiembre de 2020, para poner fin a la criminalización de mujeres por acceder a un aborto. La solicitud de la demanda fue que la Corte elimine el delito de aborto por ser “injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud” y que en lugar de hacer uso del derecho penal, podría existir mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muerte y complicaciones por aborto inseguros y de embarazos no deseados. 

De igual forma, las organizaciones y activistas demandantes pedían programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos. 

Hasta que el 21 de febrero de 2022, la Corte falló a favor de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias, permitiendo el aborto hasta en un plazo de 24 semanas, convirtiéndose Colombia, en uno de los países de América Latina en tener los plazos más altos para acceder a un aborto. 

Peligros de la sentencia 

Cristina Rosero, abogada y parte del Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, dice que al momento, en la Corte Constitucional se tramitan 17 solicitudes de nulidad de esta sentencia, todas estas presentadas por parte de grupos antiderechos. Desde el movimiento Causa Justa, lo que han hecho es presentar oposiciones a esas solicitudes, porque no hay condiciones para que la Corte establezca la nulidad del fallo.

Según Rosero, en Colombia una de las causas para anular una sentencia de la Corte Constitucional, es cuando existe una grave violación a los derechos del debido proceso y en el caso de esta sentencia, no hay ningún tipo de violación porque la Corte se tomó el tiempo prudente para analizar todas las solicitudes presentadas y dar espacio todos los sectores; por ello asegura no hay causa para la nulidad. 

A parte de estas solicitudes, existen dos pedidos de referéndum por parte de la ciudadanía, respaldados con una recolección de firmas, con el objetivo de hacer modificaciones a la Constitución para que el aborto vuelva a ser prohibido en Colombia en todos los casos. 

“Nosotras defendemos la democracia y tenemos mucho respeto con los mecanismos de participación ciudadana porque sabemos que son mecanismo muy importantes y deben protegerse. De nuestro lado, nos parece cuestionable, no estamos de acuerdo con que se utilice este tipo de mecanismo para buscar retrocesos en los avances que han sido muy difíciles conseguir a través del tiempo para proteger a personas que históricamente han sido discriminadas como las mujeres y las niñas”, dice la abogada Cristina Rosero. 

En consecuencia, desde el movimiento Causa Justa estarán haciendo un seguimiento a los mecanismos de participación ciudadana; su posición es que se mantengan los avances obtenidos desde la sentencia de la Corte Constitucional. 

 ¿Reducción de la muerte de mujeres tras la sentencia de la Corte?

Datos recogidos por el movimiento Causa Justa muestran que desde el 2006, cuando la Corte anuló la prohibición total del aborto, “la persecución y las condenas por aborto

voluntario en lugar de reducirse, han aumentado significativamente”, afectando mayormente a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad como lo son mujeres víctimas de violencia, niñas y adolescentes. 

Según el reporte, el número de condenas en contra de mujeres que accedieron a un aborto aumentó. Así, mientras en 2006 hubo 12, en posteriores años, la media anual de condenas fueron de 26, sumado a que, el 42% de las mujeres criminalizadas por acceder a un aborto fueron víctimas de violencia doméstica, agresiones delitos sexuales, entre otros.         

De esas denuncias, el 79% fueron reportadas por personal de salud y la policía y el 56.4% de las mujeres condenadas por abortar fueron denunciadas por instituciones sanitarias. 

A todo esto, hay que agregar que el aborto “es una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna”, según el Protocolo de Prevención del Aborto Inseguro en Colombia. A su vez, datos del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología recogidos por Catalina Oquendo para el diario El País, muestran que durante la pandemia existieron mayores barreras para acceder a un aborto seguro en Colombia, lo que fue una de las causas que provocó la muerte de 405 mujeres por hemorragias.

Sin embargo, a un año de la sentencia, Cristina Rosero, abogada y parte del Centro de Derechos Reproductivos Colombia, dice que es complicado obtener el dato sobre la reducción de las muertes en mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias por complicaciones al practicarse un aborto porque la cifra es oculta, al tratarse de casos que no quedan registradas en las estadísticas oficiales.

Lo que sí han podido registrar es un incremento en las personas que acuden al sistema de salud para solicitar un aborto, porque ahora las mujeres acuden de manera legal y eso no significa que haya un incremento de los abortos, sino que los abortos clandestinos ya no se dan y ahora la despenalización permite hacer uso del derecho a interrumpir su embarazo de manera voluntaria. 

Otros avances que se han generado desde la sentencia en febrero de 2022, ha sido la implementación de la resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social que resuelve adoptar una única regulación para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de garantizar la atención integral en salud, un enfoque en salud integral y el acceso a la atención integral para interrupción voluntaria del embarazo, entre otras resoluciones.

Adicional a esto, la Corte en la sentencia C-055 donde se despenaliza el aborto hace un exhorto al Congreso y al Gobierno Nacional para que expidan una política integral se cubra el tema de salud, educación sexual y reproductiva, uso de métodos anticonceptivos, planificación familiar, el tema de adopción; apuntando a tener medidas para prevenir embarazos no deseados. 

A un año de la sentencia, aún no se ha presentado un proyecto de ley que responda a las necesidades de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias en relación a la implementación de esta política integral. Sin embargo, el nuevo gobierno, ahora presidido por Gustavo Petro y Francia Márquez, han expresado su interés en responder a los derechos sexuales y reproductivos y en comprometerse con la implementación de la sentencia, lo cual es alentador, explica la abogada Rosero.

Conmemorando la Causa Justa 

Para Cristina Rosero, la conmemoración del primer año de la despenalización del aborto en Colombia significa el reconocimiento efectivo a la libertad y la autonomía de las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias para tomar decisiones libres sobe su cuerpo. 

“Creemos también que una parte muy importante del trabajo que hacemos, se relaciona con la despenalización social, eso significa liberar la conversación del aborto de los estigmas, los perjuicios que usualmente se aplican en este país. Es muy importante mantener esa conversación abierta, mostrando la realidad de lo que las mujeres, las niñas viven diariamente y un servicio de salud como cualquiera de los Estados deberían garantizar”, señala Rosero. 

La conmemoración también fue para hacer un llamado de lo necesario que es la efectiva implementación de la sentencia en Colombia y por ello, las actividades de esta conmemoración giraron en torno a un plantón en la Corte Constitucional, conciertos con artistas que apoyaron la causa como Andrea Echeverri y un mural en la avenida carrera 7 y calle 77; así como festejos con chivas y una manifestación. 

“Fue un día de muchas emociones en donde llegamos a una fiesta por la libertad de las mujeres”, agrega Rosero.