El rol de las personas que se dedican a defender los derechos humanos y el medio ambiente es vital para la restauración de las democracias. Sin embargo, en Niragua, las violencias contra ellos y ellas persisten, según indicó La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el primer cuatrimestre del año 2023. “Es imperante que los Estados de la región adopten las medidas necesarias para prevenir que la violencia contra personas defensoras continúe. Para ello, es indispensable que implementen una política integral de protección que parta del reconocimiento sobre la importancia que la labor de defensa representa para la consolidación de las democracias y del Estado de derecho”, enfatizó la CIDH.

Este panorama incluye a Nicaragua y las diferentes violaciones a los derechos de las mujeres gerenciados por el poder de la dictadura Ortega Murillo, que fuertemente ha golpeado al Movimiento Feminista de Nicaragua y las vidas concretas de mujeres defensoras de derechos humanos. Ellas, lejos de ser protegidas por la institucionalidad del Estado, han sido precarizadas y perseguidas con empeño desde abril 2018.

Sin embargo, en la hostilidad del contexto nicaragüense las defensoras feministas nicaragüenses comparten reflexiones y acciones significativas. En este artículo, comparten su compromiso, motivación y voluntad política por Nicaragua. 

La desarticulación en 2023

En la coyuntura de crisis sociopolítica y de derechos enfrentada por la población nicaragüense desde el 2018 hasta el presente, se observa una evolución en los mecanismos para fragmentar la organización social promovida por instancias no gubernamentales, expresiones del Movimiento Feminista de Nicaragua e instituciones que disienten de la dictadura y denuncian sus violencias. Durante el 2023, el continuum de cierre masivo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) continuó. 

Las consecuencias de este cierre son diversas. Algunas son la desprotección de diversas poblaciones vulnerables y beneficiarias de sus programas, la clausura de centros de educación superior privados, la expropiación de bienes, la migración forzada y el destierro. 

Una de las acciones más relevantes fue el cierre y confiscación de la Universidad Centroaméricana (UCA) el miércoles 16 de agosto del año en curso, bajo el cargo de “terrorismo” y “apoyo a grupos delincuenciales”.  La UCA fue una institución educativa fundada y liderada por los Jesuitas desde 1960, y que, a raíz de las protestas iniciadas en abril  de 2018, expresó su apoyo a la juventud y activistas feministas, siendo un espacio de promoción a la libertad de expresión, la democracia y recuperación de la memoria histórica.

“En los últimos 20 meses, el gobierno clausuró y confiscó otras 26 universidades privadas, afectando el futuro de más de 37 mil estudiantes que fueron absorbidos por el aparato estatal de educación pública. Un mudo universo de alumnos sometidos a un esquema de pensamiento único, en un país con un partido único, pues todas las opciones políticas divergentes han sido eliminadas. En esa vorágine imparable, en la cual Ortega ha cerrado más de 3 mil ONGs en menos de dos años, la UCA era la cereza del pastel”, dijo Gabriela Selser, periodista y escritora argentina-nicaragüense para el medio alemán Made for Mind en agosto de 2023.

Vinculado con la confiscación de la UCA, el 19 de agosto de 2023 se dio el encarcelamiento de tres activistas feministas y estudiantiles, quienes fueron sacadas de manera arbitraria de sus casas y ahora enfrentan procesos judiciales bajo cargos infundados con el tipo penal de ciberdelitos y traición a la patria. Dos de ellas no cuentan con derecho a defensa.

En este contexto de violencias sistemáticas, criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, Flor de loto*, una de las defensoras entrevistadas, define al 2023, desde su práctica como acompañante, “como un año donde ha sido más evidente la disgregación, la soledad y el vacío de las iniciativas que eran lideradas por instancias feministas sobre los derechos de las mujeres y niñas en Nicaragua y que han sido clausuradas por el Estado de Nicaragua”. 

“Esa desarticulación no sólo se ve en la imposibilidad de juntarse, se ve en el cierre de las universidades, de la UCA y en promover la desesperanza entre la juventud. También lo ves en el cuerpo, en el insomnio, en el miedo, en el cansancio, en los niveles de estrés, en ataques de ansiedad, depresión y en los sistemas nerviosos que empiezan a colapsar por las violencias sistemáticas desde 2018”, señaló Flor de Loto.

Colibrí*, también defensora, describe al 2023 como un año que refleja una secuencia de rupturas al Estado de Derecho. Señaló que estuvo marcado por la voluntad del gobierno Ortega Murillo por eliminar perfiles feministas, activistas de derechos humanos, del medio ambiente o de docencia, que promueven la construcción de pensamiento crítico. Esto a través del encarcelamiento, el exilio forzado o procesos de soledad que están viviendo las defensoras ante la persecución.

“La respuesta del Estado de Nicaragua a la crisis de violencia contra las mujeres es totalmente deficiente. El compromiso social del Estado de Nicaragua es nulo porque han cerrado espacios seguros y de protección y no ha existido una propuesta de acuerpamiento a las usuarias que acudían a estas iniciativas. Ante la ola reciente de la criminalización de la educación en Nicaragua, la respuesta del Estado ha sido un chiste para mí”, indicó Colibrí.

Consciencia y creatividad para acompañar en un contexto desafiante 

Ha sido complejo para las defensoras continuar con su trabajo de protección a los derechos humanos de las mujeres y niñas, lo que las ha obligado a repensar sus estrategias de acompañamiento. Para ello, reconocen que ha sido sustancial recordar sus motivaciones personales, por las cuales se nombran defensoras, para reinventarse y crear estrategias integrales de atención.

Colibrí expresa que la consciencia de su historia personal y de la historia del país le ha permitido realizar su activismo desde la promoción del cuidado propio y colectivo. Desde esa acera, se posiciona para acompañar, ofrecer presencia y recomendar a otras compañeras feministas que le solicitan contención o consejo.

“Mi postura política es no querer heredar más dolor. Busco generar espacios para las futuras generaciones, promover que podemos elegir un camino diferente, que nos merecemos sociedades diferentes, que merecemos otros gobiernos y no sentir que mi libertad pertenece a alguien o que tiene que estar en deuda con alguien. Esas ideas son pilares muy fuertes para mí. Intento, día con día, construir un cambio en la historia”, afirmó Colibrí. 

Por su parte Flor de Loto, señaló que continúa brindando acompañamiento mediante acciones que promueven el bienestar y con las que sus usuarias puedan  reconectar con su seguridad después de haber vivido alguna experiencia de violencia machista o política. “Ayudar a que otras puedan sentir nuevamente seguridad o que se den cuenta que pueden llegar a sentir que sus cuerpos y mentes son lugares seguros, de libertad y bienestar es parte de mi trabajo como defensora”, explicó. 

Ambas defensoras señalan que su accionar es acompañado por una red que escucha las necesidades de las afectadas y ofrece iniciativas para defender y proteger integralmente los derechos de las mujeres. 

Lecciones aprendidas por las defensoras nicas

Tanto Colibrí como Flor de Loto identifican la voluntad política de la dictadura Ortega Murillo por controlar todos los sectores sociales y borrar los espacios de empoderamiento, acompañamiento y defensoría legal promovidas desde los feminismos en Nicaragua. Esto mediante los cierres masivos de instancias feministas, el asedio a activistas y la estrategia de criminalizar las acciones de defensa de los derechos humanos.

Con acciones como la confiscación de las instalaciones de La Prensa en agosto del año 2021 y sus archivos históricos recogidos en la hemeroteca, y con el apoderamiento del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), ahora nombrado Instituto de Historia “Héroes de Nicaragua”, las defensoras señalan que la memoria colectiva está en riesgo, porque se quiere imponer un discurso político oficial que anula la diversidad y la crítica. 

“Los archivos plurales de La Prensa, la biblioteca que José Coronel Urtecho donó al INHCA, más todo el patrimonio guardado allí y que pertenece al pueblo de Nicaragua, es un acto de saqueo cultural e histórico.” señaló la novelista Gioconda Belli para el Medio Nicaragua Investiga en agosto de 2023.

Según ambas defensoras, es importante escribir, registrar y sistematizar cómo se analizan y se sienten en su rol de defensoras y lo que están haciendo para continuar su labor.“Como profesional y defensora me doy cuenta de la importancia de rescatar la memoria emocional, tanto de mí como las que aparecen durante mis atenciones, para visionar futuras leyes, porque el país carece de leyes de reparación emocional frente a las  violencias y carece de un protocolo de salud mental. El rescate de esta memoria a futuro puede incidir de manera positiva en pensar otros escenarios de la Nicaragua que sueño y que también puedo elegir cultivar la esperanza día con día”. Expresa Colibrí.

Las cuidadoras y defensoras necesitan realizar lecturas de contexto de manera periódica para comprender distintos escenarios y sus posibles afectaciones a su labor, según Flor de loto. Pausar y descansar es vital tanto para las que viven en el país, como para quienes se encuentran en condición de exilio. La activista destacó que es válido desconectarse del activismo o la defensa de los derechos humanos por un tiempo si eso va cuidar y proteger el derecho principal que es la vida.

Es importante comprender y recordar que sus acciones en defensa de los derechos humanos, aunque sean pequeñas, no son insignificantes porque evidencian su capacidad de analizar y actuar ante la adversidad, de observar, día a día, el espacio para incidir positivamente en la vida de las mujeres y niñas. “Compartir un poco o mucho de lo que sabemos y cuidarnos, es el llamado como defensoras” finalizó Flor de Loto.

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Flor de loto y Colibrí son nombres ficticios utilizados para proteger a las defensoras nicaragüenses y su labor en un contexto represivo.