Por Lizbeth Hernández

La vida de la abogada guatemalteca Flor de María Gálvez Álvarez cambió completamente en marzo de 2022, cuando tuvo que abandonar el país. 

Meses atrás, la situación para operadoras y operadores de justicia que participaban en investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo excepcional para investigar estructuras criminales, corrupción e impunidad en el país centroamericano, nacido de un acuerdo bilateral entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Estado guatemalteco en 2007, era cada vez más insostenible.

Precisamente en marzo de 2022 se dictó prisión preventiva contra Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, quien había sido detenida casi un mes antes. 

La persecución y criminalización contra operadores de justicia se tornaba cada vez más como una revancha, la cual se habilitó una vez que el mandato de la CICIG concluyó en septiembre de 2019, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no lo renovó.

Fueron 12 años de labor de esa Comisión. Flor Gálvez se sumó desde su creación y dedicó 11 años de trabajo. En ese tiempo, se investigaron más de cien casos, entre ellos el conocido como La línea, en el que se incluyó al expresidente Otto Pérez Molina, quien también fue enviado a juicio junto a 27 personas más.

Pero todo el panorama cambió en 2022. Ese año, se registraron “3 mil 754 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y al menos 73 operadores de justicia, periodistas y activistas tuvieron que exiliarse, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)”, indicó Amnistía Internacional en un reporte publicado en noviembre de 2023.

Flor Gálvez evitó la cárcel, pero tuvo que exiliarse.

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La persecución o criminalización siempre ha existido, más hacia las personas defensoras de los pueblos indígenas y de los territorios. Sin embargo, esta persecución se fue trasladando hacia lo urbano, y especialmente a las operadoras y operadores de justicia que en su momento luchamos contra la impunidad y contra la corrupción, esto se vio agravado a partir de la salida de la CICIG, en el 2019, y a partir de ahí se vino esta ola de persecución en contra de quienes, en su momento, como ya indiqué, luchamos en contra de la corrupción y la impunidad.

[...] Hay un trato diferenciado, respecto a la persecución que se hace contra un hombre y contra una mujer. Obviamente, las compañeras que están en los campos, que están en los pueblos, también lo han manifestado. Y esa diferenciación que se hace respecto a nuestro género y sobre todo a que siempre somos consideradas las más vulnerables, a que tenemos que estar siempre en el ámbito privado. Cuando salimos de ese esquema es que rompemos estos paradigmas y es cuando también es molesto. 

De esa misma cuenta es que también esta persecución, criminalización, en contra de nosotras las mujeres se ha intensificado más porque pretenden callarnos, someternos, con miedos, con amenazas, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestro aspecto físico y pues en muchos casos lo logran, en otros casos esto se convierte en una fuerza para seguir luchando y visibilizando estas luchas.

Las palabras son de la abogada Flor Gálvez. Ella compartió una parte de lo que ha vivido desde el año 2022. Señaló que es importante no olvidar que en la persecución que se desató contra operadoras y operadores de justicia en Guatemala, se ha incluido a abogadas y defensoras de derechos humanos, no solo a juezas o fiscales. 

“En mi caso, también defendí a las compañeras que en su momento fueron detenidas, en el 2022 y a raíz de eso se inició una campaña de desprestigio, de amenazas y de mucha misoginia en mi contra, y por tal motivo me vi obligada a salir al exilio”, explicó.

Pero, ¿cómo ha sido el acoso y persecución que han vivido? Gálvez retoma información derivada de varios análisis que se han hecho y detalló: 

“En todos los casos se repite el mismo patrón. Por ejemplo: inician con denuncias espurias, denuncias que no tienen ningún sustento, casos que arman en 4 o 5 días, detenciones que se ordenan por juzgados que no son los competentes, o bien, juzgados que están alineados con las personas criminalizadoras por parte del Ministerio Público (MP) y posteriormente se generan órdenes de aprehensión para empezar a perseguir a las personas, independientemente si es  hombre o mujer. Pero se agrava cuando es mujer porque va acompañado también de una campaña de desprestigio y de estigmatización en redes sociales, de burlas hacia su cuerpo, hacia su físico, de amenazas, y para quienes son madres amenazas también hacia sus hijos e hijas, hacia sus familias”.

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¿Qué impacto ha tenido a nivel individual, familiar y social este hostigamiento y persecución?

Para mí ha tenido un impacto muy fuerte, mi proyecto de vida se vio truncado, interrumpido, tuve que irme de mi país de un día para el otro, sin poder despedirme de mi familia, sin poder despedirme de mis amigos, de mi trabajo que tanto quería. Y venir a otro país, en el cual fui acogida de una manera muy amigable y respetuosa, pero no es mi país. Tener que empezar a hacer redes de apoyo, empezar a buscar personas que pudiesen también acompañarme en este caminar, de seguir buscando justicia y seguir visibilizando lo que sucedía [...] y seguir apoyando a mis compañeras y compañeros que todavía están en Guatemala y que lamentablemente, algunos se encuentran en prisión. No solo son mujeres, no solo son hombres, también hay personas de la población LGBTIQ+ que también han sido criminalizados y a quienes también les están armando casos por ser voces disidentes, creo que eso también sigue afectándome, porque mi compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas continúa.

El exilio ha sido una salida de protección y resistencia, ¿cómo la has vivido y qué impacto ha tenido?

Siempre he dicho que estar en el exilio no es un proceso lineal porque tiene sus altos y sus bajos, sobre todo es un proceso donde hay muchas emociones. Te encuentras en un país en donde estás completamente sola, con redes quizá sí de apoyo, pero también hay momentos de espacio donde hay mucha soledad. Esto también ha significado conocer a personas que también tienen la misma visión, lucha y resistencia. Creo que también de ahí he sacado fuerzas para continuar y sobre todo contar con el apoyo de mi familia, porque siempre me han acompañado en mis decisiones y en mi lucha, que es para mi país, para todos y todas. Ha significado también el encontrarme a mí misma en otro país y ver que también soy capaz de hacer otras cosas, de reinventarme, de poder ver que la defensa de los derechos humanos es universal y puedo continuar haciéndolo desde cualquier lugar.

¿Cómo han podido sobrevivir y sobrellevar esta situación: la individual, la familiar, la defensa penal, la denuncia nacional e internacional y otras?

Primero, con el apoyo de mi familia he podido sobrellevar esta situación. También de organizaciones nacionales e internacionales que han estado apoyándonos, digo apoyándonos en plural porque han sido varias compañeras que hemos tenido que salir al exilio, sin dudarlo estas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, nos han apoyado.

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La elección de Cortes es un momento importante en Guatemala, pero el panorama no luce fácil: “Para mí muchos intereses económicos y políticos, y también intereses opacos y que se mueven desde este círculo que quiere permanecer en la impunidad”, observó Gálvez.

La abogada apunta que, en este contexto, son los pueblos originarios, los pueblos indígenas y también la sociedad civil organizada quienes están tratando de visibilizar lo que pasa en el país, en el que se necesita que en las Cortes haya otros perfiles: “Necesitamos personas que no estén comprometidas con grupos oscuros ni con grupos corruptos como lo están siendo los candidatos que están pasando las listas”.

Esto también involucra al Ministerio Público, el cual enfatizó Gálvez, no está cumpliendo el papel para el que fue creado. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar un reciente informe de la visita in loco que realizó en Guatemala, en donde establece que el Ministerio Público efectivamente está utilizando el proceso penal para criminalizar”.

Y de esta criminalización e instrumentalización no escapa el actual Gobierno. “Lamentablemente el Gobierno no está muy fortalecido porque ellos también están siendo criminalizados, tocó la racha de que tal vez no iban a tomar posesión y ahorita están en esa situación de que interponen antejuicios en contra del propio presidente, criminalizándolo también, entonces es un momento muy duro para la democracia en Guatemala desde esa perspectiva”.

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Flor de María Gálvez Álvarez procura ser concreta en sus respuestas. 

¿Cómo sería un sistema de justicia ideal para las mujeres?

Para mí, que soy una mujer feminista, defensora de los derechos humanos, un sistema ideal sería un sistema inclusivo, con pertinencia cultural, donde las mujeres también se sientan representadas, es decir, que haya representatividad en las Cortes, en las altas Cortes, en los juzgados y en las Salas de Apelaciones. Porque hay estudios en Guatemala que identifican que muy pocas mujeres llegan a los niveles de juezas, muy pocas mujeres llegan a niveles de Salas de Apelación y una ínfima cantidad de mujeres llega a Corte Suprema de Justicia, entonces no estamos representadas. No tenemos representación en el sistema judicial. También en Guatemala con estas narrativas conservadoras donde quieren seguir manteniendo el sistema patriarcal.

Entonces, mi sueño de justicia ideal sería contar con más mujeres en las judicaturas, contar también con mujeres comprometidas en la lucha no solo contra la corrupción y la impunidad sino en la lucha también de los derechos de las mujeres, de las niñas, que muchísimas en Guatemala están siendo violadas día a día y que no encuentran justicia.

¿Cómo ve el futuro inmediato de exiliadas, exiliados y otras personas perseguidas en Guatemala?

Por el momento no veo un futuro en el que podamos retornar a nuestro país, porque existe todavía el riesgo de ser encarcelados, de continuar siendo criminalizados, y esto no está siendo facilitado tampoco por parte del Gobierno, obviamente por lo que hemos hablado. Ellos también están siendo sujetos de criminalización, quizás a muy largo plazo haya posibilidades de que esto se revierta. También habría buenas posibilidades de volver a Guatemala si y solo si también se eligiesen personas probas para las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. También si hubiese una reforma judicial fuerte, en el sentido de movilizar a todos estos jueces y juezas que se han prestado a estos intereses oscuros de la criminalización y de resolver a favor de quienes han estado siendo señalados de corrupción y que ahora en Guatemala están teniendo un poder económico y político nuevamente.