Este 8 de marzo además de la conmemoración del “Día de la Mujer” también se recuerda que han pasado 5 años desde la tragedia del Hogar Seguro Virgen De La Asunción (HSVA) donde 41 niñas murieron quemadas y 15 sobrevivieron luego de ser encerradas en un salón bajo la custodia de la Policía Nacional Civil.

Un pavoroso evento que se dio en un lugar que se suponía era de abrigo y protección para menores de edad, bajo la responsabilidad estatal por medio de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).
Hoy las madres y familias que buscan justicia por la memoria de sus hijas han tenido un largo proceso judicial que según Vianney Hernández, una de las mamás de las 41 niñas, califica de “lento, solo posponiendo las audiencias”.

Para llegar a un juicio, las personas sindicadas por este suceso están en distintas etapas y divididos en tres grupos. En el primer grupo, se encuentran el exsecretario de Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) Carlos Rodas, la exsubsecretaria de la SBS Anahí Keller y exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.

Para la abogada Juanita Pérez el mayor retraso de este proceso ha sido también la cantidad de audiencias que se han cancelado. Y menciona que de todas las personas acusadas la mayoría cuenta con medidas sustitutivas.
El segundo grupo está integrado por el exprocurador de niñez y adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Harold Flores Valenzuela; la exdefensora de niñez y adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro; la subinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín; el exsubcomisario Luis Armando Pérez Borja; y Brenda Chamán, exjefa del “Departamento de protección especial contra el maltrato en todas sus formas” de la SBS. Todo ellos gozan de medidas sustitutivas por lo que están en arresto domiciliar, excepto exsubcomisiario y la subinspectora de la PNC que están en prisión.

En el tercer grupo se encuentran Rocío Murillo, exjueza del Juzgado de Paz de San José Pinula; Ofelia María Pérez Campo, quien era la encargada del área “Mi Hogar”; Crucy López, monitora de Gaviotas y Romeo Miranda, exsecretario de Murillo, a quienes en enero se les otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario.

Lasmadres que han acudido a las audiencias se han organizado para que de alguna manera puedan estar entre tres o dos mamás, ya que por el hecho de que todas se encuentran trabajando es difícil que más acudan. “Las mamás que vivimos en la capital tratamos de estar siempre en las reuniones y en las audiencias”, expresa Hernández.

Buscar justicia

Este próximo 11 de marzo el tercer grupo pasa a la etapa intermedia. Mientras el 24 de junio será el debate oral y público de los otros dos. Según el abogado que representa a las familias de las niñas,Edgar Pérez, se espera que los tres grupos se junten luego de haber estado separados.

La justicia no está asegurada para las familias de las niñas, eso lo tiene claro Vianney, madre de Ashley Rodríguez Hernández. Aun así menciona que hace la lucha. “Que vaya a haber una justicia justa, no creo, pero vamos intentar llevar a otros niveles el caso. Yo prometo luchar hasta el final, siempre levantar nuestra voz como madres”.

Vianney recuerda que su hija era una niña alegre y cariñosa, que le gustaba cantar y era la que transmitía alegría en la casa. Por lo que resalta “eran niñas no delincuentes, a los delincuentes los protegen y ellas no pudieron cuidarlas. Lo que más duele es que el Estado nos falló, no cuidó a las niñas, en vez de dar protección ellos se lavan las manos”.

Estar presente en este proceso para las madres significa conocer qué pasó ese día, además de la esperanza por tener justicia. “Yo quedaría satisfecha si dieran una buena justicia, aunque no den nada y así mi hija descanse en paz. Tenemos que seguir adelante”.

Cuando las mamás asisten a las audiencias llevan playeras con mensajes que exigen justicia, tienen nombres de las niñas o sus rostros. Esto ha hecho que les dificulten el ingreso o les priven entrar. “Ellas tienen derecho a llevarlas, no debe ser impedimento para que ingresen a las audiencias”, explicó la abogada del caso Juanita Pérez.

De acuerdo con el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad” realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el HSVA albergaba unas 600 niñas, niños y adolescentes con una amplia gama de perfiles y necesidades. Durante años las autoridades estatales no dieron respuestas adecuadas a las denuncias oficiales por negligencia, violaciones de derechos humanos (incluyendo violencia psicológica, física, sexual y trata), malas condiciones de vida y deficiente monitoreo y supervisión en el hogar, presentadas no solo por instituciones internacionales y nacionales, sino también por niñas y niños que vivían en el hogar. Varias de estas denuncias habían sido presentadas por niñas que murieron en el incendio, unos meses antes de su muerte.

Plantones el 8 de marzo

Como lo han hecho los últimos años, las familias realizarán una vigilia en la Plaza de las Niñas para seguir exigiendo justicia y que el estado no olvide este hecho. Además el 7 y 8 de marzo tendrán un platón en el HSVA.