*Análisis periodístico

A un mes de que comience el tercer año del Gobierno de Alejandro Giammattei, el 2022 pinta un panorama poco alentador y cuesta arriba para legislar a favor de los derechos de las mujeres. Lo dicen con preocupación tres diputadas que conforman el bloque de mujeres dentro del Congreso de la República: Andrea Villagrán del partido Bien, Sonia Gutiérrez Raguay de Winaq y Vicenta Jerónimo del MLP.

Las diputadas ven con algo de pesimismo el próximo año por la campaña negra que el Gobierno y el oficialismo han lanzado, bajo visiones puritanas y religiosas, en contra de las propuestas de ley que favorecerían y mejorarían la vida de las mujeres en todo el país.

Estas acciones han ido desde la creación de una política provida y profamilia así como el impulso de una ley para tratar a la identidad de género como un trastorno. A eso se suma que Guatemala será declarada la “Capital Iberoamericana Provida” en 2022.

A inicios de diciembre de este año, un grupo de diputados encargados de formular la propuesta para el nuevo Código Penal aclaró que entre las modificaciones a la ley no  contemplarían la despenalización del aborto.

Por si fuera poco, el Legislativo aprobó un presupuesto de 105.9 millardos para el próximo año pero redujo a 17 millones de quetzales el financiamiento de programas para proteger la vida de las mujeres sobrevivientes de violencia. Como consecuencia, al menos 12 mil mujeres quedarán desprotegidas. Es así como los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) no recibirán fondos públicos y únicamente podrán seguir funcionando a través de donaciones.

Mientras tanto, el contexto de violencia ha expuesto que cada día desaparezcan 5 mujeres y 3 niñas. Solo este año, 3 mil 203 niñas de 10 a 14 años, quedaron embarazadas y, 13 mil 606 fueron víctimas de violación y agresión sexual. Hasta septiembre pasado, el Ministerio Público había registrado 481 femicidios y 60 mil 89 denuncias de mujeres víctimas de violencia.

Por todo esto es que 2022, no será un año fácil para las mujeres. Una vez más.

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El pasado 25 de noviembre, las organizaciones de mujeres y el bloque parlamentario que integran las diputadas, confirmaron que para el 2022 seguirán impulsando el paquete de leyes con las iniciativas de Ley de Identidad de Género, Ley del Ministerio de la Mujer, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para introducir la paridad y alternancia, la reforma al Código Penal para penalizar el matrimonio infantil, la Ley de Dignificación a las Comadronas, Ley del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social contra la discriminación de la mujer, Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, Ley de Dignificación de las Comadronas, Ley de Protección Integral y Ley de Protección de Madres Solteras.

La oposición y negación del oficialismo a conocer la agenda de mujeres es fuerte. Sin embargo, las diputadas consultadas guardan la esperanza de que una propuesta de ley pueda ser el punto conciliatorio en un Parlamento fragmentado: la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (Leydem). Sobre todo porque los diputados han estado enfrascados en promover iniciativas económicas. La última de ellas: la privatización de la carretera de Escuintla al Puerto Quetzal. 

La Leydem busca generar oportunidades y acceso a créditos para las mujeres, para que puedan aportar a la economía de sus territorios. Entre sus simpatizantes está la segunda vicepresidenta del Congreso, Lucrecia de Palomo, de ideología conservadora y quien normalmente no apoya la agenda a favor de los derechos de las mujeres. 

A las organizaciones y a las diputadas detrás de esta iniciativa les ha tomado casi tres años lograr que se corran los trámites para que el pleno la agende. Hasta abril de 2021, la Leydem solo había conseguido pasar la primera de tres lecturas. 

Hay una gran expectativa para que pueda ser aprobada en 2022, aunque la propuesta corre el riesgo de no avanzar por ser año “preelectoral”.

“Cuando son iniciativas que nada tienen que ver con empresarios no se valoran, no tienen firmas. La política está a favor de los de siempre empobreciendo a la gente. Lamentamos mucho esta estrategia de la oligarquía”, opinó la diputada Jerónimo del partido MLP.

“Los demás temas sobre atención, protección y prevención de la violencia son temas profundos, pero no hay el mínimo interés en los bloques de tocarlos porque predomina el conservadurismo. El patriarcado sigue dominando. Esa es la composición de la clase política que domina al Congreso”, afirmó la diputada Gutiérrez del partido Winaq.

Coincidió con ella la diputada Jerónimo al aceptar que “hay un marcado machismo en el Congreso”.

Una mujer en la Presidencia

Por sí solas, las diputadas en el Congreso no reúnen el suficiente peso para dar vida a la iniciativa, ya que solo ocupan una quinta parte de las curules. Encontrar aliados es imprescindible pues saben que una buena parte de sus compañeras no respaldan la agenda de las mujeres.

Esa desunión entre diputadas “refleja el interés que, a veces, es empresarial y que niega e invisibiliza a los pueblos y a las mujeres”, explicó Jerónimo.

Algunos diputados son sensibles a los temas de género, pero no por eso apoyan todas las propuestas. Las diputadas están a medio camino de conseguir el apoyo que necesitan. Hasta ahora, han logrado de 30 a 40 votos, pero no todo el tiempo.

Teóricamente, una mujer en la Presidencia podría hacer la diferencia.

“Que una mujer llegue a la Presidencia nos causa esperanzas y expectativas, pero por lo que hemos visto, no sabemos qué tanto podamos avanzar en los derechos de las mujeres. Más que todo, por el año preelectoral donde se da más la demagogia y donde se discriminan los derechos de las mujeres porque piensan que es una agenda de izquierda. Al venir la época electoral, ven eso como una forma de hacer campaña”, explicó Villagrán, quien confirmó que el oficialismo ha truncado sus esfuerzos para viralizar la agenda haciendo campaña negra en los pasillos del Congreso, ya que argumentan que pedir más derechos para las mujeres es una estrategia de la “izquierda”. 

El próximo año, la diputada Shirley Rivera asumirá la cabeza de la Junta Directiva y será la tercera mujer en ocupar la Presidencia del Congreso. Pero su llegada no da esperanzas ni ánimos a Jerónimo y Gutiérrez Raguay, quienes la identificaron como aliada de la rama conservadora pues, hasta ahora, ha promovido iniciativas de antiderechos que han obstaculizado discusiones y acercamientos para abordar la necesidad de legislar, sobre todo, a favor de la salud sexual y reproductiva.

En septiembre pasado, Rivera fue una de las ponentes de la iniciativa 5940, “Ley para garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género”, que fue promovida por Allan Rodríguez. Una propuesta que pretende negar la identidad de género y promover la heterosexualidad como única preferencia sexual válida. 

La llegada de Rivera a la Presidencia no tiene nada que ver con un Congreso que impulsa la paridad de género, sino con uno que busca suavizar la percepción negativa que se tienen del trabajo del organismo después de la administración de Allan Rodríguez, y que intenta afirmar con cierta desesperación que sí apoyan a las mujeres aunque no a sus derechos.

“Tenemos un año bastante complejo en 2022. Pese a la reconfiguración de la Junta Directiva, vemos que persistirán las mismas prácticas de hacer avanzar a la corriente provida. La presidenta que asumirá no ha sido una aliada en términos de derechos humanos de las mujeres. Eso nos preocupa porque creemos que es una estrategia más del Pacto de Corruptos”, indicó Gutiérrez Raguay.

Percepciones pro familia y la misógina

Desde el inicio de 2021 y a raíz del desgaste de la imagen del Gobierno por el ineficiente manejo de la emergencia por el covid-19, el oficialismo se ha propuesto recuperar el favor de la gente al promover a la familia tradicional como el núcleo de las propuestas de ley. Lo han hecho reviviendo temas que generan polarización y que tocan valores conservadores, como el aborto y la comunidad LGTBIQ+.

“Está claro que así como hoy está configurado el Congreso, hay mucho rechazo. Todo tema que tenga que ver con derechos sexuales y que esté a favor de las mujeres, siempre causa mucha polémica y la estrategia que han utilizado los partidos conservadores ha sido la desinformación. Tergiversan las propuestas de ley”, alegó Gutiérrez Raguay.

Las diputadas saben que esta estrategia lejos de ayudar a mejorar la vida de las personas, criminaliza a las mujeres.

“No se quiere avanzar en la igualdad de género porque dicen que es una agenda globalista. No entienden la desigualdad que viven las mujeres”, aseguró Villagrán.

Las organizaciones sociales han manifestado su rechazo e incluso han exigido que la política que dio inicio a la agenda de antiderechos, sea anulada. Pero su demanda es una sin suficiente eco.

Las parlamentarias se han enfrentado a prejuicios de género, a luchas de poder alimentadas por la desinformación y las ideologías religiosas, y a la aplastante realidad de ser apenas una minoría en un Congreso que quiere legislar en contra de los derechos de más de la mitad de la población. Pero se mostraron comprometidas con seguir empujando la agenda proderechos de las mujeres, esperando el momento adecuado en que la coyuntura pueda favorecerlas.