Autoridades Maya Ch’orti’ y defensoras de la tierra, ligadas a proceso por su resistencia a la minera Cantera Los Manantiales

Por: Norma Sancir,Francisco Simón
País: Guatemala
4 octubre 2021
Fotografía: C-SAETAS

Tres integrantes del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, Chiquimula, una defensora y un defensor de derechos humanos fueron ligadas a proceso por el delito de detenciones ilegales, según resolvió el juzgado de Primera instancia de Chiquimula en una audiencia de primera declaración realizada el jueves 30 de septiembre.

La misma mañana se capturó a las autoridades indígenas María Méndez, de 53 años; Bernardino Pérez, de 65; y Juan Agustín de 82; y a los defensores de derechos humanos Santos Gerónimo Ramos Méndez de 28 y Rosa Margarita Pérez Canán, de 23. Aunque el Ministerio Público (MP) había acusado a las cinco personas de detenciones ilegales y robo agravado, el juez sólo aceptó el delito de detenciones ilegales.

Las cinco personas estarán con arresto domiciliario mientras transcurren los tres meses de investigación que el juez concedió al MP.

Detenciones con engaño

“Habían sido citadas para declarar sobre un caso ocurrido en la comunidad, se los llevaron a Chiquimula y fueron capturadas”, relató Francisco Zacarías del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa.

La orden de captura girada por el juez de Primera instancia Penal y Narcoactividad de turno, Juan José Regalado Rivas, del departamento de Chiquimula, indica que la captura fue por una denuncia de Odilio de Jesús Guzmán Salazar y su hijo Rony Leonardo Guzmán Guzmán, propietario de los terrenos donde se encuentra la minera Cantera los Manantiales y esposo de Guillermina Landaverri, propietaria de la licencia de operación de la minera.

En un comunicado de prensa del Consejo Indígena, informó sobre los hechos con los que ahora se criminalizan a las autoridades y defensores: “El 1 de julio de 2019 el señor Odilio Guzmán en provocación rompió una cadena de paso, destruyó una motocicleta, su personal de seguridad disparó en contra de las personas que se encontraban en resistencia pacífica contra la minería, y violentó físicamente a Irma Pacay autoridad indígena”.

Foto: C-SAETAS.

Por estos hechos se realizó la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la auxiliatura departamental del Procurador de Derechos Humanos (PDH). “Al lugar se presentó la PNC y al día siguiente se presentaron la delegación de la PDH”, informaron las autoridades indígenas.

Atentan contra los derechos de la niñez durante capturas

Las autoridades indígenas también denunciaron la forma en que fue separada Rosa María Pérez de sus dos hijas, de un 1 y 6 meses y 2. Las niñas también fueron trasladadas en una patrulla al municipio de Esquipulas y posteriormente a la comisaría 23 de Olopa, por la tarde fueron entregadas a familiares que llegaron a la comisaría en compañía de las autoridades indígenas.

Para la abogada Jovita Tzul, estos actos son una muestra de desconocimiento de las formas comunitarias de cuidado de la niñez y adolescencia. “Si hay un reconocimiento a las autoridades indígenas, debieron esperar a que llegaran para que entregaran a las niñas, aquí demostraron desconocimiento en este tema en particular”, dijo.

Según Nicolás Pacheco, experto en temas de niñez, la Ley de Protección Integral, indica que la PNC debe garantizar la seguridad integral de la niñez, “hay un desorden del sistema, en los protocolos para la respuesta inmediata en derechos de la niñez para eso se debe llamar a la Procuraduría General de La Nación PNG”, agregó.

En este contexto, el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, condenó que defensores de derechos humanos, que se oponen a la actividad minera Cantera los Manantiales, hayan sido capturados al momento de asistir a una audiencia judicial e informó que la auxiliatura en Chiquimula abrió expediente sobre las actuaciones de las entidades públicas responsables de los derechos de la niñez.

“Se verificará las acciones de la Procuraduría General de la Nación para garantizar el interés superior de la bebé. En coordinación con la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, está dando seguimiento al caso”, informó la PDH.

Criminalización defensores mineria violencia

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