Racismo y corrupción, un obstáculo para informar desde los territorios en Guatemala

Por: Jovanna García
País: Guatemala
7 diciembre 2020
Fotografía: Ruda

El 24 de agosto en Joyabaj, el municipio más grande de Quiché, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Joyabaj, Petrona Siy de 68 años se presentó con algunos comerciantes a la municipalidad para llevar una reunión previamente concertada con el jefe edil, Florencio Carrascoza, y entregarle un escrito con peticiones de las y los comerciantes que fueron retirados de la plaza pública desde el inicio de la pandemia; las peticiones eran que los comerciantes pudieran vender toda la semana o al menos cuatro días a la semana, pues los comerciantes tienen mucha necesidad.

Petrona, con anterioridad pasó a la casa de Anastasia a pedirle que acompañara la actividad y documentara la entrega del documento, por su reconocimiento local como periodista. Sin embargo, no estaba, por lo que se lo dijo a su hija. Anastasia Mejía, llegó a eso de las nueve de la mañana ese 24 de agosto y vio a doña Petrona con un grupo de comerciantes, acercarse al alcalde municipal y entregarle el escrito frente a la municipalidad.

Desde su celular, a través de Facebook, Anastasia documentó y transmitió en vivo la entrega del escrito en Xol Abaj TV2 y canal 24, medio de comunicación en donde es directora, Petrona está presente con su vara de autoridad maya y hablan con el alcalde. Anastasia no tenía saldo, y espera a que su hijo Balam, le vaya a hacer una recarga para poder transmitir, y empieza a hacerlo momentos previos a que la situación se saliera de control.

Peticiones entregadas a Florencio Carrascoza

Peticiones entregadas a Florencio Carrascoza

Mientras Petrona y los demás comerciantes entregaban el escrito y conversaban con tranquilidad con el alcalde, empiezan a llegar otras personas ajenas a los comerciantes, y empiezan a gritarle al alcalde. Anastasia documenta ese momento, y de un momento a otro, todas las personas que habían llegado de forma repentina, se lanzan en contra del alcalde y él se refugia dentro de la municipalidad.

Las personas que no iban con los y las comerciantes, llegaron a reclamar otras cuestiones al alcalde. Reclamaban los proyectos ofrecidos por la municipalidad que no se han ejecutado, pedían su renuncia y le gritaban ¡corrupto! Tomaron la decisión de protestar, quemaron dos motocicletas e incendiaron la puerta de la municipalidad.

Anastasia, ante esto, se quedó a documentar y a transmitir por más de tres horas lo que sucedió. Recalcaba en su transmisión que era lamentable lo que pasaba en Joyabaj, y que había que manifestar de forma pacífica. Estos hechos quedaron documentados en dos videos de Xol Abaj Tv 2.

Actualmente, los comerciantes ya pueden ir a trabajar a la plaza, al menos los días jueves, sábado y domingo, según cuenta Anastasia. Además, la malla que había sido colocada en el área, ya se retiró.

La detención

Con una orden de captura girada la mañana del 22 de septiembre por la jueza de primera instancia penal de Quiché, Susy Elizabeth Pérez Cabrera, esa tarde fueron arrestadas Petrona y Anastasia por Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC-, acusadas por los delitos de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado, y robo agravado. Ambas habían estado en ese lugar, pero no lideraron ni convocaron la manifestación.

“Estaba en casa, saliendo, (…) a mí me encanta descansar, relajarme, y estaba a punto de ir a mi taller de bisutería, me encanta la bisutería, me encantan las piedras. De repente veo la llegada de una patrulla y un montón de elementos, y cuando yo les exijo ¡dónde está una orden!, no tenían una orden en sus manos. No había nada, y entonces… ¿qué era lo que querían?, “acompáñeme por favor a la estación”, pero yo les dije “no estén violentando mi derecho, tengo el derecho de que ustedes me muestren para qué me llevan”, y para no alargar la situación, le pedí a mi esposo que me acompañara. Me obligaron a subir a esa patrulla, sin ningún documento en mano, los acompañé y llegué. Cuando veo, que ya llevaban esposada a doña Petrona, a mí no me esposaron, si no que hasta allá en la estación de policía. Se pasaron más de dos horas que no podían imprimir, que no podían hacer no sé qué, y ahí estaban en la estación de la policía y no tenían ninguna orden. Eso fue lo más extraño. Yo decía… ¿por qué yo me tengo que esconder?, ¿por qué yo tengo que huir si no he hecho nada?, si mi única labor fue dar a conocer la situación que pasaba en mi pueblo. (…) Realmente para mí, fue muy denigrante”, cuenta Anastasia sobre ese día.

El 28 de octubre, el día de la audiencia de primera declaración de Anastasia y Petrona, fueron ligadas a proceso junto a Manuel Hernández con medidas sustitutivas que implicaron el pago de Q20 mil cada una para tener arresto domiciliario dentro de Joyabaj, mientras dura el proceso penal. El arresto domiciliario, limita el ejercicio periodístico de Anastasia fuera del municipio, por lo que, durante este proceso, será violentado su derecho a la libertad de prensa.

El doloroso camino de la impunidad, un caso de criminalización y racismo

El alcalde Carrascoza es, además del Ministerio Público, quien acusa a Anastasia, Petrona y a diez personas más: Sebastiana Pablo Hernández, Micaela Solís, Tomas Alonzo Juárez, Sebastián Nix Pol, Tomasa Ramos Pastor, Domingo Leon, Manuel Osorio, Julio Pérez, Manuel Hernández y Tomas López, de ser las y los actores de los sucesos del 24 de agosto en la municipalidad. Todos y todas acusadas de sedición, atentado con agravaciones específicas, incendio agravado, y robo agravado.

La audiencia de primera declaración para Anastasia y Petrona, lejos de ser programada durante las primeras 48 horas después de su detención, fue programada hasta el 8 de octubre, es decir 16 días después de su arresto, pero se canceló por irregularidades entre la Granja Penal Cantel en Quetzaltenango, y el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché. Uno de los argumentos fue no tener acceso a la sala de videollamadas. La excusa de la jueza fue: “la sala está ocupada con otra audiencia y no sabemos a qué hora van a terminar”.

Un mes en la cárcel sin primera declaración, la periodista Anastasia Mejía y Petrona Siy

Ese 8 de octubre, el único avance que se tuvo, fue la decisión de la jueza de dividir la audiencia en tres, pues por ser varios sindicados era lo ideal, sobre todo por la pandemia, según explicó ella misma. La audiencia fue reprogramada hasta el 28 de octubre, dejando veinte días más en prisión a Anastasia y a Petrona, en la Penitenciaria para mujeres de Quetzaltenango, un lugar que según una de las abogadas defensoras Floridalma Chopen, recluye al doble de mujeres según su capacidad, y que el atraso de audiencias es perjudicial porque se tiene solo una sala de audiencias para el área de occidente.

De manera sorpresiva la noche del 14 de octubre, familiares de Anastasia recibieron una llamada de ella informándoles que, al siguiente día se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración. La penitenciaria de mujeres en Quetzaltenango, recibió una notificación para trasladar a Anastasia y a Petrona a la granja Penal de Cantel para llevar a cabo la audiencia de primera declaración, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quiché, no sabía nada. “No teníamos programada esa audiencia para hoy dentro de la presente carpeta judicial”, dijo el secretario del juzgado, César Augusto Zacarías Garzón.

Y afirmó “es debido a la agenda que tiene el juzgado, pues tienen aplazadas audiencias desde hace meses por la pandemia covid-19” y que los casos que van llegando “deben esperar para poder programar audiencia de primera declaración”.

Por fin la primera declaración

El 28 de octubre, con retraso nuevamente, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Anastasia Mejía, Petrona Siy Castro y Manuel Hernández maya k’iche’ de 78 años de edad.

Desde temprano había grupos de mujeres, autoridades ancestrales, periodistas y familiares quienes la recibieron con palabras de ánimo, flores y música, al cruzar la entrada del juzgado se dio inicio a una audiencia de más de 10 horas.

El fiscal Isaías Mancilla, lee la acusación hacia Anastasia, algunos de sus argumentos fueron:

“Porque usted Anastasia Mejía Tiriquiz, el día 24 de agosto de 2020, a las nueve horas aproximadamente, se apersonó frente a la municipalidad de Joyabaj (…), en virtud de manifestación previamente concertada entre usted y la señora Petrona Siy Castro, Sebastiana Pablo Hernández de Lorenzo, Micaela Solís Juárez, Tomasa Ramos Pastor”

“…usted Anastasia Mejía Tiriquiz, inicia a transmitir lo que está ocurriendo a través de un teléfono celular indicando ser periodista de Xol Abaj TV 2, Canal 24 radio 93.5 FM y Ix-Balam Stereo, aparente radio comunitaria, y es así como se observa que Petrona Siy Castro hizo entrega de un documento donde hacían varias peticiones al alcalde”

“A eso de las diez horas aproximadamente, al no recibir las respuestas esperadas, empezaron a exigirle que renunciara, gritando consignas de “ladrón, quémenlo, mátenlo, préndanle fuego”

“ La señora Petrona Siy Castro, jala de la corbata a Jaqueline Andrina Rosales Pérez, agente de la policía municipal de tránsito, y la lanza en medio de la multitud, momento en que usted aprovecha para agredirla golpeándola en diferentes partes del cuerpo con una de sus manos, ya que con la otra sujeta su teléfono celular, momento que también es aprovechado por la señora Petrona Siy Castro y otras personas ahí presentes, quienes la agreden físicamente junto con usted”, dijo el fiscal, afirmando que Anastasia agredió a la agente, pero a la vez contradiciéndose por reconocer que ella estaba sosteniendo su celular. La transmisión se ve temblorosa, pues cuando la situación empieza a ponerse tensa, Anastasia se aleja de ese sitio.

“La turba se dispersa y usted sigue grabando los actos de violencia acontecidos que según usted indica, no se dio como se había acordado, así también en sus transmisiones usted indica que se tenía conocimiento de que personas de Chuxil y Xenup iban a bajar para sacar al alcalde y quemar el edificio, luego se escucha a una señora acercarse y decirle en idioma k’iche’ dice que “la gente llamaron que quieren echarle bombas”, usted se queda callada.

“Luego en otro vídeo se observa y se escucha, que al ver tiradas unas mascarillas de las cuales están lanzando del edificio municipal hacia afuera, usted le dice a quien la acompaña, Balam, que es una persona de sexo masculino con playera de color amarillo “recoge unas tus mascarillas, recógelas”, y al seguir grabando e ingresar al edificio municipal y encontrarse en el segundo nivel en la oficina del despacho del alcalde municipal, su acompañante se avalancha contra un documento y usted en voz baja le dice “agárralo” y se lleva el documento y usted sigue grabando“

“En otro vídeo usted indica: “que realmente hay un malestar desde muchos años atrás y quiero recalcar, lo que pasó hace más de seis años que se dio la elección, que lamentablemente el señor alcalde y una comitiva que tomaron la actitud de robar todos los votos y luego hacerse ganador en la segunda vuelta, ya que se repitieron las elecciones aquí en Joyabaj. ¿Y por qué?, porque en aquel entonces, él y su equipo robaron los votos a la población, pero realmente tengo que decirlo, lo que el alcalde municipal utilizó y sus aliados fue crear terror psicológico a las personas, él acusaba que las personas contrarias a él eran los malvados, eran terroristas y de esa forma acusaban a las personas y mucha gente tendió a tener miedo de quienes se acercaban y formaban parte”, esta conducta encuadra provisionalmente en lo que por ley es sedición y atentado con agravaciones específicas, incendio agravado y robo agravado”.

Todo esto, a pesar que, en la transmisión realizada por ella, se puede escuchar que no, ella no grita nada, sino que, por el contrario, menciona varias veces que se debe protestar pacíficamente y sin violencia.

La jueza, le pregunta a Anastasia si ha entendido las acusaciones y que, si desea declarar, a lo que la abogada Quemé, interfiere y menciona que según la defensa técnica que han planeado, Anastasia no declararía sin que antes se mostraran los videos de prueba. El fiscal del MP, Isaías Mancilla, los reproduce, realizando distintas valoraciones en medio de la reproducción:


Algunas de las mismas, fueron:

“Había rumores en todo el pueblo y pues a nosotros nos invitó la Asociación de Comerciantes para que tomáramos video de la actividad, de lo que iba a acontecer” dijo Anastasia en medio de la transmisión, a lo que él hace la valoración: “ella dice que para eso fue invitada, porque sabía de lo que iba a acontecer”.

“No dice de la manifestación si no de lo que iba a acontecer, ella sí tenía pleno conocimiento lo cual se puede demostrar dadas las circunstancias, ella indica lo del pueblo. Si el pueblo se hubiera enterado que eso iba a ocurrir, se hubieran tomado las medidas necesarias para evitar que se dieran ese tipo de hechos”.

“Ella conoce bien las instalaciones del edificio”, por lo que eso le hace suponer que ella formó parte del plan “para destruir el edificio municipal”.

“Ella sonreía bastante, simpatizaba con la gente, y una periodista no tiene esa conducta”. Menciona “¿un periodista haría algo así?, yo creo que no”. Comenta que Anastasia actuaba sin temor “mientras realizaba la cobertura, y para mí, esa actitud es indicio de su participación en los hechos ocurridos”.

El fiscal argumentó que la prensa llegó una hora después que iniciaran los disturbios, y que al Anastasia estar presente ahí había que preguntarse “¿en qué papel está transmitiendo?”. menciona que entrevistó a varias personas que mostraban inconformidad durante la manifestación y que eso la hace tener complicidad con ellas”.

Al observar los vídeos de transmisión de Anastasia, se puede constatar que las valoraciones del fiscal, son puras suposiciones y conclusiones propias.

Anastasia: desde el periodismo comunitario

Al momento de dar su declaración Anastasia Mejía narró lo que sucedió el 24 de agosto enfatizando “mi labor es llevar a la gente en las comunidades lo que sucede”, pues la razón por la que asistió fue específicamente esa, poder documentar la entrega del documento con demandas, por haber sido invitada a cubrir por Petrona Siy. Explica que, desde hace muchos años, esa ha sido su labor.

En su declaración recuerda que, en su gestión en la municipalidad, presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra el alcalde Florencio Carrascoza, la cual sigue sin avanzar. Es cuestionada por no firmar actas cuando fue concejal, y con la voz quebrantada y lágrimas en los ojos, narra que era llamada “india” y “tonta” durante las sesiones del concejo. También denuncia que fiscales del MP llegaban de noche a su casa para amenazarla, diciendo que le armarían un caso grande que la haría caer, menciona a un fiscal de apellido Mancilla, quien ahora se encontraba imputándole acusaciones.

Después de dar su declaración, el abogado del alcalde Carrascoza, Mario Rojas Monzón.

“¿Hay algún documento que se le extendiera con relación a eso?” le pregunta sobre la invitación a cubrir la entrega de peticiones al alcalde, a lo que ella responde que Petrona es una autoridad a quien ella respeta, y que por eso aceptó.

–  “¿O sea que no hay un documento?, esa era la pregunta”, dijo el abogado. Anastasia responde que no, que fue verbal.

– Usted manifestó en su declaración que es periodista comunitaria, ¿tiene usted alguna acreditación para poder determinar que usted es periodista comunitaria?

– Sí.

– ¿Dónde le extendieron a usted?

– Formo parte del Movimiento de Periodistas Comunitarios, desde hace varios años.

– ¿Podría indicar qué entidad le extendió a usted esa acreditación?

– Periodismo Comunitario

La jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera en su análisis sobre lo planteado por todas las partes procesales, desmerita a Anastasia, indicando que en los vídeos que se muestran de ella, no se logra ver que portara una acreditación de prensa y que por eso “no se puede confirmar que ella realice ese trabajo”.

Finalmente, después de varias horas y ataques, la jueza dicta lo siguiente:

“La profesión que ejerce o el oficio que ejerce, no obstante, no haber determinado en dónde es que ejerce dicha profesión, que se considera que es en este departamento, principalmente en el municipio de Joyabaj, no se tiene conocimiento de que se salga a otros departamentos o municipios para ejercer el periodismo”, y la liga junto a Petrona y Manuel, a proceso penal por el delito de sedición y atentado con agravación de la pena.

Al siguiente día, los 3 lograron salir de prisión gracias a una colecta comunitaria de varias personas que, a través de préstamos, lograron reunir el dinero necesario para liberarles. Las tres personas cuentan con arresto domiciliario, pero en el caso de Anastasia, esto quiere decir que no puede realizar su trabajo fuera de Joyabaj, si ella quisiere documentar algo en la ciudad, no podría, por lo que esta medida del arresto domiciliario limita y restringe su labor periodística más allá de su municipio. “Afecta mucho, como periodista no estamos en un solo lugar, caminamos en diferentes espacios, en diferentes departamentos. Sí me afecta. Pero esperamos que en la etapa intermedia o en las próximas podamos retirar esas medidas; porque de lo contrario quieren que solo me esté en un circulito y así no puedo ejercer mi labor, realmente”, dice Anastasia en una entrevista en vivo a Ruda y Prensa Comunitaria.

Criminalización contra periodistas comunitarios e indígenas: otros casos

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas, ha recibido 94 denuncias de agresiones a periodistas del 1 de enero al 31 de octubre de 2020, sin embargo, no se pudo determinar cuántos delitos han sido a periodistas indígenas porque la fiscalía no lleva un registro por etnia y bajo los números por departamento tampoco se puede concluir cuántas agresiones han sido a periodistas indígenas. Sin embargo, sí se pudo constatar a través de estadísticas elaboradas por este proyecto con base a datos de la PDH, APG y monitoreo propio de la Agencia de Noticias Km. 169, que el departamento de Guatemala es el que registra más agresiones a periodistas (28 agresiones), Quiché, ocupa el segundo puesto (23 agresiones), y redes sociales, el tercer puesto (12 agresiones).

Agresiones contra periodistas correspondientes del 1 de enero al 24 de octubre de 2020, según ubicación
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Cabe destacar que la agresión a Anastasia se dio justamente en Quiché, lugar donde también en marzo un reportero de Nebaj fue intimidado y amenazado por el alcalde municipal; en abril a un periodista de Nebaj un juez municipal lo intimidó y le impidió tomar fotografías de una desinfección de calles; en mayo 8 agentes de la PNC pretendían retirar a un periodista en Chinique por documentar una reunión del CODEDE; en mayo también una periodista fue intimidada y amenazada por un juez municipal por tomar fotos de un camión de alimentos con ayuda humanitaria; en junio un periodista en Ixcán fue agredido por el alcalde municipal y agentes de la policía municipal mientras cubría una noticia, por mencionar algunas agresiones.

Norma Sancir, periodista maya kaqchikel, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, se ha dedicado a esta profesión por al menos 10 años, según comenta. Norma fue criminalizada y detenida por tres agentes de la PNC en septiembre de 2014 mientras realizaba cobertura periodística de una manifestación en Jupilingo en el municipio de Camotán, Chiquimula. Se le acusaba de atentado y desorden público, pero le fue dictada falta de mérito 3 días después. Actualmente, esos agentes y un excomisario enfrentan un proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Para Sancir, la definición del periodismo comunitario se sigue construyendo entre todas y todos, comenta que es un concepto que en algún momento va a ser legitimado por la opinión pública y por la institucionalidad del Estado. Explica que hay una diferencia entre el periodismo comunitario y el tradicional, porque el comunitario es desde los territorios, para los territorios. “Yo no tomé el camino de laborar o de buscar trabajo en un medio de comunicación masivo porque pues ya en el proceso de formación que he tenido ya sé que pues tenemos cuatro males: la autocensura, no es un periodismo independiente, los derechos laborales, son los mismos que tenemos los periodistas comunitarios con la única ventaja es que nosotros decidimos qué informar y qué decir y a donde ir, no nos ponen parámetros ni mucho menos reglas”.

Norma comenta que respeta y valora el trabajo de los y las compañeras periodistas en los medios tradicionales porque también hacen una gran labor de informar, pero que lamentablemente no son ellos los que toman la decisión de qué van a informar y cómo lo van a hacer. “He tenido la oportunidad de laborar y trabajar con periodistas de medios tradicionales de mucha honorabilidad”, pero que ha tenido varios señalamientos en el ámbito público de que su labor no es como la de los periodistas en los medios tradicionales, “prueba de ello, fue mi captura, había medios que decían que yo era pseudo periodista. No somos reconocidos porque no tenemos a veces un gafete o una marca en el chaleco. Si no es un chaleco de una marca reconocida de un medio no somos periodistas, si no tenemos una mega cámara… es una estigmatización y estratificación social a los periodistas”.

Sancir agrega que ha ido “chapeando su camino”, para poder ser hoy reconocida desde varias instancias, sin embargo, en la institucionalidad del Estado, aún no se logra ese reconocimiento. “Es el mismo Estado el que nos está violentando ese derecho de informar, es el Estado de Guatemala el que está estigmatizando nuestra labor, quien nos está censurando y quien nos está encarcelando y judicializando. Desde la PNC, jueces que no reconocen, no se nos permite entrar a veces a juzgados para dar cobertura audiencias. Pero ha sido un trabajo fuerte de chapeo y de reconocimiento de las comunidades”. Explica que personalmente le satisface, por otro lado, tener la aceptación de las comunidades y el reconocimiento de ellas, “me siento privilegiada de poder tener la aceptación de las comunidades, de poder ir y hablar con los líderes de las comunidades, con el COCODE, con consejos indígenas, eso es lo que a mí me satisface hasta el momento”.

Carlos Ernesto Choc, periodista maya q’eqchi’ lleva más de 13 años ejerciendo como periodista comunitario. Sin embargo, desde 2017 tuvo una persecución penal y una orden de aprehensión por la empresa minera Solway, y fue en 2019 cuando se le ligó a un proceso penal. Actualmente está bajo medidas sustitutivas, y cada 30 días tiene que firmar un libro en el Ministerio Público, todo por ejercer su derecho a informar. “Todo por contar la realidad en que vive mi pueblo y los pueblos.

Narra que, esto fue derivado por documentar, investigar e informar la contaminación del Lago de Izabal en 2017, la actividad de la gremial de pescadores y el asesinato del pescador Carlos Maas.

“Trabajar en un medio alternativo o trabajar como periodista comunitario no ha sido aceptado para el mismo sistema de justicia y el mismo Estado, hay una gran diferencia para ello entre un periodista que forma parte de un medio corporativo (..) hay una discriminación del mismo estado y del mismo sistema de justicia con penalizar a periodistas comunitarios”. Comenta que el caso de Anastasia es otra evidencia de la criminalización a una periodista maya indígena por ejercer su trabajo, y que en Guatemala es muy difícil hablar de libertad de expresión si eres maya o mujer, y que hay discriminación.

Carlos comenta que su situación como periodista ha sido muy difícil por esas restricciones, incluso en el debido proceso, pues tuvo que esperar un año y seis meses para su audiencia de primera declaración. El juez Arteaga del Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, lo escuchó hasta entonces ligándolo a un proceso penal. A pesar de ello, Carlos considera importante seguir haciendo su trabajo “tenemos la consciencia y la responsabilidad de seguir informando, para nosotros desde los territorios es importante este trabajo, contar las historias de nuestros pueblos y también la necesidad que ellos viven”.

Según las estadísticas elaboradas por este proyecto con base a datos de la PDH, APG y monitoreo propio de la Agencia de Noticias Km. 169, se pudo constatar la procedencia de las agresiones contra periodistas del 1 de enero al 24 de octubre. De las 113 agresiones se analizó 33 provienen de entes gubernamentales y 27 de entes municipales, dejando en evidencia que los ataques a periodistas por realizar su trabajo, vienen del Estado.

 

Agresiones contra periodistas correspondientes del 1 de enero al 24 de octubre de 2020, según procedencia del ataque
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Por otro lado, a través de la tabulación de agresiones, según tipo de agresión, pudimos observar que, en la mayoría de casos, no se violenta solo un derecho o se comete un solo ataque. Hay 17 casos en los que se violentaron 3 derechos: libertad de expresión, de prensa y acceso a la información, 17 en los que se violentaron 2 derechos: libertad de expresión, acceso a la información, 15 en los que se violentaron 2 derechos y se cometió 1 agresión: libertad de expresión, libertad de prensa y ataque a la integridad, por enumerar algunos.

 

Agresiones contra periodistas correspondientes del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, según tipo de agresión y derecho violado
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Sobre la criminalización de Anastasia, y que ha sido ligada a proceso, Ruth del Valle, Defensora de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, comenta que Anastasia si después que termine el proceso, queda demostrada su inocencia, “ella puede poner la denuncia de que le hicieron una denuncia falsa. Ahí, la fiscalía de periodistas sí actúa, porque ahí la persona agraviada, es una periodista. Lo complejo de esto, es que como no está tipificado como una agresión, (…) en este caso el fiscal de Quiché del Ministerio Público no está tomando como base que la denuncia puede ser falsa, que la denuncia puede ser contra ella por su labor de periodista, sino simplemente, toma los hechos. A él le están diciendo que fulana de tal, instigó a la población a no sé qué y esos son los hechos que él investiga, ahí es donde estamos mal, porque entonces ahí es donde se permite la criminalización realmente”, comenta.

Del Valle también comenta que hay un desconocimiento sobre quiénes son periodistas y comunicadores sociales, “hay toda una discusión, por ejemplo, de si un columnista es periodista o no, pero yo creo que lo que hay que utilizar ese concepto amplio que ha establecido Naciones Unidas, desde la relatoría, sobre que las personas periodistas son quienes observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones políticas y cualquier cosa que pueda afectar a la sociedad. Porque ahí ya hay una intencionalidad, (…) porque hay una orientación sobre lo que acepta a la sociedad, la comunidad, al grupo social. Ene se sentido, pienso que como no se entiende, que no es periodista solo el que tiene un título universitario de ciencias de la comunicación o de periodista específicamente, si no es quien cumple esa función. Es la única profesión creo yo, que no exige colegiación obligatoria, precisamente para no limitar la libertad de expresión y de prensa. Otra cosa que yo creo que es un error, es el hecho de que la gente cree que los accesos a la información son exclusivos de las y los periodistas. Yo insisto en que libertad de expresión tenemos todas las personas, y todas las que defendemos derechos humanos, defensores, periodistas, sindicalistas, etcétera, todos tenemos derecho a defender derechos humanos, y es el derecho a la libertad de expresión”, explica.

Por otro lado, es importante considerar los papeles que juegan todos los partícipes en la parte acusadora y la juzgadora en este caso, pues probablemente, exista un tejido de corrupción en medio del mismo. Anastasia comenta en medio de su declaración que fiscales del MP llegaban de noche a su casa para amenazarla con que un fiscal de apellido Mancilla le armaría “un caso grande que la haría caer”, quien es el fiscal Isaías Mancilla, quien efectivamente figuraba por parte del Ministerio Público al momento de imputarle la acusación.

El alcalde Florencio Carrascoza, ha sido señalado innumerables ocasiones por corrupción, acumula 24 delitos en el MP del 2006 al 2016, entre ellos violencia contra la mujer, enriquecimiento ilícito, malversación, casos especiales de estafa; en el Organismo Judicial -OJ- ha acumulado siete delitos, entre ellos violencia intrafamiliar, y tres antejuicios; y en la Contraloría General de Cuentas –CGC- Carrascoza ha cosechado 17 hallazgos del 2013 al 2016, entre ellos varios incumplimientos a la ley de contrataciones del Estado por los que ha tenido que pagar Q123 mil 445.56, algunos de estos hechos fueron denunciados por la periodista Mejía.

El 20 de enero de este año, la jueza Pérez Cabrera dejó en libertad al ex comisionado militar Juan Alecio Samayoa Cabrera por falta de mérito, el ex soldado fue señalado por el MP de asesinato y violaciones sexuales durante la guerra, según un medio local en esa oportunidad varias mujeres se indignaron en la sala de audiencia por la decisión de la jueza.

El racismo, un mal que pretende invisibilizar el trabajo de periodistas comunitarios

Para el comunicólogo independiente, semiólogo y magíster en comunicación para el desarrollo, Ramiro Mac Donald Blanco, existe una relación muy estrecha entre el periodismo comunitario y la comunicación para el desarrollo. “Ambos conceptos tienen relación directa con la postura democrática de repensar el sentido de la información y la auténtica comunicación”, explica, apuntando además que comunicar tiene un concepto de equilibrio entre el emisor y el receptor, siendo una acción de carácter horizontal, pero informar es una actividad que pretende transmitir datos, solo trasladar de forma unidireccional, por lo tanto “los grandes medios masivos informan, los medios pequeños o comunales, comunican porque buscan un sentido menos comercial del contenido que proveen. Por eso el periodismo comunitario desarrolla otro tipo de comunicación, que no es de carácter global sino de la comunidad”.

Mac Donald también explica que existen aportes importantes en el periodismo comunitario, pues esta forma de hacer periodismo desde los territorios originarios, “vela por que los derechos integrales de sus receptores sean los ejes básicos de su función informativa. Al periodismo masivo les interesa la penetración a grandes cantidades de públicos anónimos, dispersos y masivos. En tanto, el periodismo comunitario pasa revista de los hechos que le pueden favorecer o dañar a los pobladores locales, a su comunidad comunicativa”, por lo que son dos visiones completamente distintas.

Con relación al racismo y el rechazo del periodismo comunitario como “verdadero periodismo”, el comunicólogo expone que existen algunos intereses y funciones diferenciadas, por ejemplo, que el periodismo tradicional incluye la posibilidad de ser financiado por entes comerciales que buscan la penetración masiva para la venta y, o consumo de sus productos o servicios, y, asimismo, busca capturar la atención con noticias alarmantes, escandalosas, tétricas, hechos que hacen temblar a la audiencia. Por otro lado, explica que el periodismo comunitario no convierte a su receptor en un ente consumidor, sino en un ente activo de comunicación crítica y que, al periodismo comunitario le interesa lo que le inquieta y de verdad le interesa a su receptor.

Además, también agrega que los medios tradicionales están envueltos en el esquema del racismo que impera en Guatemala. “El país más racista del mundo según Van Dijk. Los periodistas, muchos, no están conscientes de sus prejuicios hacia los sectores indígenas y otros grupos… El sistema mediático no da voz a los sectores marginales, porque está al servicio del capital y el sistema de valores imperante, incapaz de entrar en dialogo con los intereses locales. Esto es dado su estructura de medios con una visión de país muy diferente a la que se vive entre las comunidades”, dice.

La opinión de Mac Donald sobre la criminalización a periodistas comunitarios en materia de derechos humanos, libertad de expresión y de prensa, es que es un mecanismo utilizado por los sectores de poder, “a los periodistas que se atreven a reclamar y a exigir derechos de los pueblos indígenas, a quienes como Anastasia levantan su voz de protesta por la realidad tan compleja que se vive en las comunidades, les criminalizan.  Ese es el mecanismo más utilizado por los sectores de poder, al intentar desprestigiarlas, colocarlas al margen de las leyes de un Estado racista que busca anular sus acciones”, agrega que afortunadamente, a Anastasia solo la encarcelaron, pues existen casos de otros periodistas comunitarios que llegan incluso, a matarlos. “Asesinan al mensajero, porque su mensaje no les gusta, nos les conviene que haya cada vez más periodistas conscientes de un Estado que no entiende ni se acerca a las comunidades y quieren que permanezcan sumisos y callados. Ejercer el periodismo comunitario en Guatemala es peligroso. Esta semana un grupo de periodistas protestó frente al MP denunciando al Gobierno de Giammattei como violador del derecho a la libertad de expresión, pidiendo que se investiguen los ataques contra Anastasia y otros casos similares”.

Ruth del Valle, apunta que es importante que los periodistas denuncien a quien los denunció falsamente, cuando terminan esos procesos. “Y hacer una campaña política contra jueces y fiscales corruptos que se prestan a criminalizar, y paralelamente dando a conocer estos mecanismos para que se devuelvan esas demandas. Yo creo que en la medida en que se ponga contra la pared al Estado, y a quienes andan haciendo estas denuncias”.

Mac Donald apunta que, “la solidaridad es el único camino que nos queda a todos los que ejercemos la posibilidad de expresarnos por cualquier medio que sea”.

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