Como si hubiese sido ayer, ya han transcurrido 10 meses de la masacre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hemos comenzado un año con 41 niñas ausentes, que fueron asesinadas el 8 de marzo del 2017, pidieron auxilio para salir de las llamas del aula donde las habían encerrado bajo tortura y amenazas, la Policía Nacional Civil que estaba a cargo de ellas, bajo la orden de las autoridades del Hogar y del mismo Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, hicieron caso omiso a los gritos de las 56 menores.

Las 15 adolescentes sobrevivientes viven cada día con dolor en sus cuerpos quemados, algunas de ellas tienen amputadas extremidades e incluso amputaciones faciales. La Procuraduría General de la Nación (PGN), ha solicitado a un juez el hermetismo y reserva total de los 9 casos de las niñas trasladadas a Estados Unidos, de las cuales una falleció en ese país. Sin embargo no es ningún secreto las condiciones en las que la PGN y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia han entregado a las menores que tenían a su cuidado.

Seguimos exigiendo justicia, seguimos preguntándonos el por qué Harold Flores continúa como Procurador de la Niñez y adolescencia de la PGN teniendo un proceso penal en su contra con imputación de 5 delitos. O por qué Gloria Castro sigue trabajando en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), con 3 delitos en su contra.

El mundo entero está con los ojos puestos en este caso y no pasaremos por alto este tipo de burla para las víctimas.