En las medidas de reparación digna para la familia Molina Theissen por la detención y violación contra Emma Guadalupe y la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio Molina Theissen tras la sentencia contra cuatro altos mandos militares, se involucra a ocho instituciones de los tres poderes del Estado y dos instituciones autónomas como la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Tal como anunció la familia el viernes 25 de mayo, tres días después de la sentencia, no pedirían reparación económica y así fue. Entre las solicitudes de la familia que no fueron admitidas por el Tribunal de Mayor Riesgo C en la audiencia de reparación digna estuvo cambiar el nombre del Campo Marte por Campo Marco Antonio Molina Theissen; que los militares reintegraran al Estado US$690 mil que otorgó a la familia para cubrir los gastos del proceso ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH); y el Tribunal no admitió que la Fiscalía continúe con la investigación para dar con todos responsables de la violación de Emma Guadalupe y la desaparición forzada de Marco Antonio.
Entre las medidas de reparación admitidas por el Tribunal están:
Cuatro de los cinco militares que fueron acusados recibieron una sentencia por tres delitos. Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Francisco Callejas y Callejas y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, se les condenó por los delitos de deberes de la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada, con una sentencia de 58 años inconmutables y a Francisco Gordillo Martínez se le condenó por los delitos deberes contra la humanidad y violación con agravación de la pena con una sentencia de 33 años de prisión inconmutable. La sentencia se emite después de 37 años de los hechos.
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