Por Ana Alfaro

Claudia González Orellana es una mujer profesional de 56 años, con una trayectoria de 25 años en el derecho y la defensa de los derechos humanos. Su trabajo investigativo y especializado en las leyes logró exponer a todas luces la corrupción, la injusticia y lo estropeado que está el sistema de justicia en Guatemala.

Una sonrisa cálida, voz fuerte y clara y una mirada firme describen pocas veces a las y los abogados. Ella, en cambio, en medio de un engorroso juicio en su contra que empezó con su detención el 28 de agosto de 2023, y que no da tregua ni avanza para culminar, sigue de pie, luchando por su inocencia y demostrando constantemente que la persecución contra las y los operadores de justicia es una venganza por parte del Pacto de Corruptos.

González trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Fundación Myrna Mack, Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), espacios que la llevaron a investigar casos sobre el conflicto armado interno, desapariciones, captura de menores de edad por el Ejército de Guatemala, e incluso trabajó con Monseñor Gerardi, reconocido obispo guatemalteco en la ODHAG. Mientras que en la Fundación Myrna Mack su labor se centró en investigar asesinatos de mujeres. Su función en el MP fue trabajar en la construcción del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), con la Cooperación Española. Al salir de esta institución, aplicó para ingresar a trabajar a la CICIG y en el 2019 fue admitida para ejercer la investigación criminal en casos de corrupción.

La abogada Claudia está actualmente en un proceso penal injusto a todas luces, menos para el juez Jimi Bremer y por quien interpuso la denuncia de “abuso de autoridad”, la exmagistrada Blanca Stalling Dávila, investigada por tráfico de influencias cuando se probó que quería librar de la cárcel a su hijo involucrado en el caso IGGS-Pisa.

El hecho de que la justicia alcanzara a una exmagistrada le ha dado a todo un giro de 180 grados, al poner ahora a una abogada, defensora de derechos humanos e incorruptible en un juicio sin lógica legal y entrampado, que le dio 81 días en prisión preventiva, colocándola en un estatus de castigada, como menciona González, por acudir a la defensa de exfiscales y operadoras de justicia, como Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra.

En esta entrevista Claudia González narra cómo ha sucedido este letargo de la justicia que juega contra las mujeres y las abogadas que enfrentan un sistema corrupto.

¿Cuál cree que ha sido el trabajo que le ha costado el hostigamiento de acoso judicial? 

El último trabajo, que fue defender a mis compañeros del sistema judicial de esta venganza, este ha sido el trabajo más complicado y difícil desde varios puntos de vista.  Primero, porque viene el sistema de justicia, que nunca ha sido lo mejor que tenemos en Guatemala, pero había una mejora. Cuando tienes un escenario como profesional y eres usuario de ese sistema de justicia, y pareciera que no hay ningún respeto ni de los jueces, ni del sistema de investigación, todo lo técnico, lo que tenías preparado, lo que habías estudiado, no responde, pero en una dimensión muy negativa hacia uno. A medida que íbamos en el ejercicio de la defensa, fue muy duro profesional y personalmente. Para mí, el tema de la probabilidad de que yo fuera detenida, fue muy difícil. Nunca estás preparada para estar en cuatro paredes aisladas por algo que no es delito.

¿Hay una forma de resumir esta situación?

Resumirlo en injusticia, venganza y decepción, porque aquí los principales responsables son los jueces. 

Usted es abogada defensora de otros operadores perseguidos. ¿Quiénes son estos operadores? 

Son amigos y colegas, excelentes profesionales con los cuales yo trabajé. Pasamos mucho tiempo discutiendo cosas jurídicas para hacer de la mejor manera el trabajo. Personas como Juan Francisco Sandoval, dos fiscales que prefieren que no se mencionen sus nombres. Carlos Vides, Siomara Sosa, a quien apoyé cuando fue el segundo caso, y la detienen junto a Leily Santizo, quien fue mi compañera en CICIG. Como no había muchas defensas para estos casos, con la licenciada Geraldine López empezamos a representar a Virginia Laparra y Paola Quiñónez, y así fuimos tomando defensas. A medida que iba pasando el tiempo era más duro luchar contra el mismo sistema y el número de personas criminalizadas iba en aumento. Y pasar por este proceso de criminalización te convierte en algo más que un colega de trabajo. En el año 2022 nadie quería tomar estos casos, era muy difícil que alguien quisiera defender a estos colegas, y tenemos muchos casos documentados en donde a todos los abogados defensores los intimidaron para que no los defendieran. Con esto, te estan quitando el derecho de una defensa, no digamos cuando te privan de tu libertad, que ya implica otros derechos personales. 

¿Quién cree que son las personas que están detrás de su persecución penal? 

No estoy segura, pero obviamente son todas las personas que fueron investigadas por la CICIG. Y eso nosotros lo sabíamos, que todos los que fueron investigados tienen poder político, económico y como funcionarios públicos. El hecho de haberlos investigado, de haberlos puesto  frente a un juez, es lo que no nos perdonan. A veces decimos que es porque estamos en Guatemala y no encuentran a quién más culpar. Cuando me capturaron, Blanca Stalling era magistrada de la Corte Suprema de Justicia y tengo entendido que tenía mucho poder. Ella tenía un estatus dentro de los funcionarios, entonces es probable que esté muy molesta por esta situación. Lo único que no entiendo es porqué esta situación se dio contra mí, porque yo no fui la que le levantó el juicio y el antejuicio. Yo no fui al Congreso de la República cuando decidieron que se le levantara la inmunidad. En este momento me vio a mí como la persona con la que se podía vengar y fue lo que sucedió. Ella debería reclamarle a todos los políticos que en su momento dijeron que se le levantara la inmunidad. 

¿Qué espacios ocupan estas personas que las están persiguiendo?

Se pueden mencionar que son militares, empresarios y políticos. También podrían ser policías, mandos medios, ministros, diputados, oficiales y jueces. Eso es solo la punta del iceberg de estos personajes, se están formando esas estructuras que solo se redefinieron y luego generaron su venganza en contra de aquellos que se atrevieron a investigarlos.

El caso más injusto contra una abogada

Claudia fue llevada a juicio por un delito que no aplica, porque no ha ejercido como funcionaria pública, y por lo tanto no puede cometer abuso de autoridad. Su caso podría compararse como  cuando una persona es multada por cruzar un semáforo en rojo en la vía de los carros, sin tener carro. Aún así le quieren hacer pagar la multa, a pesar de que no tiene un auto y que no cruzó en rojo la ruta. El juicio le ha costado un año y dos meses, dentro de los cuales ha luchado con el entrampado que ha causado cada actuación del juez Jimi Bremer.

Pasó 25 días en prisión antes de ser escuchada por un juez, en su primera declaración y hasta el pasado 22 de septiembre fue ligada a juicio. El MP tuvo tres meses para investigar, este es el plazo máximo que se da cuando una persona está detenida. Según la abogada, el MP no investigó nada. Eso llevó a que la acusación que se debía presentar el 21 de diciembre, el MP la realizó hasta el 15 de enero de 2024 y se suspendió la audiencia.

Su detención ya determinaba una gran violación a sus derechos y su inocencia. La Constitución Política de la República de Guatemala establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9). Después de 81 días de prisión, el 16 de noviembre de 2023 sale en libertad por orden de la Sala de Apelaciones, bajo medidas sustitutivas, lo que aún la mantiene en proceso penal.

Durante el primer trimestre del 2024, su caso pasó a la fase intermedia. El 18 de marzo se inició el ofrecimiento de prueba, lo que causó otro letargo a cargo del juez Bremer, ya que desde abril hasta la fecha, este procedimiento sigue en impasse.

¿En qué etapa está el caso en su contra?

Mi caso no tiene avance. El sistema penal está diseñado para que se haga rápido. Mi caso está durando lo mismo que podría durar una acusación en contra de 20 personas. En el diseño del proceso penal, entre más personas acusadas, más tiempo lleva. Pero yo estoy llevando el mismo tiempo que 20 o 30 personas. ¿Por qué? Porque hay una mala intención. 

A mí me detienen un 28 de agosto. El juez no me llama, no empieza la primera declaración y en cada semana se programa una audiencia. Eso es totalmente contrario de lo que se espera del proceso y a estos jueces, la misma Corte no les llama. No hay un poder de disciplina sobre estos jueces. Están organizados y coludidos para afectarnos. Mi primera declaración dura 21 días, cuando el juez dictamina el auto de procesamiento, que es la parte legal. A partir de este momento son tres meses de prisión, o sea, mi prisión se iba a convertir en cuatro meses, lo que es ilegal. Él tenía que haber contado desde el momento que me detuvieron, no desde el momento que él resuelve que yo me voy a prisión preventiva. A mí me dieron prisión preventiva siendo una abogada que estaba todos los días en tribunales, que estaba en Guatemala, demostrando mi arraigo, solo porque al juez se le dio la gana. No hay un criterio. La justificación que utilizó este juez para dejarme en prisión no tiene ni fundamento legal, ni probatorio, ni fáctico, que es lo que exige la ley. Me mandó a prisión, castigada. 

Además, él dispuso que las audiencias fueran reservadas. ¿Sabes qué me dijo en la audiencia? Me dijo: “Usted podrá ser una abogada muy exitosa, me lleva más años de experiencia, pero el juez aquí soy yo y usted se va presa”. ¿Qué argumento es ese? ¿Qué explicación te puedo dar? Más que esto es una venganza. Entonces, esta doble forma en que se comportan dentro, tratando de guardar la legalidad, no tiene cabida. La sala justifica cuestiones de forma para no resolver el fondo. Y aquí lo que se está discutiendo es que yo esté en libertad. Es decir, este es un castigo y tiene varios mensajes: este es un castigo por investigar esto. Tú eres un ejemplo para todos, para que no lo vuelvan a hacer. Esto es un castigo para los abogados, para que no defiendan sus derechos, y entonces lo único que yo quiero demostrar es que sí voy a pelear para que se haga justicia, tengo que demostrar mi inocencia. Pero es muy difícil. ¿A qué costo? Yo ya tengo un año en este caso. Si fuera otro caso, yo ya hubiera tenido un debate y estuviera absuelta. Pero saben que no hay elementos de prueba. Atrasarlo solo es limitarme a mí en todos mis demás derechos. ¿De qué justicia se está hablando en Guatemala?

¿Qué juez lleva su caso?

El juez Jimi Rodolfo Bremer aparece asignado a esta judicatura. Hay varios jueces que son  nuevos, pero que se identificaron en cuanto llegaron como amigos de Mynor Moto. Cuando él llega como juez de primera instancia, empiezan los casos.

Por ejemplo, Maynor Moto, llevó el caso del Bufete de la Impunidad y los absolvió teniendo pruebas de video, no le dio el valor a muchas irregularidades y después tomó algunos casos como de Comisiones Paralelas y linchamiento. Entonces, se ve cómo él va manejando a favor a actores corruptos y a jueces como Víctor Cruz, Jimi Bremer, Pedro Lainez y empiezan a cambiar jueces de manera intencional.

Freddy Orellana, Sergio René Mena, Geisler Snaille Pérez Domínguez, estos son los jueces que regularmente conocen nuestros casos. No puedo decir que sean unos jueces probos porque sus resoluciones son totalmente contrarias a derecho. 

¿En qué momento de la historia del país empezó la persecución hacia ustedes, operadoras de justicia?

Siempre ha existido una persecución en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos hablando de personas que en diversas regiones del país defienden recursos naturales, territorio o agua. Ellos han tenido este tipo de criminalización, pero es a partir de que en el 2020 que se debieron cambiar las Cortes y no sucedió, sino que se mantuvieron. Es ahí cuando esta perversión del sistema permite cualquier violación del debido proceso en cualquiera de las personas que defienden derechos. Cuando nosotros empezamos a representar a estas personas que defendían, que investigaron y lucharon en casos de corrupción y en contra la impunidad, el sistema empieza a atacarlos de la misma manera que lo hacían con otros defensores. Tengo datos estadísticos que en 2020 empezó el incremento de denuncias en contra de funcionarios. Nunca se había visto que se iban a llevar presos a fiscales en funciones por hacer su trabajo. Eso es la máxima expresión de la injusticia. No tengo otro ejemplo.

¿Quiénes son los perpetradores y qué características tienen?

Son quienes hacen uso de las redes sociales y manejan las cuentas de los netcenter. Antes de la salida de la CICIG, empezó un ataque sistemático continuo y masivo en contra del trabajo de la Comisión. Ese patrón se fue repitiendo porque lo que manejan los netcenter con estos mensajes de comunicación es desprestigiar tu trabajo y tu persona para quitarte credibilidad. Entendemos que quieren establecer que los casos fueron una invención que nunca existieron y que los criminales eran las personas que lo investigaban. En 2015 recuerdo cuando empezó el caso de La Línea. 

Era muy evidente que toda la gente sabía que habían casos de corrupción dentro del gobierno, pero no había una institución a lo interno de Guatemala que los investigara. Y la CICIG, junto con la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), hicieron ese trabajo. En este país hay memoria corta. En el año 2015 mucha gente me felicitaba por el trabajo que estaba haciendo, y después vino este ataque sistemático utilizando el derecho penal para castigarnos, deprimirnos, hacernos ver, o decir, o creer que lo que habíamos hecho era incorrecto. Vemos cómo esta dinámica no es algo al azar. Y es algo planificado y coordinado, porque no es posible que caigan en los mismos jueces este tipo de casos que nos mandan a prisión, que violan nuestro debido proceso, que no nos permiten el acceso a la justicia.

¿Cuánto daño han causado las acciones de hostigamiento y persecución?

Un daño gravísimo. Hemos retrocedido en tema de justicia como unos 20 años. Lo poco que habíamos avanzado en fortalecimiento del MP, está tirado a la basura. Todo, todo tirado a la basura, de una manera grosera y violenta, como por ejemplo que a una persona inocente se le lleve a la cárcel por algo que no es delito. Eso tiene dimensiones mucho más graves y por eso el Sistema Internacional de Derechos Humanos está poniendo el ojo en Guatemala, porque eso es muy grave. Por eso es que empezamos a utilizar el sistema internacional para que vigilara la garantía de los derechos humanos en Guatemala. El daño que ha causado esto es inmenso. 

Por ejemplo, el caso de Virginia Laparra, el caso de Paola Quiñónez, son dos excelentes fiscales en su trabajo. Hubo mucho ataque desde el ámbito laboral del Ministerio Público hacia ellas. En el ámbito profesional, les quitaron el trabajo, no les pagaron prestaciones o lo que les correspondía. Ellas eran personas que llevan una carrera judicial, personas de éxito. Esto, profesional y personalmente es una gran estigmatización, porque cuando son detenidas el sistema bancario les congela las cuentas o no les dan trabajo. En el tema personal, no te puedes imaginar el daño de pasar un día en la cárcel. Es un daño inmenso separarte de tu familia en forma violenta, no tener tus recursos mínimos en la cárcel, etcétera. Tener que adaptarte a ese ambiente. Y aquí hay una gran responsabilidad del Estado y de las personas que te mandaron a prisión.

¿Qué mecanismos de resistencia y resiliencia han encontrado durante todo este tiempo? 

Hemos ido de la forma más creativa posible desde organizaciones de sociedad civil que generan redes de apoyo para acompañarte. Por ejemplo, si estás en la cárcel tienes recursos limitados para pagar tus gastos. Entonces, todas estas redes de apoyo de alguna manera cubren tus necesidades mínimas. Por otro lado, el hecho de que la población reconozca que tu trabajo fue bien hecho y lo que estás sufriendo es una injusticia, es otro tema de apoyo muy grande y yo lo he vivido. Hay gente que antes no me conocía, no sabía ni quién era yo, pero ahora me reconocen en la calle. Me dicen que ellos mismos admiten que el sistema de justicia está muy mal y que mi situación es una injusticia. Eso llena tu dignidad como mujer, como persona y como profesional. Te quitan todo y las cosas mínimas, como que te lleguen a visitar, hablar con personas que no te conocen te fortalece de sobremanera porque entonces te das cuenta que no está perdido, y tenemos que luchar para construir este sistema que responda nuevamente a los intereses de las mujeres que requerimos el acceso a la justicia.

Soñemos, ¿cómo sería un sistema de justicia ideal para las mujeres?

Que como mujer puedas ingresar con toda libertad a todos los tribunales, poder llegar a la ventanilla y que el personal del juzgado te hable como persona con dignidad. Que un juez no se permita retrasar las audiencias, atendernos, saber que si se atrasa un caso es por cuestiones que no son nuestra responsabilidad, sino la de ellos. Y de alguna manera garantizar la justicia y el acceso a las mujeres. Que a las mujeres indígenas no las traten mal, que las miren de frente y les hablen, que tengan la posibilidad de comunicarse y que sus peticiones sean escuchadas y no las discriminen. Que haya justicia en un plazo razonable. Ese es el sistema ideal en normas. 

Actualmente, no hay fecha para continuar con la etapa de ofrecimiento de pruebas del juicio de Claudia, el último intento de retrasar más el proceso ha sido interrumpido por el propio juez, Jimi Bremer, solicitando un informe de los medios que dan cobertura al caso, argumentado que la prensa pone en peligro a Stalling y a él como juzgador. Este informe es insólito y un retraso malicioso, porque la Sala de Apelaciones ya ordenó que se concluya esta etapa. El equipo legal de Claudia, ante todo este escenario en cámara lenta, ha interpuesto un recurso para que Bremer sea retirado y otro juez lleve su caso.

Hay algo que quiero decir: es difícil para mí, poder explicarme porque nunca me vi como usuaria del sistema. Siempre creí ser la abogada que podía pelear por la defensa de los derechos de los demás. Nunca me imaginé que yo tenía que pasar por este calvario.  Sigamos trabajando, forzando el sistema para que de verdad funcione, no lo dejemos a la libre, pidamos y trabajemos por fortalecer el sistema de justicia. 

La voz de Claudia González es la potente voz de las mujeres que se atrevieron a desafiar un sistema que ha negado a otras la justicia, la verdad y la historia. Continuar de esta manera, pone en peligro a más mujeres y personas que cada día hacen su trabajo honradamente y socava los derechos de las guatemaltecas y guatemaltecos. González es una de las más de 50 personas perseguidas, criminalizadas, hostigadas, donde destacan exfiscales, periodistas, abogadas y estudiantes.