Nueva ola de violencia y represión en contra de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas en el Estor, Guatemala

Por: Front Line Defenders
País: Guatemala
5 noviembre 2021
Fotografía: Carlos Ernesto Choc

Front Line Defenders y La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) expresan su profunda preocupación por el recrudecimiento de violencia en contra de las personas defensoras del agua y del territorio, las comunidades Maya Q’eqchi’, el sector pesquero y las y los periodistas que ejercen su labor en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. En especial, preocupan los múltiples allanamientos, actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia y difamación que forman parte de una amplia estrategia de represión por parte del Estado de Guatemala, en contra de quienes han exigido el derecho a la consulta en El Estor.

El municipio de El Estor cuenta con la costa y zona portuaria más importante de Guatemala, localizada en el océano Atlántico en la región del Caribe. Es una región con una significante diversidad de recursos naturales y minerales como el níquel, razón por la cual históricamente ha sido de gran interés económico a nivel nacional e internacional. En las últimas décadas actividades como la minería y el monocultivo han sido impulsadas por empresas y gobiernos locales que otorgan concesiones de explotación. Estas concesiones no han tomado en cuenta la opinión o las necesidades de las personas y comunidades que históricamente han habitado y defendido el territorio. Las comunidades indígenas de la región mayoritariamente Maya Q’eqchi’ que han trabajado en la defensa de su territorio y a favor el reconocimiento de sus derechos colectivos, incluyendo el derecho a una consulta libre e informada, se han enfrentado a graves represalias por exigir sus derechos y por tratar de detener los impactos negativos de su explotación en el medio ambiente y el tejido social del municipio.

Los proyectos de minería cuentan con antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos en la región. En el 2007 la empresa minera canadiense Hudbay Minerales, propietaria de Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) realizó violentos desalojos en contra de comunidades Q’eqchi’ incluyendo a la comunidad Lote 8 y otras seis comunidades en El Estor y Panzos. Once mujeres mayas q’eqchi denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte del personal de seguridad privado de Skye Resources Inc. que ahora forma parte de Hudbay Minerals.

El 27 de septiembre de 2009, el profesor y defensor de derechos humanos Adolfo Ich Chamán, quien era parte de la comunidad Lote 8, quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa Hudbay Minerales, fue asesinado a inmediaciones de la mina por la seguridad privada de la compañía. El asesinato ocurrió en el contexto de los desalojos realizados contra la comunidad las Nubes. El defensor de derechos humanos Germán Chub Choc también fue víctima directa del ataque en contra de Adolfo Ich Chamán, con heridas y lesiones en sus extremidades inferiores que hasta la fecha le impiden caminar. Ambos casos han seguido un largo proceso judicial que a pesar de contar con abundante prueba de investigación han permanecido impunes.

El 27 de mayo de 2017, se registraron hechos de violencia y uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de la Gremial de Pescadores Artesanales, tras establecer una resistencia pacífica en contra de la operación de la mina por los graves daños ambientales que estaba ocasionando en el lago Izabal. El 27 de mayo de 2017, el defensor de derechos indígenas y de la tierra Carlos Maaz Choc fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que solicitaba a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal. A la fecha el asesinato continúa en impunidad.

A raíz de estos hechos ocurridos en mayo de 2017 se iniciaron varios procesos judiciales de criminalización en contra de las personas que integran la Gremial de Pescadores Artesanales que hasta la fecha, han presentando múltiples irregularidades y atrasos judiciales que han vulnerado sus derechos al debido proceso y el derecho a la defensa.

En el año 2018 la Gremial de Pescadores Artesanales y el pueblo maya Q’eqchi’ de El Estor optaron por buscar la vía legal para dirimir su conflicto con la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), por el proyecto de explotación minera Fénix, otorgado a la CGN, actualmente propiedad de la Empresa ruso-suiza Solway Investement Group. En 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional, primero y luego, en junio de 2020 el amparo definitivo a favor de detener las operaciones mineras en concordancia con el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo; a pesar de esto las comunidades reportaron que la empresa nunca detuvo sus actividades.

El 4 de octubre de 2021, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi instaló un plantón permanente en la entrada del municipio y a 10 km de la planta procesadora de la CGN, para exigir el respeto a sus derechos y el pleno cumplimiento de la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Durante los veinte días que duró el plantón se fueron sumando distintas organizaciones y comunidades para exigir sus derechos. El 8 de octubre, cuatro días después de iniciada la protesta, las y los líderes Q’eqchi’ se enteraron por personas de la comunidad que algunas personas no identificadas preguntaban por comunitarios y líderes sociales a quienes identificaban como opositores a la mina.

De acuerdo a información reportada por organizaciones locales el 21 y 22 de octubre de 2021, la PNC utilizó gases lacrimógenos que afectaron a todas las casas de los barrios de ingreso al municipio provocando la intoxicación de niños, niñas, mujeres, adultos mayores y periodistas.

El 22 de octubre, aumentó la presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar y se reportaron diversas agresiones en contra de los periodistas Carlos Choc, Baudilio Choc Mac, Juan Bautista Xol y Nelton Rivera Gonzáles quienes reportaban al medio Prensa Comunitaria sobre los hechos. El periodista Juan Bautista Xol, quien cubrió el plantón pacífico, fue difamado por personas desconocidas en redes sociales por su labor informativa. El 23 de octubre el Consejo Ancestral decidió terminar el plantón. El 24 de octubre de 2021, como respuesta a las protestas el presidente Alejandro Giammattei, en consejo de ministros declaró Estado de Sitio en el Estor, Izabal, por treinta días bajo el decreto gubernativo 9-2021, con el cual se permitió una subsecuente limitación a las garantías constitucionales.

Organizaciones locales de derechos humanos han podido verificar y documentar que durante el 24 y el 28 de octubre de 2021 ocurrieron al menos 14 allanamientos a viviendas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la presencia de elementos del Ejército de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil y equipo de fiscalías de Izabal del Ministerio Público y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). El 26 de octubre de 2021, al menos 29 elementos de la PNC allanaron de manera violenta la casa del periodista Juan Bautista Xol y confiscaron su teléfono. Ese mismo día fue allanada la casa de Carlos Choc por elementos de la PNC y del Ejército.

El 27 de octubre de 2021, un contingente de fuerzas de seguridad armadas del gobierno guatemalteco entró sin orden de allanamiento a las casas de la defensora de derechos humanos Angélica Choc y su hijo, el profesor Luis Adolfo Ich Choc, para realizar una orden de registro. El mismo día, la casa del defensor de derechos humanos German Chub Choc fue allanada por elementos de la PNC. El defensor de derechos humanos fue sorprendido mientra dormía y no se permitió vestirse o hacer uso de su silla de ruedas. Angélica Choc y Germán Chub Choc son personas defensoras de derechos humanos demandantes en Canadá contra Hudbay Minerals en relación con los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado en la mina Fénix, incluido el asesinato de Adolfo Ich Chamán y el tiroteo contra Germán por parte del personal de seguridad de la empresa minera en 2009.

El 27 de octubre de 2021, integrantes de la PNC y elementos del ejército rodearon y allanaron sin orden la casa de la defensora de derechos humanos Olga Marina Ché, integrante de la gremial de pescadores artesanales de El Estor, durante el allanamiento los elementos de seguridad tiraron objetos personales de la defensora al suelo y se llevaron su celular, así mismo intimidaron y agredieron físicamente a las y los hijos menores de la defensora que se encontraban en la vivienda.

Durante los años 2020 y 2021 se ha reportado un aumento en en los incidentes de seguridad en contra de periodistas en el país incluyendo las repetidas detenciones de periodistas independientes de todo el país como el caso del periodista Marvin del Cid, quien fue detenido e interrogado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Ciudad de Guatemala o el caso de la defensora indígena maya k’iche’ y periodista Anastasia Mejía Tiriquiz, quien desde el 22 de septiembre de 2020 permaneció con medidas sustitutivas de arresto domiciliario, por los delitos fabricados de “sedición y atentado agravado” de los cuales fue absuelta meses después.

Front Line Defenders y UDEFEGUA subrayan la importancia de la rendición de cuentas de la policía y el derecho de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas a vigilar, documentar y denunciar las violaciones de los derechos humanos, cometidas por la policía y el ejército en Guatemala; recordando que durante las emergencias se vuelve indispensable el acceso a la información y de prensa de medios independientes.

Front Line Defenders y UDEFEGUA hacen un llamado a las autoridades de Guatemala para que detengan y condenen la brutalidad policial contra las y los manifestantes, sus familias, las personas que ejercen la legítima labor periodística, así como el derecho a la protección de la sociedad civil. Así mismo hacen un llamado a garantizar los derechos de la niñez en el marco del Estado de Sitio, sobre todo aquellas niñas y niños que forman parte de las familias de las personas defensoras que han sufrido allanamientos. Front Line Defenders reitera su condena a la violencia policial en El Estor y el impacto desproporcionado de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, sus familias y periodistas en el país.

Las organizaciones reiteran su llamado para que el Estado de Guatemala se abstenga de acciones de represión y hostigamiento en contra de quienes defienden el derecho a la consulta, e instan a que se adopten instrumentos eficaces que reconozcan la valiosa contribución que el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas aporta a la democracia del país. Así mismo recuerdan la obligación que tiene el Estado de garantizar su integridad personal.

                   
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