A Juan Francisco Sandoval se le ve relajado. La entrevista ocurre en la terraza de un café en un suburbio de Washington, DC, donde el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala vive desde que salió de su país en julio pasado, luego de que la fiscal general Consuelo Porras lo destituyó del puesto. Desde aquí ha seguido Sandoval los sucesos posteriores a su salida el 23 de julio pasado, tanto las masivas protestas callejeras que pedían las renuncias de Porras y del presidente Alejandro Giammattei como la arremetida de ambos funcionarios junto a otros actores políticos y empresariales guatemaltecos contra fiscales, jueces, periodistas y organizaciones de sociedad civil que siguen cuestionando el deterioro democrático del Estado y la interminable corrupción.

Se le ve relajado, pero él mismo reconoce que por su cabeza circulan decenas de pensamientos, casi todos relacionados con Guatemala, a la que no sabe si algún día regresará. Está convencido de que Porras y Giammattei preparan el camino para intentar que lo extraditen. “No sé en cuántos voy a volver”, dice antes de dar una descripción que deja algún tipo de esperanza: “Guatemala es un país de impunidad, pero también es un país de resistencia”.

La charla empieza por una de las acciones más recientes de Porras contra la arquitectura anti-impunidad que el país había logrado crear en la última década, la remoción de la fiscal que dirigió la unidad del Ministerio Público desde el que Guatemala enfrentó, en tribunales, los crímenes del ejército contra las poblaciones originarias y las violaciones masivas a los derechos humanos de los guatemaltecos.

¿Cómo entiende la sustitución de fiscal de Hilda Pineda de la unidad de derechos humanos del Ministerio Público? ¿Asistimos ya al final del camino para enterrar todo lo que habían hecho FECI y el MP desde Claudia Paz y Thelma Aldana?

Está dirigido a enterrar todos los esfuerzos que se hicieron en Guatemala en materia de justicia transicional. Desde la administración de Thelma Aldana como fiscal general se visualizó un esfuerzo por llevar justicia a los deudos del conflicto armado, pero como ocurre en El Salvador o en otros países el ejército ha estado totalmente opuesto a esta justicia. Y es la Fundación contra el Terrorismo, que gira las directrices de lo que hace la fiscal, la que tiene mucho que ver en esto. También lamento mucho que haya sido destituida la fiscal de extinción de dominio, que había hecho tan buen trabajo, pero da la casualidad de que ella tiene vínculo de parentesco conmigo, entonces es una forma de enviarme un mensaje. Otro cambio al que no se le ha puesto mucha atención es al de la fiscalía de asuntos internacionales: Vilma Perdomo es amiga del expresidente Jimmy Morales y tiene parentesco entiendo con Estuardo Castellanos, presidente del instituto de magistrados , vinculado en el caso de comisiones paralelas 2020 y quien denunció a la jueza Erika Aifán. Veo ahí la intención de hacer todos los esfuerzos posibles por extraditar a Thelma Aldana y a su servidor. Son tres movimientos estratégicos y que se ocultaron entre otros 10 o 12 movimientos que hubo en el MP de jefaturas, pero es un claro mensaje para socavar esos esfuerzos que se hicieron durante mucho tiempo.

Dice que quieren extraditarlos a usted y a la exfiscal Thelma Aldana. ¿Hasta dónde pueden llegar el presidente Giammattei y la fiscal Porras?

El intento de socavar toda la lucha contra la corrupción lleva implícita una idea de venganza. No basta solo con habernos sacado al exilio, no basta haber sacado a la CICIG, lo que quieren es que callemos y humillarnos. Yo advierto que el anuncio que hizo la fiscal general previo a pedir mi detención, que fue un jueves 2 de septiembre, fue una amenaza en contra de cualquier detractor, a la prensa independiente y a la sociedad civil, porque lo que quiere es callarnos. Yo solo cuando deje de respirar voy a callarme; sé lo que vi y lo que viví y sufrí a Consuelo Porras tres años y dos meses.

¿Cuénteme del 23 de julio: llegó a temer por su vida?

Temí que atentaran contra mi vida. Interpuse muchas denuncias por amenazas de riesgo a mi integridad física. El hecho de que un excandidato presidencial hubiese tratado de negociar para contratar un grupo armado para matarme. El hecho de que yo haya participado en las acciones del Ministerio Público en el enjuiciamiento de tres expresidentes, una exvicepresidenta, de una gran cantidad de diputados, ministros de Estado, gente armada, Los Mendoza en Izabal, el grupo de seguridad que protegía a Juan Ortiz Chamalé… Con la situación que se vivía en Guatemala nada garantizaba mi vida. Ese es uno de los motivos de mi salida.

Sabemos que hay mucha gente que trabajó con FECI o CICIG cuya vida está en riesgo. ¿Teme por la vida de la gente que trabajó con usted?

Corren peligro de muerte. Si fuera por enfrentar procesos por supuestas anomalías, es evidente que Consuelo Porras tiene un grupo de personas que trata de implantar pruebas para procesar a la gente que es adversa a sus intereses. Me ocurre a mí, a Thelma Aldana, a los jueces de mayor riesgo, a Juan Francisco Solórzano Foppa, a Aníbal Argüello. No hay debido proceso y en los centros de detención lógicamente no van a ser bienvenidos porque el trabajo que realizaron tiene aún a varios acusados de graves casos de corrupción sujetos a proceso. En Guatemala han creado una situación de aparente legalidad, pero eso no implica que todas las acciones que estén realizando sean legítimas; esa es la gran diferencia con lo que ocurre en El Salvador: en Guatemala han creado formas que aparentan dar legalidad a sus actuaciones.

Cuando en 2019 el expresidente Morales saca a CICIG hubo condena internacional, pero usted se queda en FECI y entiendo que, aun con menos apoyo, siguió trabajando. ¿Qué cambió con la llegada de Giammattei?

En aquel tiempo yo serví de pieza de negociación de la fiscal general Consuelo Porras hacia la comunidad internacional para aparentar que había un esfuerzo continuado en la lucha contra la corrupción. Con el señor Giammattei es un tema de carácter; es una persona que no piensa en las instituciones y personalizó asuntos. Yo hace diez años tuve intervención en el proceso en el que él estuvo vinculado (ejecuciones extrajudiciales), pero era por el ejercicio de mis funciones como fiscal, no era una situación de índole personal. Por otro lado, entiendo que la FECI se convirtió en un obstáculo para él. La fiscal general realizó acciones, sobre todo desde el último semestre del año pasado, para proteger al presidente y a su círculo cercano en el sentido de detener cualquier investigación que pudiera avanzar hasta vincularlo; esa es la explicación de los movimientos que la fiscal hizo en la fiscalía anticorrupción: los fiscales que adelantaban investigaciones que podían involucrar al actual presidente fueron trasladados.

Tras la salida de CICIG y lo que vino después con FECI y las altas cortes se entendió que todo lo que hizo Consuelo Porras era parte de una inercia del sistema para acabar con el entramado anti-impunidad que se había creado. ¿Además de eso es también un intento explícito de proteger a Giammattei?

Es un intento de protegerlo, y tiene que ver también con que muchos de los actores involucrados quedaron evidenciados. Por ejemplo el tema de la manipulación en la elección de las cortes; el tema de una posible negociación ilícita para garantizar una directiva en el Congreso de la República; el hecho de que Gustavo Alejos haya sido nominado en la lista y él se haya acercado a la fiscalía; la información que existía de que Alejandro Sinibaldi posiblemente podría brindar información a la fiscalía. La FECI se convirtió en un estorbo completo para poder ellos garantizarse impunidad de sus actos.

¿De qué necesita más protección el presidente Giammattei?

La narrativa que se ha tratado de imponer es que en la FECI se estaba fraguando algo para sacarlo a él de la presidencia o algo que tendría que ver con temas sediciosos. De ninguna manera: nosotros investigábamos hechos que podían ser delictivos, pero la fiscal general le ha garantizado a él un blindaje. Hay varias situaciones en que eso se ha materializado. El año pasado llegó a la FECI una denuncia que interpuso el anterior presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); la investigación iba avanzando, pero en el momento en que la información podía determinar que el intento de remoción de Carlos Contreras  como presidente de la directiva venía de una actuación caprichosa del presidente de la República, la fiscal general, aparte de que trasladó el caso de fiscalía, intentó que se nos impusiera una sanción administrativa. Otra situación similar, que no se daría en una institución independiente, es cuando el presidente personaliza y ante un medio de prensa internacional cuestiona mi trabajo; en un país normal el MP hubiera salido en defensa de su trabajador o por lo menos pidiendo al presidente que respetara la independencia institucional. Hay un trabajo orquestado para deslegitimar el trabajo.

¿Se vive en Guatemala una forma de terrorismo de Estado?

Yo así lo pienso. En Guatemala, El Salvador y Honduras (Nicaragua nos lleva un poquito adelante) asumimos la década de los 90 con mucha esperanza, tratando de construir instituciones, pero lo que vemos hoy día es un completo irrespeto de las garantías para los operadores de justicia que realizamos investigaciones de grandes casos de corrupción, de casos que documentaron violaciones sistemáticas de derechos humanos. Nos han conducido por un sendero de retroceso en el que ya vamos llegando a los 80. ¿Cómo explica el gobernante que por lo menos 9 operadores de justicia estén en el exilio?

¿La esperanza que nació en 2015 con las manifestaciones masivas en contra de la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti está muerta?

Utilizaron viejas estrategias para atomizar a la sociedad; vincularon la lucha contra la corrupción con ideologías, lo que funcionó en otras épocas y hoy ha tenido muchos seguidores. Es un discurso que ha funcionado bien.

¿Cuál ha sido en todo esto el rol del empresariado tradicional de Guatemala?

Fueron los que pidieron perdón porque reconocían que habían cometido ilegalidades al financiar la campaña del expresidente Morales, pero también fueron ellos los que montaron el lobby anti-CICIG. Y son ellos quienes, en forma férrea a la fiscal general, quien ya ha sido sancionada por los Estados Unidos.

¿Qué ve en el futuro para Guatemala? ¿Hay marcha atrás?

No soy analista político ni logro predecir el futuro, lo que sí le puedo decir es que por más que traten de aniquilar cualquier esfuerzo que se hizo con CICIG, en el MP, que hicieron jueces valientes, organizaciones de sociedad civil, los graves crímenes de corrupción que cometieron fueron expuestos y la sociedad se quitó la venda de los ojos. Eso no lo van a poder borrar. Guatemala es una sociedad impune, pero también es una sociedad de resistencia, y eso me da esperanza.

¿Va a volver a Guatemala?

No sé cuántos años voy a tardar o si lo haré, pero desde donde esté voy a seguir trabajando por mi país.

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