Valeria Pedraza Benavides.

Abogada - Women's Link Worldwide

 Colombia

La discusión pública sobre los avances en los derechos humanos, especialmente en derechos de las mujeres, frecuentemente se ve empañada por mitos propagados por grupos antiderechos contrarios al derecho a decidir. Sin embargo, la verdad eventualmente se impone, mostrando que todas esas supuestas alertas y mitos no son más que desinformación.

La experiencia de Colombia durante el debate sobre la despenalización del aborto no fue la excepción. Gracias a una demanda presentada por el movimiento Causa Justa, en 2022, la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo las tres causales reconocidas desde el 2006. Esta sentencia, de la que se cumplirán dos años este 22 de febrero, fue un hito para los derechos reproductivos en el país.

La Fundación Oriéntame, que se especializa en asesorar y en prestar servicios de salud a mujeres que buscan una interrupción del embarazo, atendió a unas 11.600 mujeres en el primer año desde la despenalización. El año anterior, cuando el aborto aún era ilegal por fuera de las tres causales, Oriéntame atendió a 10.624 mujeres. Estas cifras contradicen el primer mito: que la despenalización sería un incentivo que aumentaría drásticamente las solicitudes de aborto. Además, los datos indican que el 93% de las interrupciones del embarazo se practican antes de la semana 12, desmintiendo a quienes decían que las mujeres esperarían hasta el último momento para solicitar un aborto. La realidad es que la disponibilidad de esta opción ha aumentado la conciencia y la búsqueda de información entre las mujeres y las personas de género diverso.

Sin embargo, es importante reconocer que estos avances jurídicos no tienen el mismo impacto en las vidas de todas las mujeres. Esto es particularmente cierto para las mujeres indígenas, quienes enfrentan severas limitaciones para ejercer sus derechos debido a normas culturales y a decisiones judiciales que las afectan de manera desproporcionada.

En junio de 2023, dos decisiones relacionadas con una niña y una mujer indígena a quienes sus comunidades indígenas les negaron el acceso al aborto nos tomaron por sorpresa. El mismo tribunal que había fallado a nuestro favor en 2022, emitió dos sentencias que contradecían la sentencia Causa Justa.

En estas sentencias se afirmaba que el sistema de salud no estaba obligado a realizar abortos hasta la semana 24 de gestación. Aunque estas sentencias determinaron que, al negárseles el acceso al aborto, se violentaron los derechos de la niña y la mujer indígenas, también sugirieron que el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas puede prevalecer sobre el derecho al aborto de las mujeres indígenas. En otras palabras, dijeron que las autoridades indígenas tenían la autoridad para decidir cuándo se podía permitir o no un aborto.

El movimiento Causa Justa pidió a la Corte anular esas decisiones que contradecían la sentencia Causa Justa y que podían contribuir a la imposición de barreras para acceder al aborto. La Corte Constitucional anuló las dos decisiones y reconoció que negar la existencia del derecho al aborto antes de la semana 24 de gestación y la obligación del sistema de salud de prestar este servicio es contrario a la sentencia Causa Justa.

Esta victoria legal es otro ejemplo del exitoso modelo de trabajo de Causa Justa. Esta coalición, que reúne a más de 100 organizaciones de todo el país, es un ejemplo de coordinación y creación de alianzas. El éxito del movimiento tiene sus raíces en un objetivo más amplio que la despenalización del aborto. Nuestro objetivo es lo que llamamos la “despenalización social”, que implica cambiar la forma en que se habla sobre el aborto, y aumentar la conciencia y el respeto hacia las decisiones autónomas de las mujeres y las personas de género diverso sobre sus cuerpos.

Como organizaciones feministas entendemos que los derechos alcanzados no pueden darse por sentados. Reconocemos que muchas mujeres, especialmente las más vulnerables, todavía encuentran obstáculos para hacer valer sus decisiones. También ha habido intentos de revertir la decisión a través de medios legales y administrativos, y algunos grupos han amenazado públicamente la sentencia Causa Justa con fines políticos y electorales.

Debemos continuar monitoreando la implementación del fallo y persistir en salvaguardarlo.

Tras este proceso, Colombia cuenta con una de las legislaciones sobre aborto más progresistas de América Latina y el Caribe. Esta decisión histórica es un ejemplo de la persistencia de las organizaciones feministas para promover la justicia reproductiva. Seguimos avanzando, cambiando el discurso sobre el aborto y empoderando a cada mujer, niña y persona de género diverso para que tome decisiones autónomas e informadas sobre sus cuerpos y su futuro reproductivo.