Ella dio su vida para que otros tengan vida.

Hace 33 años fue asesinada la antropóloga Myrna Mack.

Con información de Eslly Melgarejo

Fue una tarde lluviosa, martes 11 de septiembre de 1990, cuando la antropóloga Myrna Elizabeth Mack Chang se encontraba en las oficinas de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, AVANCSO, ubicadas en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1, asociación de la que fue socia fundadora.  Eran las 18:45 horas cuando Mack Chang  salió de las oficinas y fue asesinada en un operativo de inteligencia del Estado Mayor Presidencial; dos hombres acabaron con su vida al apuñalarla 27 veces. 

Cada año en fecha 11 de septiembre se conmemora la vida de Myrna Mack, se hace un recuento del trabajo y aportes que también realizó con la población desplazada, víctima de la represión militar en la época en que se tuvo un Estado contrainsurgente y la construcción de AVANCSO, de la academia de la antropología. 

La investigadora Myrna Mack fue asesinada a sus 40 años. En ese entonces su hija Lucrecia Hernánez Mack, quien fue la primera mujer en desempeñar el cargo de Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, tenía 16 años. Hernández Mack fue médica social, diputada y fundadora del Movimiento Semilla y  falleció el pasado miércoles 6 de septiembre, a los 49 años de edad. Lucrecia Mack nunca faltó a los homenajes que se realizaban cada año en la calle donde  fue asesinada su madre, calle que lleva el nombre de Myrna.

Cusas del asesinato

Myrna Mack realizaba investigaciones en comunidades de desplazados internos, retornados de las montañas del norte de Alta Verapaz. Su propósito consistía en elaborar y presentar un estudio sobre las condiciones de vida de los retornados y las políticas gubernamentales dirigidas hacia ellos. En 1990 AVANCSO publicó la investigación No.6 con lo resultados de la investigación de Myrna y su equipo, resaltando que fue el ejército quien definió los criterios para la reincorporación de los desplazados retornados:

1. Porque el ejército era el causante de los desplazamientos masivos.

2. Al igual que los desplazados, los retornados entraban dentro del terreno de Seguridad Nacional.

El 7 de septiembre de 1990 desplazados internos, organizados en las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), publicaron en los periódicos guatemaltecos el sufrimiento y las acciones represivas del ejército a los que fueron sometidos, y solicitaban al gobierno el ser reconocidos como población civil no combatiente.

El Ejército estableció una relación de causalidad entre el trabajo publicado por Mack y la declaración pública de las Comunidades de Población en Resistencia. Esto sucedió mientras el gobierno realizaba las negociaciones de paz, por lo que dicha publicación afectó fuertemente la imagen del Ejército por violar los derechos humanos de la población civil indefensa.

Cuatro días después de la publicación del comunicado de las CPR, el martes 11 de septiembre de 1990, al salir de su oficina en AVANCSO, Myrna Mack fue asesinada. 

Caso Internacional de DD.HH.

El caso Myrna Mack fue un caso de Derechos Humanos que llegó a los tribunales de justicia y que logró condena marcando un hito histórico en el país. 

El crimen fue relacionado con su trabajo de investigación académica sobre la población refugiada y desplazada durante el conflicto armado interno guatemalteco. Su asesinato representa no solo la violación del más básico de los derechos humanos, el derecho a la vida, sino también el símbolo de una época de impunidad y represión donde ciertas actividades y opiniones eran consideradas por los órganos de seguridad del Estado como atentados contra la Seguridad Nacional.

Tanto su vida como su labor profesional, así como el contexto socio-político en el que ambas se desarrollaron, explican perfectamente el crimen que aún no ha sido solucionado en el ámbito judicial. La lucha para investigar, juzgar y sancionar a todos los militares responsables de este brutal asesinato, tanto materiales como intelectuales, se ha convertido, en el ámbito nacional, en paradigma de los principales problemas que presentan los casos penales por violaciones a los Derechos Humanos en la administración de justicia de Guatemala. 

En el ámbito internacional la apertura del caso 10.636, con fecha 17 de septiembre de 1990, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supuso el inicio de un procedimiento investigador y verificador por el lado de la referida comisión que ha desembocado en la demanda, tanto de la propia Comisión Interamericana, como de los representantes de los familiares de Myrna Mack ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en marzo y agosto del 2001 respectivamente, contra el Estado de Guatemala por violación del art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Derecho a la vida), violación de los arts. 8 y 25 del mismo cuerpo legal (Derecho a las garantías y protección judiciales) y violación del art. 1.1 (Obligación de garantizar los derechos y libertades recogidos en la citada Convención Americana de Derechos Humanos).

 La obstaculización sistemática en el proceso del sistema de justicia guatemalteco llevó a plantear el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En 1994 se dictó sentencia condenatoria contra uno de los autores materiales, el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Álvarez, sentenciado a 30 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia confirmó en un hecho sin precedentes la sentencia contra Beteta y dejó abierta la investigación contra los militares Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio.

Año 2002: Se realizó el juicio contra los militares mencionados, este tuvo como resultado la absolución de Godoy Gaitán y Oliva Carrera  y  la condena de Valencia Osorio.

Año 2003: En noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado de Guatemala, sentenciando a reconocer públicamente su responsabilidad del hecho y realizar algunas medidas de reparación y dignificación. 

El acto de reconocimiento se llevó a cabo el 22 de abril de 2004 en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia de las autoridades del gobierno de turno. 

Año 2004: La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria contra el autor intelectual, Juan Valencia Osorio, director del departamento de seguridad del Estado Mayor Presidencial, sentenciado a 30 años de prisión. Hasta el momento, Valencia Osorio es un prófugo de la justicia. 

Fuente del proceso penal: Fundación Myrna Mack